En el debate por la modificación en la distribución de causas que entran en la Suprema Corte, surgieron datos más que interesantes: uno es que no todos los plenarios terminan en “mayoría automática radical”, aunque si hay casos que marcan la grieta judicial como el de la inconstitucionalidad de la enmienda constitucional que limitó las reelecciones de los intendentes; el otro dato es la llamativa cantidad de causas que ingresa en la sala dos de la Corte.
Para entrar en tema hay que entender cómo es la “división del trabajo” en ese tribunal. Son siete miembros que se reparten la tarea en tres salas, sólo dos de ellas, de tres miembros cada una, ejercen “funciones jurisdiccionales”, es decir emiten sentencias; la tercera sala es administrativa.
Es decir, de siete ministros, sólo seis redactan fallos, y el presidente del tribunal es el dueño de la birome y que decide en el reparto de recursos y nombramientos, con el “aval” de los presidentes de las salas 1 y 2, en estás últimas ese cargo es rotativo.
Hay un reparto de causas “originaria”: la sala 1 se queda con las causas civiles y de familia que llegan a la Corte en recurso extraordinario para revisar sentencias de tribunales inferiores de esos fueros; la dos recibe los expedientes laborales y penales para revisión.
El ingreso de causas civiles y de familia en la sala 1, a lo largo de los años tiene altas y bajas no tan pronunciadas (en 2001 entraron 324 expedientes, en 2021 los reclamos fueron 470).
En la sala 2, el ingreso es mayor. Del fuero laboral, en 2001 ingresaron a 435, en 2018 hay un pico de 1.126 causas y bajan a 835 en 2021, casi el doble que 20 años antes. En el penal, las causas se triplicaron si comparamos entre los ingresos de 2001 (127 expedientes) y 2021 (362).
Esta división se funda en la mentada especialización que defienden quienes quieren mantener la actual división del trabajo, pero en los hechos hay dos penalistas en la sala 2 de la Corte (José Valerio y Omar Palermo) y un laboralista (Mario Adaro) y los tres resuelven casos penales y laborales, mientras que en la sala 1 hay dos civilistas (Pedro Llorente y Julio Gómez) y una “penalista” (Teresa Day, antes de ser suprema era la coordinadora del Ministerio Público Fiscal, así que podría decirse que su especialidad es lo penal). No hay en la Corte un especialista en derecho de familia.
Otro detalle interesante es que el único especialista en derecho administrativo es el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, sin embargo, no interviene en las acciones procesales administrativas, salvo que el Tribunal se constituya en plenario para alguna causa excepcional.
Acá entramos en la “elección” de salas. Hay causas que van directamente a la Corte, no pasan por tribunales inferiores: las acciones procesales administrativas y las inconstitucionalidades. Las presentaciones que los abogados hacen del 1 al 15 de cada mes van a la sala 1, las que se hacen del 16 al 30 (o 31), van a la sala 2.
Con la salida de Alejandro Pérez Hualde en 2018 y la llegada de Dalmiro Garay en su reemplazo, la “elección de salas” se volvió notoria, por afinidades políticas y la chance de lograr un fallo en el que perdiera la Administración Pública. En la sala 1 revistaban dos supremos nombrados por el radicalismo (Llorente y Garay) y el nombrado por el PJ (Gómez); en la sala 2, dos que llegaron en gobiernos peronistas (Adaro y Palermo) y uno en gestión radical (Valerio).
En 2018 ingresaron 134 acciones procesales administrativas o inconstitucionalidades en la sala 1; mientras que en la sala 2, se presentaron 170; en 2019 la uno recibió 146, mientras que la dos fue “elegida” para 376 recursos; en 2020, 108 fueron a la uno y 184 a la dos; en 2021, llegaron 79 a la uno, mientras que 177 se presentaron en la dos. En lo que va de 2022, llegaron 53 a la uno y 101 a la dos.
Un dato: en 2020 renunció el entonces presidente Nanclares y llegó Teresa Day, quien llegó a la sala 1, mientras que Garay dejó la sala, para ocupar la presidencia de la Corte.
Los “temidos plenarios”
El proyecto de reforma de la Corte indica en el artículo 6 que siempre será facultad del pleno y no de una sala en particular, intervenir en los conflictos entre poderes, las acciones de inconstitucionalidad y las acciones colectivas.
En los números que ventiló el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, se indica que de 12 fallos plenarios emitidos desde 2016 a la fecha, sólo 2 terminaron 4 a 3, es decir 17% del total de fallos plenos.
Las dos causas en las que se impuso la mayoría radical fueron de alta intensidad: una la inconstitucionalidad de la enmienda constitucional impulsada por Cornejo y que limitó las reelecciones de los intendentes. Los cuatro que apoyaron la enmienda fueron Nanclares, Llorente, Valerio y Garay, en contra votaron Adaro, Palermo y Gómez.
