Un combo de situaciones sin resolver, mantiene el panorama intocable en las cárceles de Mendoza. Es que el retiro de celulares a los presos quedó demorado por un enfrentamiento de criterios entre el juez Sebastián Sarmiento y el Ministerio Público Fiscal. Y a la par, la instalación de inhibidores de señal no avanza, a siete meses de haber sido anunciado como promesa por el exgobernador Rodolfo Suárez.
El juez Sarmiento determinó el pasado miércoles 10 de enero ponerle fin a la “emergencia sanitaria” que fundamentaba la tenencia de teléfonos móviles para los internos, con una resolución que incluyó una serie de pautas para llevar adelante y el Ministerio Público Fiscal, a través del Fiscal Adjunto en lo Penal Fernando Guzzo, respondió con una apelación.
Entonces todo quedó como estaba hasta esa fecha: los presos continúan con sus celulares y se mantendrá de esta manera hasta que uno de los dos tribunales penales colegiados recoja el recurso, sortee los tres magistrados a cargo y ahí tomen una decisión.
Fuentes judiciales cercanas al caso creen que la semana que viene podría haber, al menos sorteo. Mientras que otros lo descartan y estiman que el nudo recién se desatará en febrero. A la vez, se espera que alguna de las dos partes apele ante la Suprema Corte de Justicia sí hay un fallo de segunda instancia desfavorable. Por lo que el asunto da para rato.
El principal reclamo del fiscal Guzzo consistía en el periodo para el retiro de los teléfonos. En la vista que le dio al juez Sarmiento para su resolución solicitó, junto al Servicio Penitenciario, que dentro de los treinta (30) días y progresivamente se arbitren los medios para retirar los teléfonos celulares de los complejos penitenciarios de la Provincia.
En el informe presentado ante Sarmiento, el MPF hizo referencia a tres tipos de modalidades delictivas que transcurren con el poder de los celulares en manos de los internos y el riesgo que representa demorar el procedimiento: publicaciones en redes sociales para compra y venta de artículos; compra de teléfonos con comprobantes apócrifos y denuncias online con fines extorsivos.
Sin embargo, el juez decidió que el proceso de entrega de parte de los detenidos, su depósito y su correspondiente entrega a los referentes familiares o titulares de dichos equipos, “va insumir un tiempo muy considerable, y se deben organizar un mecanismo adecuado y que cumpla parámetros de seguimiento y trazabilidad, teniendo en cuenta el valor que tienen dichos equipos”.
Entonces resolvió que el retiro de los equipos telefónicos móviles deberá ser realizado de manera gradual en un plazo no inferior a los seis meses, estableciendo un mecanismo de “trazabilidad y seguimiento adecuado”, para permitir a los familiares de las personas privadas de la libertad, retirar dichos equipos del ámbito penitenciario.
Además, sumó como condición que “sólo se podrá disponer el retiro de los equipos telefónicos celulares, en los sectores de alojamiento, donde se encuentre instalado y en condiciones operativas un sistema de Telefonía pública en los términos del art. 2° de la resolución 1122/98 (Reglamento de Telefonía Pública), debiendo garantizar al menos un equipo por cada pabellón, ala, o sector de cada establecimiento carcelario”.
Por último, solicitó que se debe instalar en cada establecimiento carcelario, de manera complementaria a los sistemas de telefonía pública, equipos para videollamadas, videoconferencia y/o plataformas de comunicación, destinadas para el contacto en situaciones de emergencia familiar y el contacto de los detenidos con sus defensores y asesores jurídicos, en una proporción mínima de un equipo cada doscientas personas detenidas.
La promesa de los inhibidores
En 15 de junio de 2023, el por entonces mandatario provincial Rodolfo Suárez anunció que se iban a instalar inhibidores de señal para teléfonos celulares en las cárceles de Mendoza, con el penal de Almafuerte II como sitio de prueba.
Se trató de una promesa de campaña tomada por Alfredo Cornejo de parte de su excompetidor interno y actual ministro de Defensa, Luis Petri. Sin embargo, aún no se registran avances concretos, más allá del asesoramiento que está teniendo el Ministerio de Seguridad y Justicia con la empresa estatal Invap, encargada de la evaluación para su instalación.
En diciembre pasado la ministra Mercedes Rus le informó a Los Andes que la empresa les presentó un estudio de prefactibilidad y trabajaban en un convenio marco definitivo, pero aún no se concluye. “No se hace tan rápido”, lamentaron desde la cartera este viernes.
A esto hay que sumarle la dificultad que representa la instalación de inhibidores de señal en los penales de Bolougne Sur Mer y San Felipe de Ciudad, dónde se alojan 2.910 internos en total (la mitad de los detenidos en toda la provincia). Por el alcance de las antenas, podría ocasionar el bloqueo de la señal no solo para el servicio penitenciario, sino también para el Polo Judicial y las viviendas cercanas de la Sexta Sección.
“El estudio de prefactibilidad descartó algunas cosas. En Boulogne Sur Mer y San Felipe es casi imposible”, admitió la ministra Rus. Incluso representa riesgos para la misma instalación en los penales de Almafuerte por la afectación para los agentes de seguridad y es un tema que aún queda por resolver. De este modo, la promesa de campaña sigue trabada.
