Los movimientos sociales que integran el Frente de Todos presionan para que se ejecute el refuerzo de ingresos comprometido por el ministro de Economía, Sergio Massa, y condicionan su apoyo al Presupuesto para el año próximo, donde el gasto social podría quedar por debajo de la inflación.
El proyecto de ley, que fue defendido ante la Comisión de Presupuesto por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, estima que la inversión en “promoción y desarrollo social” crecerá un 72,7%, por encima de la inflación proyectada por el Gobierno (60%) pero por debajo de las expectativas de mercado (90,5%).
En ese contexto, los movimientos sociales (la mayoría de los cuales no acompañó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional) miran con lupa las partidas asignadas y en paralelo presionan a Massa para que ejecute el refuerzo de ingresos prometido para el último trimestre del año.
Ese bono (financiado con parte de la recaudación del “dólar soja”, que fue de 8.123 millones de dólares) sería anunciado en los próximos días y beneficiaría a dos millones de personas en situación de indigencia, en tres cuotas a cobrar en octubre, noviembre y diciembre por un total de 49.500 pesos.
El Frente Patria Grande liderado por Juan Grabois, que tiene tres representantes en el Congreso, aguarda expectante el anuncio de Massa. Si no se concreta, no solo no acompañará el Presupuesto, sino que volverá a revisar su pertenencia al bloque del Frente de Todos, ya que la amenaza de romper sigue latente.
“Nosotros amenazamos con armar un bloque propio y finalmente, cuando se anunció el dólar soja, se puso en el decreto este bono. Si eso no se llega a cumplir, nosotros no vamos a votar el Presupuesto”, reveló a este medio el economista Itai Hagman, que conforma el grupo alineado a Grabois junto a Federico Fagioli y Natalia Zaracho.
Hagman cree que Massa cumplirá con “la palabra empeñada para con los sectores más vulnerables”, pero levanta la presión: “Si eso no está, volvemos a la etapa anterior. Si no se cumple ese compromiso, nuestra situación en el bloque va a cambiar”.
Paralelamente, el diputado exige aumentos en partidas sociales que “están por debajo de la proyección de inflación”, y además exige garantizar un financiamiento plurianual para el Fondo de Integración Sociourbana, con el que se costean obras en más de 5.000 barrios populares.
Otro diputado ya anunció que no votará a favor del Presupuesto: Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). “Es muy difícil que acompañe, seguramente voy a votar en contra”, dijo a la radio AM 750 el legislador, que integra el espacio junto a la salteña Verónica Caliva.
Ambos diputados habían rechazado el acuerdo con el FMI el año pasado (a diferencia de Hagman, que tuvo una posición más moderada y se abstuvo). “Tenemos que aprobar leyes que favorezcan a la gente. Uno puede perder en el recinto pero tiene que ganar confianza en la sociedad”, sostuvo Alderete.
El Movimiento Evita, que tiene dos diputados (Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli) está en la misma sintonía. “Todos los movimientos sociales estamos con la lupa puesta en el Presupuesto. Hasta que no se corrijan un poco los números y se reparta mejor la torta, se mantiene la postura de no votar a favor”, confió una fuente de ese espacio.
Por el contrario, la representante de Barrios de Pie, Natalia Souto, confirmó a este medio que votará a favor del proyecto.
Presupuesto 2023
Según un informe de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto), las mayores asignaciones en transferencias corrientes presupuestadas para 2023 tienen como destino las familias, fundamentalmente por las asignaciones a cargo de la ANSES, las políticas alimentarias y el programa Potenciar Trabajo, que gestiona Desarrollo Social.
Zabaleta consignó en su paso por Diputados que se destinarán 952.453 millones de pesos a transferencias directas a las personas. “Nos propusimos reforzar especialmente las partidas destinadas a personas en extrema vulnerabilidad social”, destacó.
En ese sentido, precisó que la Tarjeta Alimentar llega a 2,4 millones de titulares (el 94% son mujeres), pero en total alcanza a cuatro millones de personas. “Ser titular de la tarjeta Alimentar en situación de pobreza o indigencia duplica las chances de no experimentar inseguridad alimentaria severa”, sostuvo.
Córdoba es el segundo distrito que más fondos recibió (2.115.360.000 pesos, con 181.589 titulares de la tarjeta). Mendoza se ubica en el quinto lugar (1.300.558.500 pesos, con 109.346 titulares) y Río Negro, en el puesto 16 (357.799.500 pesos, con 31.258 titulares).
En relación al Potenciar Trabajo, apuntó que tiene 1.300.000 beneficiarios y que en febrero se decidió no dar más altas para redireccionar esos recursos hacia inversiones en proyectos productivos. Además, resaltó el trabajo realizado para transformar esos planes en empleo genuino.
“Hay 50.000 titulares del Potenciar Trabajo que se encuentran con empleos registrados. Si bien es un porcentaje bajo respecto al total de titulares, se viene incrementando mensualmente en función de la mejora de los indicadores del mercado de trabajo”, señaló. De julio del año pasado al mismo mes de 2022, la cifra creció del 0,7% al 4%.
Por último, el ministro detalló que hay 5.687 barrios populares en todo el país y 764 proyectos de integración sociourbana activos o ejecutados.
Sin embargo, advirtió que “el 68% de los barrios populares no accede al servicio de energía eléctrica; el 99% no tiene acceso al servicio de red de gas natural; en el 89%, la mayoría de los habitantes no accede al servicio de red de agua corriente; y el 98% no accede a la red cloacal”.
