La historia de vida de la directora de Derechos Humanos de Mendoza, Luz Faingold, está cruzada de lleno por el exjuez Otilio Romano, quien murió anoche cuando cumplía prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad en su domicilio de Godoy Cruz.
La funcionaria fue víctima de un secuestro ilegal cuando tenía apenas 17 años y en el megajuicio de 2017 llevado a cabo contra los exjueces Romano, Luis Miret, Guillermo Petra y Evaristo Carrizo, aportó un testimonio clave para revelar la complicidad judicial con el aparato represivo de los años 70.
A Faingold, la Policía de Mendoza la detuvo de forma ilegal en agosto del año 1975, por el simple hecho de ir a buscar a una casa a su novio (estudiante de Medicina de 19 años), que militaba en una organización de izquierda y se encontraba reunido con otros compañeros.
Los efectivos arrestaron a todos los presentes y a ella la trasladaron al centro clandestino D2, donde permaneció secuestrada durante una semana y sufrió abusos y torturas. Allí conoció a Romano (en ese entonces fiscal federal), quien procedió a llevarla a declarar ante el juez Miret y pidió mantenerla presa. En esa audiencia sufrió maltratos de ambos y Faingold denunció las vejaciones que había padecido. Los hechos fueron ignorados por completo.
En consecuencia le negaron la libertad y la derivaron a la DINAF, dónde permaneció 15 días más, hasta que finalmente la Cámara Nacional de Apelaciones la devolvió con sus padres.
Pero la pesadilla no terminó ahí para la joven Luz. En marzo de 1976, días antes del golpe de Estado, debió exiliarse de forma urgente en Uruguay, para no ser detenida de nuevo, tras un violento allanamiento arbitrario de militares en su casa. Ya durante la dictadura, otra vez Romano y Miret reaparecieron para pedir su extradición. Algo que finalmente no se concretó porque la justicia uruguaya entendió que el “delito” lo había cometido siendo menor.
Cabe resaltar que, mientras aguardaba la resolución de la extradición, estuvo un mes arrestada y al igual que en Argentina, la obligaron a retirarse de Uruguay. Posteriormente pidió asilo político a través del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Brasil y luego partió hacia Francia, dónde continuó su vida hasta que nuestro país recuperó la democracia y decidió volver.
En ese marco, hoy la funcionaria compartió su reflexión por el fallecimiento de Romano: “La muerte no lo hace mejor persona. Todos llegamos a esto en alguna circunstancia. Lo que lamento es que él no hay dicho todo lo que tenía para contar”.
“Al tener tantos años el poder en el Juzgado federal, podría haber contado muchas cosas sobre los desaparecidos y la gente secuestrada. Quizá hasta sabía dónde están enterrados. Eso es lo que lamento. Que se vayan sin arrepentirse, sin pedir perdón y sobre todo sin contar dónde están”, sostuvo.
Y aseguró que Romano “estaba en prisión domiciliaria, lo cual correspondía. Yo nunca pedí cárcel común, sino lo que realmente merecía, como toda persona que cumple 70 años. No tengo nada para decir sobre eso”.
“Tuve la posibilidad de denunciarlo en el Consejo de la Magistratura junto a otras personas que habían sido víctimas de él y de Miret. Luego, al empezar el juicio sobre delitos de lesa humanidad pude contar todo lo que nos había sucedido y la complicidad de ellos con la patota del D2, que fue terrible. Porque eran asesinos y violadores. De lo peor”, comentó Faingold.
“Miret y Romano no hicieron nada pese a todas las torturas que recibí en el D2. No me protegieron como adolescente, para nada. No quisieron investigar los abusos que sufrí. Al contrario, no me devolvieron a la casa de mis padres y dijeron que a pesar de mí corta edad, era una peligrosa delincuente subversiva. Fueron cómplices”, sentenció la directora de DDHH.
El accionar de Romano
La abogada Viviana Beigel fue querellante durante el juicio que inició en 2014 y culminó en 2017 con la condena a prisión perpetua de Romano por delitos de lesa humanidad en más de cien hechos.
En diálogo con este medio, explicó como actuaba el juez en los años más oscuros de nuestra provincia: “En el caso específico de Romano, como fiscal federal en su momento, se lo investigó en la comisión de delitos de lesa humanidad y en la omisión de investigación de los crímenes que se estaban denunciando a la justicia federal. Ya que no se realizaba ningún tipo de acciones en relación tanto a las desapariciones forzadas que las familias estaban denunciando ante la Justicia, como respecto de los demás delitos: las torturas, las violaciones, los allanamientos ilegales, los robos, la apropiación de las nietas que después fueron recuperadas en la provincia de Mendoza”, comentó.
La abogada dijo que Romano durante los años 1974 y 1975 (cuando detienen a Faingold), acusaba a personas que militaban en organizaciones de izquierda a partir de la denominada Ley Antisubversiva.
“Romano impulsaba expedientes, se hacían allanamientos y se secuestraban personas que eran llevadas a centros clandestinos de detención”, señaló Beigel. Luego el fiscal tomaba declaraciones de las personas torturadas como válidas y las utilizaba en la acusación en el proceso penal. “Obviamente estas personas permanecían en prisión a partir de estas pruebas que eran totalmente ilegales”, agregó.
En tanto, durante la dictadura cuando familiares de las personas desaparecidas iban a denunciar a la justicia federal a través de los hábeas corpus, estos no se investigaban. “Lo que hacían era simplemente colocarle un sello de archivo provisorio y la causa quedaba absolutamente paralizada. Con eso garantizaban la impunidad de los crímenes”, sostuvo la abogada. Entonces se generaba una “zona liberada jurisdiccional” para cometer todo tipo de delitos por parte de las fuerzas del Estado.
Por otro lado, Beigel recordó que el juicio fue “histórico” a nivel mundial, ya que solamente había un antecedente similar en Alemania con el juzgamiento a la justicia nazi. “Los jueces fueron la pata civil de la dictadura. La condena a prisión perpetua fue una acción reparatoria total para las víctimas porque se determinó que tuvieron un rol fundamental en la comisión de crímenes de lesa humanidad”, argumentó.
Este medio se comunicó también con el juez Omar Palermo y con el fiscal Dante Vega, que fueron protagonistas como fiscales en ese juicio, y no quisieron dar declaraciones por respeto al luto de los familiares de Romano.
Al respecto, Beigel manifestó: “Romano es una persona como cualquier otra, su fallecimiento va a producir dolor en su familia. A nosotros no nos produce ningún tipo de alegría, ni nada por el estilo. Lo que sí creemos es que ha cumplido con la condena, desde el momento en que la dictaron, transitando distintas formas de detención. No buscamos venganza, siempre justicia”.
