El Ministerio de Seguridad y Justicia continúa incorporando cámaras privadas al sistema de videovigilancia, tras la aprobación de la ley que regula este procedimiento. En esta oportunidad se trata de un gran avance, porque son los comercios del Centro mendocino, los que pondrán a disposición sus dispositivos para dotar de información a la fuerza policial.
Este lunes, la ministra Mercedes Rus firmó el convenio con el presidente de la Cámara Empresaria, Comercio, Industria, Turismo y Servicios de la Ciudad de Mendoza (Cecitys), Adrián Alin, y destacó que “es un importante avance en este círculo de colaboración público-privada”, en que forman parte también la Asociación de Empresarios de Rodríguez Peña (Aderpe), el Centro Comercial Palmares y la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael.
En el acto estuvieron presentes Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza; Mauricio Pinti Clop, director general de Desarrollo Productivo; Marcelo Calipo, director general de Policías; Oscar Agüero, jefe policial del Distrito I, y Mario Riili, jefe policial departamental de Ciudad.
Rus destacó que este acuerdo refuerza la colaboración entre los sectores público y privado, en el marco de la Ley de Videovigilancia, y resaltó el avance tecnológico que representa para la seguridad provincial. “Es una firma más dentro de la nueva Ley de Videovigilancia. Ya hemos firmado con otros sectores privados, como la Cámara de Comercio de San Rafael, y hoy con la Cámara de Comercio de Ciudad de Mendoza”, explicó la ministra.
Rus subrayó que estos convenios permiten dotar a la Policía de herramientas valiosas para mejorar el control y la prevención del delito. “Es un avance importante en este círculo virtuoso de colaboración público-privada. Seguimos actualizándonos en tecnología para ser más eficientes en la producción de seguridad”, añadió tras detallar que “este tipo de colaboraciones refuerzan la seguridad tecnológica y colocando a Mendoza a la vanguardia en el país”.
En tanto, Adrián Alin destacó la importancia del convenio y la responsabilidad que implica para el sector empresarial. “Para nosotros es fundamental acceder a este tipo de acuerdo con el Ministerio de Seguridad. Es un compromiso que debemos asumir todos, no solo pensando en los consumidores que nos visitan, sino también en el turismo. En la Ciudad de Mendoza se concentra más del 95% de los turistas que llegan a la provincia, lo que conlleva una mayor responsabilidad”.
Asimismo, enfatizó la necesidad de crear un entorno seguro y la participación activa del sector empresarial. “Queremos hablar de una ciudad amigable, un centro seguro, un gran centro comercial a cielo abierto. Para lograr esto, es imprescindible que todos los empresarios se involucren y participen”.
Finalmente, Mauricio Pinti Clop subrayó que esta colaboración es esencial para garantizar un entorno más seguro tanto para los comerciantes como para los ciudadanos que visitan la ciudad. “Esta es una herramienta más que se suma a las muchas que venimos trabajando. Creemos que este acuerdo de colaboración mutua será esencial para la preservación y el cuidado de los locales, comercios y actividades en la Ciudad de Mendoza”, sostuvo el funcionario.
QUÉ DICE LA LEY
La nueva ley regula el uso de cámaras de seguridad en lugares públicos, incorporando por un lado tecnología de inteligencia artificial; pero también agrega la posibilidad de contar con las cámaras instaladas por privados en lugares públicos.
Según la ministra Rus, este sistema es crucial no sólo para abordar diversos delitos y seguir trayectorias delictivas, sino también como evidencia fundamental en investigaciones y condenas efectivas.
Establece que el uso de videocámaras debe ser “proporcional y justificado, prohibiendo la captura de imágenes en propiedades privadas sin consentimiento expreso o autorización judicial”.
Las imágenes y datos obtenidos serán confidenciales, accesibles solo por autoridades competentes en causas judiciales o administrativas. Además, las grabaciones accidentales que violen la ley deben ser destruidas inmediatamente, salvo que estén relacionadas con un caso judicial.
Uno de los aspectos más innovadores del proyecto es la incorporación de cámaras privadas al sistema de vigilancia estatal, siempre que cumplan con estándares de compatibilidad y seguridad. Esto busca ampliar la capacidad operativa, mejorar la eficacia en la prevención del delito y permitir un mejor seguimiento de las trayectorias delictivas.
La normativa adopta directrices de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, “asegurando el respeto por la privacidad y la seguridad de la información”. Dicen en el gobierno además que se “garantiza el respeto por los derechos humanos, como la privacidad y el honor, mientras se provee seguridad jurídica al sistema de videovigilancia”.
El sistema de videovigilancia, que ya cuenta con aproximadamente 2.170 cámaras, será actualizado para incluir nuevas tecnologías, como el reconocimiento automático de patentes y la inteligencia artificial.
También contempla la interoperabilidad de los sistemas municipales, requiriendo que informen a la autoridad competente sobre la colocación de videocámaras y aseguren su compatibilidad con los protocolos recomendados.
