En un contexto económico complejo, en el que la Nación aplicó recortes a la obra pública, el Gobierno provincial se propuso continuar con los trabajos en ejecución y además avanzar en proyectos hídricos en pos de concretar una “revolución del agua y la energía”, como anunció Alfredo Cornejo durante su asunción.
Para tal tarea, el gobernador eligió como subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial a María Teresa Badui, quien llegó al cargo tras desempeñarse como jefa de Gabinete en el Departamento General de Irrigación (DGI). Además es profesora en la UNCuyo y ha trabajado como consultora de organismos internacionales como el BID, BIRF, FAO, CAF, entre otros.
Bajo su ala tendrá que gestionar el profundo deficit de vivienda que se acarrea desde hace años en Mendoza, por lo que cuenta en esta entrevista a Los Andes, sus planes para la subsecretaría que conduce y particularmente para el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) que deberá supervisar. Asegura que la Nación le debe una deuda importante por el FoNaVi y también descarta que la licitación por el dique El Baqueano se dé en un corto plazo.
- ¿Cuál es el plan de la Subsecretaría de Infraestructura este año, teniendo en cuenta el condicionamiento económico fuerte que hay para obras?
En este contexto macroeconómico, donde la inflación incide en los precios de la construcción, el plan en lo inmediato es mantener la obra pública en ejecución. Esto incluye a Aysam, la Dirección Provincial de Vialidad y el IPV. Otras provincias han hecho paralización de la misma y nosotros estamos haciendo el esfuerzo conjunto con las empresas de poder continuar por todo lo que implica. Esto, en el cortísimo plazo, en función de la coyuntura.
A mediano plazo, a medida que se modifique esa coyuntura, avanzamos en la formulación propia de los proyectos que se incluyen en los planes de obras habituales de todos estos organismos, que generalmente entran con presupuesto provincial. Seguimos en el camino de identificación de financiamiento con los multilaterales, donde creemos que va a haber una oportunidad de trabajo.
Por otro lado, tenemos la preparación de los proyectos que puedan estar financiados a través del Fondo de Resarcimiento. Como dijo el Gobernador en su discurso de asunción, proyectos sobre agua y la energía. Estamos con el análisis pormenorizado, para dimensionar su planificación y repasar el estatus actual. Y analizar los esquemas de participación público-privado como también los mecanismos de repago, porque lo importante es que tenga su recupero. Estos son los que podrían financiarse con los U$D 1023 millones de Portezuelo del Viento.
- ¿El llamado a licitación de El Baqueano se retrasará por este contexto entonces? ¿Es un plan a poner en marcha en mediano plazo?
El Baqueano está dentro de esa cartera de proyectos. Lo que pasa es que era una obra comprendida 100% por el Estado provincial y lo que se está buscando es la participación público-privado para conseguir ese refinanciamiento. 1023 millones de dólares no pueden dar vuelta la página por sí solos, de hecho una obra podría consumirse la mitad. Todo lo que implica estos proyectos que pueden ser financiamientos del Fondo de Resarcimiento son a mediano plazo. En primer lugar porque se debe terminar de recibir ese dinero, aunque haya pasos que se estén llevando adelante mientras tanto.
- La licitación no se va a lanzar en el corto plazo entonces...
Estamos estudiando cuales son los esquemas más saludables de participación para hacer un uso óptimo del fondo.
- El Gobernador dijo que quería darle otro perfil al IPV, ¿cuál va a ser el que tendrá con la designación de Gustavo Cantero?
Lo que nosotros vemos es que hay una necesidad de mejora de procesos, que no es menor y aveces parece marginal, pero que hace a la agilidad de los organismos y poder dar respuesta a una demanda que siempre va a ser creciente. Un eje de trabajo tiene que ver con la mejora de esto, que hace a la eficiencia del gasto. Hacer lo que se haga falta, pero bien.
