Los gobernadores del Norte Grande firmaron hoy la Declaración de Güemes con la consigna “Sin federalismo no hay país” y a través de la cual asumieron el “firme e irrenunciable compromiso” de “derribar asimetrías e injusticias” que sufre la región desde el inicio de la Patria, según informó Télam.
”Asumimos el firme e irrenunciable compromiso de la defensa del federalismo, de la vigencia de las instituciones y mecanismos que determinan recursos que nos pertenecen sobre la base de la Constitución y las leyes, así como de la necesaria inversión en obras de infraestructura pública”, con “la finalidad de derribar las asimetrías e injusticias históricas a las que fueron sometidas las Provincias del Norte Argentino”, dice el documento.
La Declaración de Güemes, firmada en la localidad de General Güemes, fue suscripta por los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Catamarca, Raúl Jalil; Corrientes, Gustavo Valdés; Formosa, Gildo Insfrán; Jujuy, Gerardo Morales; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; La Rioja, Ricardo Quintela; Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y Tucumán, Juan Manzur.
La firma del documento fue rubricada por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, quien estuvo junto a su par de Transporte, Diego Giuliano. Los mandatarios declararon que esas obras “hoy resultan un elemento imprescindible del desarrollo social y económico de nuestras comunidades, y una mejora sustantiva de la condiciones de vida de nuestros habitantes, puestos de trabajo registrado y fortalecimiento del arraigo territorial”.
Además, implican “la mejora y competitividad de los sectores productivos, desarrollo de proveedores locales, el agregado de valor en origen, la sustentabilidad de los medios de producción y el fomento de las exportaciones desde las economías regionales, que permiten fortalecer la generación de divisas para el país”.
La declaración fue firmada bajo el lema “Sin federalismo no hay país”, en un acto desarrollado en el Nodo Logístico que se construye en la ciudad de General Güemes, a 55 kilómetros de la capital salteña, hasta donde Massa y los gobernadores llegaron para suscribir convenios vinculados a energía.
En sus consideraciones, el acta indica que “más allá de la etapa electoral que se encuentra en pleno desarrollo, y de los distintos posicionamientos que los gobernadores podamos tener, ratificamos hoy nuestra irrenunciable agenda en común, por encima de cualquier bandería política, en defensa del federalismo y de nuestras aspiraciones como región, en defensa de los intereses de nuestra población tantas veces discriminada desde políticas centralistas”.
Asimismo, afirmaron “la necesidad de impulsar cada vez con más fuerza, la profundización y concreción de la infraestructura y servicios a la población, la continuidad de las obras públicas esenciales en nuestras provincias, y las inversiones públicas necesarias para romper viejas asimetrías”.
En el documento, los gobernadores sostuvieron una posición “única e inquebrantable con respecto a derechos establecidos en la constitución nacional” y manifestaron que “cualquier política en el sentido contrario a las inversiones públicas produce siempre un grave perjuicio en regiones como la nuestra, algo que no estamos dispuestos a consentir”.
Esto especialmente en este momento, en que el mundo “necesita de lo que disponemos, con todo el potencial necesario, para atender el desafío de la seguridad alimentaria mundial, junto a minerales estratégicos, energías renovables y la generación de espacios relacionados fuertemente con la educación pública y las políticas estratégicas para desarrollar la economía del conocimiento”, señalaron.
Finalmente, advirtieron que “es necesario poner en conocimiento de la ciudadanía y del conjunto de los candidatos” que “cualquier limitación del financiamiento de la obra pública nacional en las jurisdicciones provinciales, como de los ingresos coparticipables, traerá perjuicios de enormes proporciones para nuestros habitantes, generando desempleo, caída de la actividad económica, conflictos sociales, destrucción de pequeñas y medianas empresas, contratistas y proveedoras y la pérdida de los beneficios colectivos, sociales, educativos y de transporte que han originado las citadas obras”.
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