La Suprema Corte de Justicia provincial se encamina a una nueva etapa que ya se está trabajando en el cuarto piso de Tribunales bajo la conducción de Dalmiro Garay.
Desde la promulgación de la ley en el Boletín Oficial, las quincenas que marcaban los turnos de Sala Primera y Segunda dejarán de existir, pasando a la implementación del colegio de jueces (sorteos entre los siete miembros), en lo que refiere a procesos contenciosos administrativos. Además, quedaron claros los casos que deberá resolver el plenario que incluye todo el máximo tribunal.
En julio del año próximo, se sortearán todas las causas que ingresen a la Corte dejándose de lado las especialidades en determinados fueros que se concentraban en ambas salas: civil y comercial, familia, paz, tributario en la Sala Primera que integran Pedro Llorente, Teresa Day y Julio Gómez. El fuero laboral y penal (incluido el penal juvenil) se tramita en la Sala Segunda que integran Mario Adaro, Omar Palermo y José Valerio.
Las causas que ingresan al máximo tribunal de Justicia pueden llegar por dos vías: ordinaria y extraordinaria. En esta primera etapa que arranca desde la promulgación de la ley y que finaliza el 1 julio del 2023, se trabajará sobre la vía ordinaria que hasta ahora le permitía a los demandantes, elegir en qué sala se tramitaban: el famoso “fórum shopping”.
“La Corte, por la Constitución, tiene competencia originaria y es única instancia en lo contencioso administrativo, son los casos que se resuelven aplicando el derecho administrativo. A veces hay decisiones del gobernador o intendentes que la Constitución las manda a la Corte en instancia única. No hay ningún tribunal inferior”, explicó Dalmiro Garay, presidente del máximo tribunal a Los Andes.
En el funcionamiento actual, “hay una división de salas y para presentar esa acción procesal administrativa tenía 30 días. En el caso de inconstitucionalidad pasaba lo mismo. Lo que viene ahora es que esas causas en su gran mayoría van a un colegio de jueces de 7 miembros”, aclaró el funcionario.
Estos procesos llamados contenciosos administrativos involucran a un órgano estatal que ejerce funciones administrativas, ya sea como demandante o bien, como demandado. Es decir, el Gobierno provincial, Ministerios, Dirección General de Escuelas, Departamento General de Irrigación, OSEP, Municipios, etc. Y es la Constitución provincial la que determina que sea la Corte la única instancia para su resolución.
La estructura procesal de la vía ordinaria es la misma que en cualquier causa de primera instancia. Hay demanda, traslado, contestación de demanda, producción de pruebas, audiencias, hasta llegar a la sentencia. Mientras que en la vía extraordinaria, el proceso es mucho más acotado y principalmente son revisiones de sentencias que vienen de tribunales inferiores.
Plenarios y sorteo de “papas calientes”
Una vez que entre en vigencia la ley, para lo cual debe ser publicada en el Boletín Oficial, la Suprema Corte de Justicia publicará una acordada con el nuevo funcionamiento dejando en claro el sistema de sorteos y cómo se tramitarán las causas que ingresen. Paralelamente, ambas salas deberán resolver los expedientes que ya se tramitan allí.
De acuerdo al tipo de demanda, los casos se bifurcarán entre el plenario y el sorteo de tres integrantes de la Corte. El máximo tribunal en pleno (los 7) resolverá los conflictos de competencia entre los poderes públicos de la Provincia, y en los conflictos internos entre las diversas ramas de éstos. También resolverá los conflictos internos de las municipalidades y los de éstas con otras municipalidades o autoridades de la Provincia.
Las acciones que cuestionen la constitucionalidad de la leyes, ordenanzas municipales, como las sentencias del juicio por jurados y del Jury de Enjuiciamiento, también serán resueltas por el máximo tribunal en pleno.
Ahora bien, ¿qué se sortea entonces? Todas las otras demandas que tengan a un órgano estatal que cumpla funciones administrativas, y esté como demandado o demandante. Entre los ejemplos podría citarse cualquier acto administrativo del gobernador o los intendentes, como pueden ser nombramientos de personal, cesantías, adjudicaciones de licitaciones, recisiones de contratos.
