Hace casi un mes, el Consejo de la Magistratura de Mendoza tomó una decisión fortísima y por unanimidad: remover a todos los integrantes de la comisión Asesora para la Justicia Penal, Ejecución Penal y Faltas, por “incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo”.
La medida afectaba a magistrados, abogados destacados e incluso ex funcionarios provinciales que tomaban los exámenes de los aspirantes a jueces, fiscales y abogados oficiales.
Tras la polémica desatada, en la que hubo pedidos de reconsideración, anoche, tras una reunión de cuatro horas, el Consejo sostuvo la remoción de los miembros evaluadores, pero decidió consultar a las organizaciones que los nombraron representantes en la comisión, para que ratificara los nombramientos o eligiera nuevos comisionados.
Como explicación previa, el Consejo de la Magistratura se encarga de seleccionar ternas de aspirantes a cargos judiciales que luego son elevadas al Gobernador de turno para que elija uno de esos tres para cubrir vacantes en el Poder Judicial. El elegido debe someterse entonces al aval del Senado provincial, que los vota o veta en sesión secreta.
Además, hay que agregar que los miembros de estas comisiones no cobran por tomar los exámenes, pero su integración les da prestigio y “ascendencia” en los asuntos importantes de la Justicia.
Para hacer esa selección, el Consejo cuenta con comisiones asesoras para cada uno de los fueros de la justicia: Penal, Laboral, Civil, Familia y Penal de Menores. El 4 de julio, en medio de la feria judicial, el cuerpo decidió remover a los miembros de la comisión que toma los exámenes a los abogados que quieren ser magistrados del fuero penal.
La decisión provocó la ira de varios de los miembros de esa comisión asesora, quienes presentaron recursos de reconsideración para que la medida quede sin efecto, al considerar que la decisión en su contra ha sido “arbitraria” y adolecía de “vicios groseros que son incompatibles con un sistema respetuoso de las garantías legales y constitucionales”.
Algunos de los afectados señalaron en este recurso que la decisión del Consejo de la Magistratura produce “una grave afectación de nuestro buen nombre” y destaca que entre los “sancionados” hay magistrados que ya se encargan diariamente de impartir justicia. Esas personas pueden ahora ser cuestionadas “por haber actuado al margen de la ley”, indican quienes piden que la medida sea revisada.
Anoche el Consejo debatió las presentaciones de los afectados y ratificó las irregularidades detectadas y las consideró suficientes para la remoción. Las observaciones abarcan deficiencia en el tiempo de los exámenes orales, que según resolución deben durar un máximo de 1 hora en una jornada total de ocho horas y que siempre fueron menores; la técnica del examen escrito, que abarca varios casos, cuando el reglamento pide que sea uno o alguno más, siempre que sea viable la resolución en el tiempo establecido.
También se cuestiona la forma de calificación, ya que los evaluadores habrían adelantado la nota de los aspirantes sin ofrecer los fundamentos; además cuestionaron la técnica del examen oral, porque no se respetó que las preguntas fueran sobre el caso práctico que el aspirante había conocido en la evaluación escrita. Por último la composición de la comisión asesora, que debe respetar la participación de cada uno de los estamentos representados, sin mayoría de alguno de ellos sobre los otros.
La ley dispone que las comisiones asesoras estén conformadas por un representante de la Suprema Corte, de la Asociación de Magistrados, uno por las facultades de derecho de la provincia, uno de la Federación de Colegios de Abogados y uno del Consejo de la Magistratura. Cada uno de estos organismos nomina un titular y un suplente. Y siempre tiene que haber uno de cada estamento, pero no los dos nominados.
El Consejo agradeció la tarea realizada por los miembros de la comisión y el compromiso demostrado, pero igual sostuvo la remoción todos los miembros, aunque consideró que “la peculiar situación planteada en las actuaciones, hace prudente y conveniente que el mandato de los miembros de la citada comisión sea ratificada por sus representados”.
De esta manera, la Asociación de Magistrados, las facultades de derecho, la Federación de Colegios de Abogados y el Consejo de la Magistratura deberán evaluar y decidir si mantienen a sus representantes hasta cumplir el mandato de dos años o si cambian de profesional.
La resolución del Consejo de la Magistratura
