Los fallos calientes que la Corte “cajoneó” por la pandemia

La Suprema Corte provincial tiene en sus manos varios expedientes cuya resolución tendrá consecuencias políticas y sociales. Algunos llevan varios años esperando avances y siguen cajoneados, mientras que otros se mueven más rápido. Lo cierto es que la cuarentena ha jugado a favor de la ralentización, y salvo alguna excepción, estos fallos se postergarán al 2021.

Se trata de decisiones del Poder Ejecutivo o leyes que han sido judicializadas, como el pedido de inconstitucionalidad de pases a planta durante la última parte de la gestión de Francisco Pérez; la ley de tope de sueldos, cuestionada por los gremios; la constitucionalidad de las prisiones perpetuas; la legalidad del fracking; y los requisitos para ser ministro de la Corte, tras la asunción de Teresa Day.

Como suele ocurrir en los tiempos, las decisiones políticas que han despertado algún tipo de polémica han terminado en la Suprema Corte, órgano político de excelencia del Poder Judicial. Quedan en el recuerdo fallos como el Ítem Aula, la Ley 7.722 o la limitación de las reelecciones de los intendentes, por nombrar a algunos.

Y al ser la Corte un organismo con fuerte influencia política, internamente estos fallos deben sortear la grieta judicial entre los ministros del tribunal. Es decir, por las afininidades radicales (Dalmiro Garay, Teresa Day, Pedro Llorente y José Valerio) o peronistas (Mario Adaro, Omar Palermo y Julio Gómez).

Más cerca

En la lista ya enumerada de causas calientes que esperan resolución en la Corte hay una en la que no hay diferencias sustanciales de posición entre los jueces, por lo que podría ver la luz antes de fin de año. Se trata de la constitucionalidad de las prisiones perpetuas, que tendrá un fallo plenario (todos los ministros votarán) y que en Tribunales todos vaticinan será 7 a 0 a favor de la legalidad de las máximas condenas.

Sin embargo “habrá matices”, destacaron. Por este tema hubo una audiencia pública el 22 y 23 de octubre, impulsada por el ministro José Valerio, y ahora resta el veredicto, que saldría “en una o dos semanas”.

Otro fallo pendiente afecta directamente al seno de la Corte, ya que debe decidir si una de sus integrantes, Teresa Day, cumple con los requisitos para ser jueza. Las posiciones son antagónicas: el radicalismo sostiene que sí; el peronismo, que no.

Luego de la audiencia pública que presidió Palermo en octubre, ahora se debe resolver primero una declaración de certeza respecto a cuáles son los requisitos para ser ministro de la Corte. Este tema se resolverá primero en plenario de manera abstracta; y una vez que se dé este paso, se definirá en otra instancia el caso particular de Day.

Si bien se preveía que este mes se resolviera la acción declarativa de certeza, hubo una nueva presentación semanas atrás de organismos de Derechos Humanos, por lo que todo se atrasó. “Estamos en eso”, marcaron desde el cuarto piso del Poder Judicial, aunque todo indica que no habrá novedades hasta después de la feria judicial de enero.

Aletargados

Una causa que no tiene novedades hace tiempo es el pedido de inconstitucionalidad de la ley de tope de sueldos, aprobada a fines del 2014 y llevada a la Justicia por los gremios, ya que la norma marca que ningún estatal puede cobrar más que el gobernador. En marzo del 2019 la Corte falló contra el planteo de ATE, pero resta el que es a priori más importante, el de Ampros.

El expediente está actualmente en la Sala 1, sin embargo, el asesor letrado del gremio, Carlos Alico, afirmó a Los Andes que se pidió que sean los 7 ministros los que decidan el tema. De esta manera, el fallo no saldrá en el corto plazo, según estimó, más allá que ya ingresó en autos para la sentencia, teniendo en cuenta que agregaron al expediente más documentación, en este caso conun informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) “a favor de nuestra causa”.

Mientras tanto, hay una cautelar aceptada tras la aprobación de la ley por lo que unos 120 profesionales de la Salud siguen cobrando por encima de lo que percibe Rodolfo Suárez.

Otro conflicto judicial que involucra a los estatales es el pedido de inconstitucionalidad de los pases a planta que se realizaron durante enero y diciembre del 2014, que serían, según denunció el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (Cladh), alrededor de 1.300.

Para Ignacio Boulín, del Cladh, ha habido “muchas presentaciones individuales que han ido demorando el trámite”. Hoy la causa está en la Sala 1 (en su momento Jorge Nanclares había llamado a plenario, pero luego dio marcha atrás), pero los expedientes individuales se han repartido entre la 1 y la 2.

Y si hablamos de temas que despiertan polémica, están los ambientales. Allí espera resolución de la Corte el reclamo de la organización Oikos contra la autorización del fracking durante la gestión de Alfredo Cornejo. Este fallo también podría resolverse en pleno, ya que actualmente las dos salas tramitan acciones declarativas respecto a la misma cuestión. La 1 tiene que resolver el pedido de inconstitucionalidad; mientras que la 2 tiene la resolución de Irrigación que implementó el decreto de Cornejo.

En octubre, el fiscal de Estado, Fernando Simón, envió un documento a la Corte solicitando un fallo en plenario por la “trascendencia institucional y el interés público que la materia traída a resolución reviste”. No obstante, aún no hay novedades.