Siempre citando sólo algunos ejemplos, como puede haber muchísimos otros, irán a sorteo las resoluciones de la Dirección General de Escuelas que sean objetadas. Se aplicará el mismo sistema para los casos en los que se cuestione la concesión de un pozo de agua que haya hecho Irrigación. En el caso de los municipios, correrán la misma suerte las demandas por clausuras de locales, aplicación de multas, etc.
También puede suceder que una causa sorteada y en la que intervengan tres ministros, dos de ellos pidan resolver el caso en pleno. O bien, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia, a pedido de parte o de oficio.
La nueva estructura
Para esta primera etapa de implementación “hay consenso para crear, jurídica y técnicamente una nueva Secretaría de Asuntos Originarios, que es la que recibirá las nuevas causas”, explicó Garay. Es decir, la que arranque con el mes cero de la nueva era.
El personal que estará a cargo proviene de la Sala Primera que es la que hoy tiene menos carga, si se la compara con la otra sala. Desde el momento en que ingrese una demanda, será la encargada de sortear los ministros que intervengan en el caso. El orden de sorteo determinará quien estará a cargo del expediente y el orden de los votos.
El sistema emite un reporte, será el primer decreto y se los notifica a los ministros que intervienen. Luego, el camino es el que se viene aplicando, se pueden recusar los ministros o excusarse y sigue el proceso normal.
Lo que también está definido es el algoritmo para realizar estos sorteos y será basado en el sistema que utiliza el fuero penal. “Hemos hecho 48 mil sorteos”, valoró el presidente del máximo tribunal. Mientras, los equipos informáticos de la Corte trabajan en un programa nuevo, que será auditable y la intención será publicar mensualmente los resultados en la página del poder Judicial.
Qué pasa con las causas ya tramitadas
Las dos salas tienen causas que ingresaron por la vía ordinaria, es decir en donde debe realizarse el proceso judicial tal como se conoce. Es la sala Segunda la que está más sobrecargada, sobre todo por los expedientes de procesos contenciosos administrativos.
Es la ventanilla elegida entre el 16 y último día del mes por quienes presentan demandas contra el Gobierno provincial y buscan amparo en dos ministros alejados del radicalismo, quienes son Mario Adaro y Omar Palermo. José Valerio, quien fuera postulado por Alfredo Cornejo, es el otro supremo que integra el órgano.
A esta elección hay que agregarle las causas laborales y penales que no tienen instancias anteriores de apelación, como sí cuentan otros fueros. Adaro, uno de los supremos que integra esta sala, que transita sus últimos días como tal, indicó que “hay muchas causas ya presentadas que están con un tiempo de resolución de 3 años y algunas de 4 años. Con los equipos que tenemos, quizás armamos dos y que uno se dedique a las causas ya presentadas y otro, a las nuevas. Tenemos mucha tarea de gestión”.
Tanto la Sala Primera como la Segunda seguirán recibiendo los recursos extraordinarios para revisar sentencias anteriores. Por lo tanto convivirán con este sistema hasta tanto resuelvan los expedientes que están sin sentencia y eso es algo que llevará tiempo.
Hacia un colegio de jueces para todas las causas
Pasada esta primera etapa que finalizará el 1 de julio del año próximo, podría empezar a aplicarse la segunda parte de la reforma que es el sorteo de lo que ingresa por vía administrativa. Allí desaparecen las especialidades por sala y todos los integrantes estarán en condiciones de entender en todos los fueros.
Este tramo final entrará en vigencia desde el 1 de julio siempre y cuando se cuenten con dos tercios de la totalidad de sus miembros (cinco votos a favor). De lo contrario, entrará en vigencia el 31 de diciembre del 2023. El colegio de jueces para todas las causas, ya con el proceso de las que llegan por vía ordinaria aceitado, empezará a funcionar como tal después de la feria judicial del 2024, precisamente el jueves 1 de febrero.