La otra causa que salió 4 a 3 fue la presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contra la designación de Teresa Day en la Corte: A favor de la designación votaron Garay, Llorente, Valerio y la camarista civil Alejandra Orbelli (conjueza); en contra Gómez, Palermo y Adaro. Un detalle: Orbelli es esposa de Javier Montoro, quien fuera titular de EPAS en la gestión de Francisco Pérez.
Cinco plenarios terminaron 7 a 0, que representan 41% del total; dos plenos salieron 6 a 1 (17%) y 3 se resolvieron 5 votos a 2 (25%).
Los expedientes que salieron 7 a 0 fueron todos casación penal contra la decisión de juicios por jurados. Uno de esos casos fue la confirmación de la sentencia a prisión perpetua contra el ex senador radical Leonardo Hisa, Juan Carlos y Kevin Guerrero, por el asesinato de Norma Carleti.
Uno de los casos que salió 6 a 1 fue el juicio por el asesinato del carpintero Juan Carlos Moya, en 2017. Ese plenario fue en junio de este año. La decisión mayoritaria fue hacer otra audiencia para uno de los acusados, Diego Vildoza. Teresa Day fue la disidente en esa oportunidad.
La otra causa que salió 6 a 1 también es de alta intensidad política, que fue iniciada por el SUTE contra la constitucionalidad del Ítem Aula. Por la constitucionalidad votaron Nanclares, Valerio, Palermo, Llorente, Pérez Hualde y Gómez; Adaro votó en sintonía con el gremio docente.
Otra causa vinculada con el Ítem Aula es la que iniciaron un grupo de docentes que se plegaron a un paro de Ctera en 2017 y les descontanron la totalidad del ítem. El fallo es de este año y salió 5 a 2, aunque dos supremos no participaron de la sentencia: Garay porque había sido ministro de Gobierno de Cornejo, y Adaro, porque es familiar de una de las abogadas de la DGE. De esta manera: Llorente, Valerio, Day, más las camaristas civiles Orbelli y Silvina Miquel, avalaron el descuento, mientras que Palermo y Gómez lo rechazaron.
Otra causa del Ítem Aula, también de este año, la iniciaron tres docentes que tenían licencia gremial y no cobraban el adicional: Silvia Iñiguez, Alejandra Castelli y Mirtha Faget; esta última es conocida porque asumió la conducción del SUTE cuando Sebastián Henríquez estuvo envuelto en un caso de abuso del que fue absuelto con el correr de los meses. Otra vez, Llorente, Valerio, Day, más las camaristas Orbelli y Miquel, avalaron el descuento, mientras que Palermo y Gómez lo rechazaron.
En junio pasado, un fallo penal alimentó la grieta judicial entre garantismo extremo y punitivismo. El de Luis Alfredo Carpintero, quien tenía una condena por intento de robo. En ese fallo plenario, la Corte estableció una condena más dura que la habitual, con la intención de generar jurisprudencia. Hasta ese momento, los delitos en grado de tentativa, tenían una pena equivalente a un tercio de la pena prevista en el Código Penal para el delito consumado. En este fallo, la Corte estableció que la pena para la tentativa es de dos tercios. Este fallo salió 5 a 2: Garay, Valerio, Llorente, Day y el filoperonista Gómez votaron por endurecer la pena; Adaro y Palermo, en contra.
Según los datos que ventiló Garay, quedan 32 expedientes para que se resuelvan en pleno. Entre ellos hay algunos sensibles: siete expedientes fueron iniciados por funcionarios judiciales equiparados a magistrados, quienes quieren zafar del recorte de salarios impulsado por el gobernador Rodolfo Suárez. Algunos de los reclamantes tienen vinculación con algunos de los ministros de la Corte.
También hay varios expedientes penales; tres causas empujadas por Fiscalía de Estado en contra de ordenanzas contra el fracking emitidas por las comunas de Lavalle, Tupungato y Tunuyán; cuatro laborales y tres sobre el otorgamiento de pozos de agua en Agrelo durante la polémica gestión de José Frigerio en el Departamento General de Irrigación.
La mayoría automática inversa
Un fallo reciente de Adaro y Palermo (se conoció el 1 de agosto pasado), ordenó la reincorporación de un empleado legislativo a planta permanente. En 2016, la vicegobernadora Laura Montero quien dejó sin efecto el pase a planta del empleado, quién había sido pasado a planta en enero de 2015, pero en ese momento tenía cargo de director, por lo que la vacante de planta quedaba retenida, hasta que perdiera el cargo superior, cosa que sucedería con el cambio de gobierno.
En ese fallo, Adaro y Palermo rechazaron el pedido de Garay de emitir sentencia en plenario (es decir de los siete miembros), argumentando que ese pedido es para “imponer el bloque hegemónico de la actual integración” y así impusieron la mayoría PJ de la sala 2. Valerio votó en sentido contrario.
Un mes después, el Ejecutivo mandó a la Legislatura el proyecto para modificar la división del trabajo en la Suprema Corte.
