El debate sobre el decreto del Gobernador para refinanciar los vencimientos de deuda en dólares que se producirán en 2023 vuelve a subir temperatura a partir de la decisión de Fiscalía de Estado de ir a la Suprema Corte a pedir la inconstitucionalidad del decreto 2502 firmado por Rodolfo Suárez.
El cerco judicial empieza a asfixiar, porque a los planteos realizados por el PJ, Protectora y Partido Verde, siempre teñidos en intencionalidad política, se suma el de un organismo de control que rara vez ha cuestionado frontalmente al Gobierno. Así las dudas acerca del resultado en la Suprema Corte se acrecientan.
El Gobierno sostiene que el artículo 68 de la ley de Administración Financiera lo habilita a rolear deuda por decreto. Fiscalía de Estado dice que debe tener el aval de dos tercios de los votos de cada cámara de la Legislatura, que el oficialismo no tiene y la oposición retacea.
En Casa de Gobierno sostienen que refinanciar permitirá sostener un colchón de recursos en medio de la incertidumbre generalizada por la marcha de la economía nacional. “Creemos que 2023 va a ser muy duro. Si quien asuma la presidencia a fin de año hace lo que tiene que hacer, 2024 será complicado; sino lo hace serán complicados 2024, 2025 y los que años sucesivos. No se puede transitar periodos de inestabilidad sin fondo de reserva y mucho menos cuando podemos financiarnos a tasa real negativa”, dice el ministro de Hacienda Víctor Fayad.
El ministro mira en su computadora los valores de las tasas de referencia del Banco Central. “En enero de 2022 la tasa Badlar era 40% y la inflación 50%, estábamos siete puntos abajo de la inflación. Todo el año fue una tasa real negativa, salvo este fin de año, que está un par de puntos por encima”. Nota de la redacción. La tasa Badlar es el interés promedio que se paga por los plazos fijos superiores a 1 millón de pesos en los principales bancos argentinos.
En la página del Banco Central, se puede ver la evolución de la tasa Badlar. El cálculo es diario y el último publicado es del 12 de enero de 2023, cuando la tasa llegó a 97,15% (efectiva anual). El 16 de setiembre del año pasado fue cuando la Badlar dio un salto desde 86,5% a 93,92%.
Luego, Fayad recuerda que en la renegociación de la deuda en pesos con el Banco Nación la tasa final quedó Badlar+3%, mientras que la de los bonos emitidos en pesos el año pasado el interés fue Badlar +3.75%. “La Badlar cerró el año a 96%, es decir que recién ahora se pagarían algunos puntos más que la inflación nacional que terminó en 94%”.
Esa tasa de interés está influida por la referencia que fija el Central, que está tradicionalmente atrasada respecto de la inflación, a pesar de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI). “En general, los gobiernos peronistas trabajan en tasa real negativa, bajo la suposición de que eso estimula la actividad, pero lo que sucede es que baja el ahorro y entonces no hay crédito. Tal es así que el financiamiento del sistema al sector privado está en un tercio de lo que estaba en 2018. Toda la plata se la lleva el Estado.”, dice el ministro.
Este año Mendoza va a tener que pagar en vencimientos de capital 81,5 millones de dólares; ese monto transformado en pesos a cotización oficial son 17.000 millones de pesos; eso equivale a casi la masa salarial de un mes, que en este enero llega a 20.000 millones de pesos (incluyendo los aportes patronales). En caso de que la Corte diga que la operación es constitucional, en el Gobierno sueñan con que esos dos vencimientos podrían cubrirse con un préstamo en pesos, tomado en el mercado financiero argentino y dejar ese monto en reserva. “La deuda la podemos pagar, pero la verdad es que no conviene pagarla, conviene juntar la plata frente a una eventual crisis”, dice Fayad.
El problema del mismo acreedor
La polémica con el decreto 2502 arranca en sucesivas negativas de los legisladores del Frente de Todos-PJ para dar los dos tercios de los votos al pedido de refinanciación de las deudas conocido como “roll over”. El rechazo no fue siempre, pero desde que arrancaron las administraciones radicales con Alfredo Cornejo en diciembre de 2015, hubo varias negativas. Cornejo contó con la herramienta en sus primeros dos años de gestión, los últimos dos no la tuvo; Suárez no la tuvo en 2020, aunque la emergencia declarada por la pandemia (con apoyo del Frente de Todos-PJ) permitió refinanciaciones. En el presupuesto 2021 (votado a fines de 2020), también el principal espacio de oposición dio los votos para “rolear” deuda.
¿Qué es un “roll over”? Simplificando es tomar una deuda nueva para pagar una vieja. Es una operación común en empresas y también en el Estado nacional. De hecho, el ministro de Economía Sergio Massa la hace todos los meses.
Ante la negativa reiterada, Suárez buscó un atajo para poder refinanciar: el artículo 68 de la Ley 8706 de Administración Financiera, “El Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos presentes o futuros, pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que sean necesarias contra la mayor recaudación estimada debidamente fundada, en la medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar la registración”.
Se redactó un borrador del decreto 2502 y se lo hizo circular por organismos de control. En noviembre, el fiscal de Estado Fernando Simón, dictaminó en contra de refinanciar los vencimientos en dólares sin tener autorización legislativa. En el dictamen del Fiscal de Estado analizó la palabra “reestructuración” y explicó que “existe ‘reestructuración’ cuando se toma un nuevo crédito público a fin de producir la modificación de la estructura de la deuda pública existente, considerando no una operatoria en particular sino toda la deuda en general, y pudiendo realizarse con el mismo acreedor o con otro, siendo condición esencial que se genere una modificación de la estructura de la deuda preexistente”. Para el Fiscal no existe una modificación de la estructura de la deuda preexistente, por lo que sostiene que el Ejecutivo debe pedir autorización de la Legislatura con dos tercios de los votos de ambas cámaras.
A pesar de esa definición en la que se señala uno u otro acreedor, “el Fiscal dice dos o tres veces que debe ser el mismo acreedor. Y además dice que si no cambiamos las condiciones de la deuda original no es reestructuración; eso implica que tenemos que sentarnos con el mismo acreedor, porque no se puede cambiar unilateralmente las condiciones. Eso es ponernos en situación de debilidad para negociar”.
“Solo en momentos de incapacidad de pago el deudor está en situación de fortaleza, el acreedor sabe que no va a cobrar sino arregla. En épocas en que hay fuentes más baratas de financiamiento, obligarnos a negociar con el acreedor es perjudicar los intereses de la Provincia, porque él sabe que no podemos ir a buscar plata en otro lado para pagarle”.
-Tuvieron renegociaciones con el acreedor. Banco Nación por ejemplo.
-Con el Banco Nacion, con el Gobierno nacional, es una contraparte distinta, en la que hay aspectos no financieros en la transacción. La fortaleza o debilidad no viene desde lo financiero, viene de lo político, de lo comercial, en el caso del Nación (Nota de la Redacción: esa entidad es el agente financiero de la Provincia, es decir todos los depósitos del Estado están ahí). El resto de las refinanciaciones, en particular la del bono en dólares, que también lo refinanciamos, se hacen en contexto de crisis que hagan imposible el pago; ahí tiene sentido ir con el mismo acreedor, porque nadie te presta excepto ese acreedor- respondió Fayad.
Ahora, con el decreto ya publicado, el fiscal de Estado Fernando Simón se prepara para ir a la Corte. En el organismo de control aseguran que la presentación se hará el martes y la refinanciación por decreto suma rechazos en la Justicia.
