Los sindicatos estatales tienen a la misma patronal pero entre ellos suelen haber diferencias y rencillas. Lo cierto es que cada vez que hay una profunda crisis, el espanto los une. Mostraron unidad en la puerta de la Legislatura provincial y avisan que harán medidas conjuntas.
El Gobierno provincial notificó el cronograma de reuniones por las paritarias a los gremios y el desfile de secretarios generales arrancará la semana que viene. Sin embargo, en la sede del sindicato que nuclea a los empleados judiciales hubo reuniones porque advierten que la pelea será dura por el aumento de salarios.
Corría el 2020 y sin saber que la pandemia arrasaría como lo hizo, los gremios se preparaban para hacerle frente a la recientemente asumida gestión de Rodolfo Suárez. A poco de la primera reunión vino el cierre de todo y los empleados públicos estuvieron todo el año sin aumentos.
Se había conformado el Frente de Unidad Estatal que tenía entre sus filas a Roberto Macho, titular de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y a Sebastián Henríquez, ex secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE). Casi que no hubo tiempo para despliegue pero sí desfiló una bandera que tenía los logotipos de los gremios principales que adherían.
En la primera negociación pospandemia hubo quiebre de acuerdo a lo que cada gremio negoció y algunas broncas recayeron sobre Macho porque fue el primero que firmó el acuerdo salarial. Después, en función de las necesidades hubo reclamos comunes, pero no como un frente gremial.
Cuatro años después, la situación económica y la tensión con el Poder Ejecutivo los vuelve a reunir. Esta vez también se anotó la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros) que en el 2020 no era de la partida. El Sute cambió de conducción pero mantiene el reclamo. También están los sellos sindicales de empleados judiciales, empleados legislativos, empleados de casinos, etc.
El objetivo es claro: cerrar filas de cara a la negociación. Y también mostrar músculo. “El músculo tiene que ser creíble”, advierten desde una sede gremial.
Hay dos aspectos en los que buscan no ceder. “Queremos una base de cálculo a marzo de este año, no del año pasado. Y no vamos a aceptar nada en negro, como sumas fijas”, le dice Claudia Iturbe a Los Andes. La titular de Ampros participó de los ‘mitins’ gremiales. Hoy podrían blanquear la unión en una foto y conferencia de prensa.
No hay un número acordado, pero pretenden que mínimamente haya compensación por la inflación e incrementos a futuro en esa línea. “Desde fines del 2023 hasta ahora ya hemos perdido más de 20 puntos”, dicen.
En la última negociación, el gobierno ofreció dos propuestas. Cabe recordar que 15 gremios aceptaron una suma no remunerativa, no bonificable de $90.000 e incrementos al básico de 15% para febrero y 15% para marzo. El resto, optó por la alternativa del aumento del 16% en febrero y 16% en marzo.
El sindicato de la salud ya afila los colmillos porque en el Espacio Olivos de Arauco, que el gremio posee en el distrito maipucino de Cruz de Piedra, más de 200 profesionales analizaron “las enormes deficiencias, los recortes en recurso humano y la falta de protección de derechos que evidencia el paquete de leyes que el gobernador Alfredo Cornejo envió a la Legislatura Provincial”.
El trabajo se dividió en áreas y nosocomios. Hay un borrador con las medidas de acción que pretenden ejecutar si la oferta del Gobierno no los convence. El panorama quedará claro la semana próxima cuando se conozca sobre qué propuesta habrá discusión.
La foto familiar
Los gremios blanquearon hoy al mediodía lo que pretenden hacer. Convocaron a una conferencia de prensa y se aseguraron la foto de unidad. Ricardo Babillón, titular del sindicato que nuclea a empleados judiciales y quien ofició de anfitrión en las reuniones, disparó contra “el empobrecimiento del empleado público”.
En la convocatoria se vio a las secretarias generales Patricia Irrutia (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina) y Romina Castro, de la CTA Autónoma, además de representantes sindicales de empleados legislativos y de organismos de control, entre otros.
“El Gobierno intenta engañar a cada gremio que se sienta a la paritaria, por ejemplo, poniéndole un techo, está asegurando el empobrecimiento de todos. Frente a esto hay una decisión de los gremios de pasar a tomar un rol protagónico en lo que es la administración de la provincia de Mendoza. No podemos seguir permitiendo el empobrecimiento en ninguna área de la administración pública”, dijo.
El gremialista confirmó que desde el jueves habrá paro en las oficinas fiscales y advirtió que el conflicto podría escalar. “Todo tiene el mismo origen. No nos podemos confundir en eso y esto es lo que nos ha llevado a sentarnos a la mesa y poder elaborar un proyecto hacia adelante que de una vez por todas cambie el rumbo de las paritarias y las negociaciones”.
Un paro de toda la actividad estatal “se está analizando” aunque primero agotarán las vías de diálogo. “Queremos construir, no destruir. Pero por supuesto que si el gobierno mantiene esta postura vamos hacia medidas de fuerza en conjunto de todas las líneas de fuerza”.
Las exigencias
Una nota con la rúbrica de varios gremios llegó a la Casa de Gobierno ayer por la tarde, según confirmaron desde ATE a Los Andes. Hay pedidos puntuales para el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema.
“Hemos planteado cómo queremos los esquemas paritarios para que todos nos sentemos pero discutamos las verdaderas necesidades”, apuntó Macho en diálogo con este medio. Asegura que un estatal clase 10 con más de 20 años de antigüedad cobra $360 mil por mes aunque los acuerdos han sido avalados por el gremio. “No queremos sumas en negro, la asamblea lo elige. Decide todo el conjunto”, indicó.
También remarcó que tiene planillas que demuestran que la recaudación del Gobierno provincial “le alcanza para darle un aumento considerable a los empleados públicos”.
Otro de los puntos en los que se hará hincapié es en el de los interlocutores. “Vamos a pedir que se siente gente con poder de decisión en la mesa”, dijo Iturbe en referencia a Mariana Lima, directora de Política Salarial y Análisis del Recurso Humano.
“Venimos secretarios generales, no cuatros de copas. Tenemos poder de decisión sobre lo que se oferte y para negociar. O la mandan con poder de decisión o que se siente otro”, subrayó la titular de Ampros.
Entre las firmas en la nota hay una que no está y es la del Sute. Sin embargo, aclararon que eso no implica correrse del apoyo. El sindicato docente es uno de los que más afiliados tiene y participaron activamente de acciones junto a otros sindicatos como Ampros durante la gestión de Suárez.
“Vamos a construir la unidad con los gremios en la calle, con un documento no alcanza”, dijo Gustavo Correa, dirigente gremial del Sute. Aseguran que en la calle estarán para acompañar y para hacer los reclamos que hagan falta “con el Gobierno enfrente”.
