El fiscal Guillermo Marijuan amplió este miércoles detalles acerca de las denuncias contra los piqueteros por supuestas extorsiones con las marchas y los planes sociales y puntualmente se refirió a la causa que está en sus manos sobre la baja de casi 3 mil Pensiones Universales para el Adulto Mayor (PUAM) con titulares viviendo en el exterior. Estas representaban para el Estado 500 millones de pesos cada mes.
“Todo lo que tiene que ver con detenciones es algo del proceso penal y tiene que ser valorado en la circunstancia en particular. Pero son delitos sumamente graves”, dijo en una entrevista con radio La Red.
En el caso de las pensiones, Marijuan explicó que hay 2.954 personas que ya no están en el país y que cobraban la PUAM igual. “Pedí la baja de manera inmediata. Hay un logro inmediato que es dar de baja estos beneficios. Representaban 500 millones de pesos mensuales“, precisó.
“Después hay 7.512 casos que están bajo observación, que es gente que entra y sale del país. Queremos ver y analizar con la gente de la Anses la situación, pero también podrían ser suspendidas”, anticipó Marijuan.
“Nosotros tenemos que procesar 3.000 causas porque cada beneficiario de esos que no están en el país van a ser denunciados”, aseguró el fiscal, a la vez que amplió: “Se les va a preguntar a los funcionarios públicos de Anses y los organismos que correspondan por qué no detectaron esto. Tiene que haber un cruce mes a mes de la base de datos de Anses, para determinar a las personas que cobraron o tramitaron su beneficio y se fueron del país, residen afuera”.
Además, les respondió a las argumentaciones de los dirigentes de las agrupaciones denunciadas por extorsión con los planes sociales, como el Polo Obrero, Barrios de Pie y Frente de Organizaciones en Lucha, quienes hablaron de “persecución política”.
“Siempre vienen con esta argumentación, pero hay cientos de personas. Mi unidad tomó conocimiento a propósito de los llamados que no son inventos, hay gente que se la cita, pone el DNI y ratifica lo que dijeron”, agregó.
Marijuan explicó que este tipo de situaciones irregulares se repiten desde 2001.
“Hay miles de llamadas, que algunas lamentablemente se tienen que descartar porque la persona no se ha identificado, pero hay una inmensa mayoría, como las que está trabajando el doctor (Gerardo) Pollicita y otras que están en manos de otros fiscales en el interior del país, que la persona está claramente identificada y se manifiesta respecto de una extorsión o algún otro tipo de delito”, recalcó el funcionario judicial.
El fiscal dijo que “tiene que haber un control de los escasos recursos del Estado para evitar ese despilfarro de dinero. Con (Sandra) Pettovello -la ministra de Capital Humano- me he reunido apenas asumió. Noté una particular preocupación porque se advirtieron los fraudes que se estaban cometiendo y sé que están trabajando”.
Seguí leyendo:
