El fallo de la Corte Suprema de Justicia que estableció el cese de las funciones de la jueza próxima al kirchnerismo Ana María Figueroa tensó las relaciones entre el máximo tribunal y el Ejecutivo. Es que la jefatura de Gabinete ahora demora el envío de partidas para pagar los aumentos salariales al Poder Judicial.
Luego de que los ministros de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti le pidieran al jefe de Gabinete Agustín Rossi a través de una carta “una urgente respuesta” el envío de fondos para afrontar el pago del aumento salarial del 6,5%, el Gobierno nacional confirmó que no enviará más recursos.
El encargado de responderle al máximo tribunal fue Rossi, quien le contestó a los jueces que los fondos surjan de recursos ya asignados o fondos propios.
“Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con relación a la nota con fecha 6 de septiembre del presente año, en la que se reitera el pedido de modificación de las partidas presupuestarias vigentes y la disposición de los recursos financieros necesarios, a efectos de otorgar un seis y medio por ciento (6,5%) de incremento salarial a partir del 01 de julio de 2023 para todas las categorías del escalafón del Poder Judicial de la Nación”, detalló en la respuesta Rossi.
“Tal como le manifestara en mi nota de fecha 31 de mayo pasado dando respuesta al oficio 117/2023, la crítica situación de disponibilidad de recursos financieros del Tesoro Nacional debido al contexto mundial y macroeconómico local imperante, ha requerido, en primer lugar, que cada Jurisdicción atienda sus necesidades con sus propios recursos disponibles. Por ello, en diversas ocasiones, esta jefatura ha solicitado que los requerimientos de incremento presupuestario que realice su jurisdicción sean con fuente de financiamiento 13 – Recursos con afectación específica”, agregó.
El funcionario agregó que “los recursos que refiere la Ley N° 23.853 de autarquía del Poder Judicial, tienen reflejo presupuestario en la Fuente de Financiamiento 13- Recursos con Afectación Específica, conformados por el 3,5% de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración Central más los recursos específicos propios del citado Poder (artículos 2º y 3º)”. Y resaltó que “la buena administración indica que la jurisdicción debe solventarse con sus propios recursos, definiendo aumentos salariales acordes a la estimación de recursos correspondiente”.
El funcionario, candidato a vicepresidente por el Frente Todos, destacó: “Cabe señalar que el Poder Ejecutivo ha realizado esfuerzos presupuestarios y financieros a los fines ayudar al gobierno del Poder Judicial en cabeza de la Corte Suprema de la Nación al pago de salarios y ha asistido durante el presente ejercicio al Poder Judicial asignando crédito para Gastos en Personal con Fuente 11 – Tesoro Nacional en la DA 356/2023 y en el DNU 436/2023 por un total de $10.000 millones”.
El pedido de fondos de la Corte Suprema
Según el oficio, la demora en la respuesta “compromete la independencia del Poder Judicial” y “amenaza el normal funcionamiento del servicio de Justicia”.
Según lo señaló TN, fuentes de Tribunales confirmaron el contenido de la carta aunque aseguró que se trata de una “formalidad”. Según explican, la partida ya está asignada y el pedido de la Corte es apenas un paso burocrático para que se active la transferencia. Sin embargo, el pedido actual ya había sido enviado el pasado 29 de agosto, sin respuesta del Gobierno. Es por eso que en las últimas horas se volvió a insistir con otro documento.
Más allá de la mala relación entre el Gobierno y la Corte Suprema, muchos especulan con que la demora en el envío de fondos sea una estrategia del oficialismo para forzar nuevos paros en el Poder Judicial.
De seguir demorándose el trámite, el conflicto podría escalar y algunos ya especulan con que la Corte pueda denunciar a Rossi por incumplimiento de deberes de funcionario público.
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