La diputada libertaria Lourdes Arrieta, que está desde hace algunas semanas envuelta en un escándalo político por una visita junto a otros diputados a la Cárcel de Ezeiza para visitar a represores de la última dictadura militar, reveló en redes sociales este domingo a la noche un proyecto de ley y un decreto reglamentario que fueron supuestamente elaborados por un grupo de libertarios que la había convocado a esta visita, con el presunto fin de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad.
Arrieta expuso, en hilos de tuits que ha estado publicando este fin de semana, que la abogada Laura Olea compartió en el grupo documentos en los que detallaba medidas para imponer un “plazo razonable de los procesos y modificar la Ley de Ejecución Penal, el Código Penal y Procesal”.
También el cura Ravasi envió un decreto reglamentario que permitiría incluir a las causas de lesa humanidad dentro del régimen.
“El proyecto tiene como finalidad obligar a los jueces a conceder la prisión domiciliaria manifestando que ‘los que están en cárceles irían a domicilio y muchos obtendrían la libertad’”, expresó Arrieta.
En esta nueva publicación, Arrieta mostró una iniciativa que tituló como “Proyecto Plazo Razonable” que en su primer artículo propone: “Incorpórase el inciso 8 del artículo 59 del Código Penal Argentino, ley 11.179, que quedará redactado de la siguiente manera: ‘8) Transcurridos veinte años desde que el Estado haya tomado conocimiento, mediante acto procesal, de la comisión de un delito, y no se hubiere arribado en ese lapso a una sentencia judicial firme respecto del mismo’”.
Entre las justificaciones, se establece que “constituye el máximo razonable de duración de un proceso por el que la garantía establecida en la doctrina de nuestros tribunales” y que, además, “supera el que hasta la fecha surge de la jurisprudencia nacional e internacional”.
Por otro lado, el “Decreto Reglamentario” que Arrieta adjuntó en el último de sus hilos, “se fija en 25 años el plazo máximo de duración de un proceso penal” y se aclara que “vencido el mismo, operará la extinción por insubsistencia de la acción” penal.
“El término deberá ser contado desde la fecha de comisión del delito y su cómputo se verá interrumpido en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres poderes”, amplía el primer apartado.
El segundo artículo del decreto proyectado aclara, en tanto, que “la garantía no operará en favor de las personas que se encuentren prófugas de la Justicia o hayan sido declaradas rebeldes en los procesos de que se trate al momento de la sanción de la presente”.
Recordemos que la diputada nacional Arrieta involucró a varios de sus pares en la coordinación de la visita a represores en el Penal de Ezeiza.
“No más impunidad”, se tituló en su extenso descargo en redes sociales en el que involucra a varios legisladores y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
“No más impunidad. Como dijo el presidente Javier Milei es hora de que se sepa la verdad sobre quién autorizó y cuál era el verdadero motivo de la visita a los Genocidas. Además de contarles el papel que jugó el padre Ravasi y sus links con diputados, abogados y jueces”, planteó en su cuenta de X.
En el descargo, la diputada detalló la creación de varios grupos de WhatsApp para avanzar en medidas que beneficiaran a militares condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar de 1976, luego de que la Cámara de Casación anulara las libertades condicionales a Horacio Losito y Rafael Barreiro, y la excarcelación de Juan Carlos Rolón.
Según describe en dos extensos hilos, “todo se inició con un grupo de WhatsApp que se creó en febrero y se llamó ‘Comida informal con el Padre Javier’, con una foto de perfil del libro “El Pacto”, comenzó a explicar Arrieta.
En la misma línea, continuó y enumeró diputados: “Me agregó el propio Ravasi el 23 de febrero y me dio la bienvenida. Entré porque en ese grupo ya estaban muchos de mis colegas que hoy fingen demencia: Lemoine, Ponce, Orozco, Mayoraz, Santurio, Benedit, Ferreyra y Araujo”.
En el marco del intercambio virtual, el cura convocó a una “reunión informal y reservada por tema proyecto milit” que se habría realizado el 14 de marzo en la calle Montevideo 871, en la Ciudad de Buenos Aires, y solicitó que los asistentes confirmaran asistencia.
Al pedido, respondieron asegurando su presencia los diputados Alida Ferreyra, Beltrán Benedit, Celeste Ponce, Carlos Zapata, los abogados Laura Olea, Ricardo Saint Jean y el ex juez de Casación Eduardo Riggi. Si bien Arrieta aceptó la invitación, no asistió, pero aportó información sobre la llegada de Olea, Sain Jean, Alida Ferreyra, María Emilia Orozco, Santiago Santurio y Guillermo Montenegro.