La otra cuestión es busca esquemas más sostenibles de refinanciamiento, que permitan no romper la equidad inter generacional. En ese sentido nosotros tenemos un promedio de devolución de las cuotas de 360 meses. En algunos casos cuando es participación público-privada son de 240 meses. Son cuotas que se van ajustando con el coeficiente de variación salarial, pero a la vez tienen un tope. El gobernador ha sido claro: no se puede aumentar la cuota. Si no mejora la macroeconomía, los salarios seguirán siendo despreciados. Se deben rever estos esquemas tradicionales de repago y tener alguna flexibilidad en base a las demandas y los perfiles.
Hubo convocatorias, como lo que fue IPV Mi Casa, que tuvo una alta demanda. Unas 56 mil personas se anotaron y el cupo era para 2 mil. Hay un nicho de identificación que hay que trabajar y ver cuáles son las alternativas que ese segmento en particular tiene. El Mendoza Activa también dejó demostrado que muchas personas con distintos mecanismos de incentivo, poner ese dinero en la inversión pública y la mejora habitacional en particular. El segundo eje tiene que ver con esto.
Y un tercer eje tiene que ver con los modelos constructivos y eso implica revisar esquemas de contratación, siguiendo los marcos legales vigentes y la licitación pública o los concursos. Mecanismos de construcción de más rápida ejecución también es una ganancia para el Estado.
- Mencionó el plazo de cuotas, ¿hay una alta morosidad o buen cumplimiento?
Para dimensionar, tenemos 35.308 créditos dados. De ese número el 57%, es decir 20.218 están en la condición de morosos. Y 15.090, que son el 43%, están al día. Los morosos nos representan $3.790 millones al mes de diciembre. Por ejemplo, tomando como referencia noviembre, un mes de certificación con todas las obras que tenemos en ejecución en el IPV, estuvo en el orden de los $4.500 millones. Obviamente la certificación en diciembre y enero ha caído por todo el tema de precios. Si todos los morosos se pusieran al día, nos alcanza para un mes de certificación de obra, lo que equivale en razón entre 80 o 100 casos. Esa retracción que tiene este esquema, que entendemos no se puede aumentar en demasía, nos pone en esa dimensión.
- ¿Cuál es el promedio de una cuota?
Hay cuotas que van desde 500 pesos a $33 mil, en términos generales. En los morosos específicamente el intervalo de cuotas está entre 500 y 5 mil pesos. Claramente han quedado desfasadas. Hay una cuestión de retraso muy grande.
- ¿Si bien no se puede establecer un esquema muy alto, en las cuotas más bajas habrá una actualización?
Estamos revisando los mecanismos de actualización que permite la ley, sin que sea un perjuicio para el adjudicatario, porque está claro que las cuotas han quedado muy retrasadas.
- El IPV había informado que este año no iban a haber licitaciones nuevas y quedaban unas 994 en ese proceso…
El presupuesto 2024 se ha previsto para la continuación de obras. Esa fue la primera medida. En total lo que está en ejecución, tanto a nivel de casas y mejoramientos, son 5309 que se componen de 3556 casas y 1753 mejoramientos. Eso es lo que nosotros estamos gestionando hoy y corresponde a 167 proyectos.
En este contexto, ante la variación de precios, con cada certificado hay que pagar el básico más su redeterminación, que va contra la fecha firmada de contrato. Obviamente no sale lo mismo que las partidas previstas. Tenemos que hacer las modificaciones en el marco del presupuesto acordado.
- ¿Esas 3.556 casas se llegarán a terminar este año o una parte indefectiblemente continuará el año que viene?
En general estos proyectos tienen plazos de ejecución 12 meses, a lo sumo 14 o 16. Nuestra intención es que se termine. Hay casas que se han ralentizado su proceso de ejecución y en función de esto se verá si se puede adelantar o si seguirá atrasando. Nosotros hemos acordado con las cámaras, con mucho esfuerzo, que la obra se pague a los 60 días que dice la ley. Reconocemos que obviamente no alcanza, pero estamos haciendo el esfuerzo para pagar parte de un certificado a los 30 días que se emite. Este flujo, con un esquema de pagos semanales, ha sido aceptado por las empresas. Estas 3.500 viviendas tienen distintos porcentajes de ejecución, algunas están por encima del 70% y otras están por el 40%. Mientras que algunas están al 20% y su ritmo de certificación está cayendo. Hay que ver que pueden hacer las empresas para poder levantar la curva, en el marco de estas condiciones nuevas de pago.
- ¿Algunas de estas casas que se construyen podrán ser destinadas a las 210 familias que hay que relocalizar por las obras del Metrotranvía en Las Heras?
Es importante dimensionar los procesos de congelamiento social que se hacen con esas zonas a intervenir. Se trata la primera línea de relevamiento, después se hace un análisis muy pormenorizado familia por familia por medio del equipo social del IPV. Y luego se va pensando en la solución. Hay que analizar sí esas personas no están inhibidas o tienen titularidad de otros terrenos. Es un proceso complejo como ocurrió con la Ruta 82. Las 3.500 casas responden a proyectos en ejecución que tiene el IPV y no están considerados en ese proceso de congelamiento, si bien hay que cumplir con la relocalización.
- En el marco de este recorte de la Nación, ¿Mendoza está recibiendo el dinero del Fonavi?
Hemos enviado lo que nos debe Nación por distintos programas del 2023, donde la Provincia adelantó esos fondos, pero por la situación necesitamos hacernos nuevamente. En el proceso de cambios de firmas y circuitos nos está afectando. Actualmente nos deben más de $1500 millones por el IPV.
- Entonces el IPV terminó funcionando 100% con fondos provinciales…
Para no paralizar las obras se atendió con esos fondos, pero hoy por hoy no se puede continuar porque la caja está sufriendo lo mismo en todos los casos.
Obras
- En el caso de la Ruta 82, ¿cuándo aspiran a concluir el tramo 2 que se está ejecutando e iniciar el 3 hasta Cacheuta?
El tramo 2 ha tenido una ampliación de plazos y ahora la obra está en un 70%. Lo que pasa es que no se termina de dimensionar porque falta el asfaltado, que hace a la visión del usuario. Obviamente estamos en discusión con los índices actuales, si reflejan el valor que realmente valen. Estimamos que en septiembre podría terminarse.
- ¿Qué obras de salud son las que interesan terminar este año?
La guardia del hospital Shestakow, que tiene dos etapas, esperamos terminarlas en marzo o abril. Lo mismo que el Enfermeros Argentinos en Alvear. El Lencinas va a tener continuidad durante todo el 2024, es una obra muy grande. Después el hospital Saporiti de Rivadavia seguirá en ejecución, es un proyecto de ampliación. Y tenemos una remodelación de un centro de salud en Junín, que tiene una guardia que se terminará en 30 días.
- ¿El hospital Arturo Illia de La Paz en qué situación quedó?
La primera etapa del hospital está pronta a finalizarse. Estamos con algunos ajustes finales de contrato. Está previsto si todo va bien, que en marzo se pueda finalizar y planificar la segunda etapa. Es una obra que viene desde hace mucho tiempo y tuvo muchas contingencias.
- ¿Está previsto en el mediano plazo que habló anteriormente relanzar la licitación del hospital de Luján?
Tanto el hospital de Luján, como el resto de las obras que quedaron prontas a licitarse, la voluntad es poder realizarlas en la medida que el contexto lo permita y como les hemos dicho a las empresas, poder cumplir la palabra empeñada. Primero tenemos la responsabilidad inmediata de pagar lo que está en ejecución y no parar la obra pública. Todo lo que tenemos a nivel licitación lo validamos con los organismos correspondientes. En este caso con el Ministerio de Salud y lo estamos revisando en conjunto, para ver qué prioridad tiene cada proyecto.
- En cuánto a Educación ¿se puede hablar de más escuelas en mediano plazo?
Es una de las prioridades políticas la construcción de escuelas, como ha manifestado el gobernador y el ministro García Zalazar. Tenemos jardines en ejecución y estamos esperando para poder lanzar más proyectos a medida que se mejore la economía. Infraestructura escolar lleva adelante un importante trabajo de reparación y mantenimiento actualmente.
