Tras un 2021 que en Mendoza pasó sin reformas ni grandes cambios en materia judicial, el año que se inicia promete novedades y debates importantes que no solo impulsará el Gobierno, sino también la propia Suprema Corte de Justicia.
Que nadie espere el vértigo de Alfredo Cornejo, que introdujo más de una decena de reformas en el Código Procesal Penal durante su gestión y tuvo siempre al tope de la agenda política a la Justicia.
Su sucesor no es proclive a generar tensión con el Poder Judicial, pero de todos modos planea algunos cambios en tribunales para la segunda etapa de su mandato. Se habla de “ajustes” que serán consensuados. El más relevante es la ampliación de los juicios por jurado.
En el último acuerdo político con el PJ que se recuerde, Cornejo introdujo los jurados populares para las causas con penas de prisión perpetua. Ahora, como ya viene adelantando el Ejecutivo desde hace tiempo, Suárez tiene lista una iniciativa para ampliar este tipo de procesos a las causas con penas de entre 10 y 25 años de prisión.
“Vamos a ir de mayor a menor en cuanto a las penas”, señalan en el Poder Ejecutivo. Lo que no se conoce por ahora es el momento en el que Suárez avanzará finalmente con este cambio en la Legislatura.
Otro proyecto que está prácticamente listo en el Poder Ejecutivo es el de creación de una oficina de conciliación en materia civil. Sería un organismo de abogados que se crearía en el ámbito de la Subsecretaría de Justicia, a cargo de Marcelo D’Agostino, muy parecida a la Oficina de Conciliación Laboral, que ya existe, y su objetivo será evitar que lleguen a juicio unas cuantas causas.
La “auto reforma” de la Corte
Pero algo interesante que también asoma para la Justicia en los inicios del año es una reforma, o auto reforma, que no estaría motorizada por el Gobierno, sino por los propios jueces. algo que no es habitual. Con impulso del sector oficialista de la Corte, se estudia y busca consenso para enviar a la Legislatura un ley que modifique los procesos del alto tribunal.
Si esta reforma avanzara, las salas de la Corte que intervienen ante las acciones contenciosas administrativas o de inconstitucionalidad deberían ser sorteadas. También prometen que cambiaría el rol de los magistrados con “más celeridad, oralidad y participación de los ministros”, señala sus impulsores.
Actualmente, la Corte tiene tres salas de tres integrantes cada una (una de ellas, la administrativa, la componen el presidente Dalmiro Garay y los titulares de las otras dos). Normalmente ante una acción de inconstitucionalidad intervienen la sala 1 o la 2, y eso se decide según cuál de ellas esté de turno.
El turno elegido por el demandante no es algo menor y suele ser vital para el futuro de la causa, ya que la 1 tiene mayoría “oficialista” y la 2 mayoría “opositora”. El sorteo de la sala para cada causa evitaría, en consecuencia, la manipulación política del expediente.
Este direccionamiento fue la estrategia que en 2019 usaron, por ejemplo, los intendentes justicialistas para condicionar, a través de una medida cautelar, la aplicación de la enmienda constitucional que impedía su re reelección: acudieron a la sala en la que dos de sus tres integrantes son filo justicialistas. El turno también ayudó para mantener frenada, hasta hoy, la aplicación de la ley de Suárez contra los funcionarios que cobran sueldos equiparados a los de los magistrados.
La reforma para las causas que llegan directamente a la Corte modificaría parcial o ampliamente dos leyes antiguas: la 3918, que establece el Código Procesal Administrativo, y la 4969, que fija la propia composición de la Suprema Corte de Justicia. Respecto de esta última ley, “sólo se modificaría la parte del sorteo de salas”, aclararon en tribunales.
Sin embargo, todavía tiene que existir consenso en el pleno de jueces para que los cambios avancen. Hay que recordar que la Corte está partida en dos: la nueva mayoría de cuatro integrantes, que es afín al Gobierno; y la minoría de tres, que son cercanos al PJ. “Es un tema que teníamos para trabajar”, reconoció uno de los ministros cercanos a la “oposición”.
El proyecto estancado
La Corte también pretende desempolvar un proyecto enviado por el tribunal a la Legislatura hace mucho tiempo para incorporar el “doble conforme” en la Justicia provincial.
Este proyecto fue ideado por los supremos para evitar que todas las apelaciones de las sentencias lleguen a la Corte, debido a que en Mendoza no existe una instancia de Casación.
No es casual que esta iniciativa haya quedado prácticamente archivada: en el Gobierno dicen que “no está en la agenda” impulsarla.
El proyecto entró al Senado en mayo de 2019 y nunca avanzó en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, más allá de que algunos de sus integrantes la estudiaron e hicieron incluso resúmenes de ella.
El proyecto congelado “considera oportuno incorporar como medio de impugnación autónomo el recurso de doble conforme” y para ello tendrían “jurisdicción sobre la cuestión los Tribunales Penales Colegiados y Tribunales Penales de Menores”.
Establece la propuesta que intervendrán en el doble conforme “tres jueces distintos del juez que dictó la sentencia condenatoria” y fija que “todos los juicios se realizaran de manera unipersonal y la impugnación por doble conforme en forma colegiada”.
En los estudios del proyecto señalan ventajas y desventajas. Una ventaja sería que el doble conforme permitiría descomprimir “la cantidad de causas que llegarían a la Corte como revisión de esos tribunales colegiados”. Pero a la vez se señala que las personas juzgadas podrían perder garantías porque no habría “un tribunal de jerarquía superior que revise la sentencia”.
En la Corte conocen la resistencia del Ejecutivo a este proyecto, pero dicen, en cierta forma desafiantes, que “va a tener que salir”.
“Texto único” para los cambios de Cornejo
En un clima de confrontación casi permanente con buena parte de la Corte, Cornejo metió cambios en la Justicia penal que fueron desde el endurecimiento de la prisión preventiva hasta la creación de juzgados plurales para la agilización del fuero, pasando por la propia creación de los juicios por jurado populares.
Suárez heredó esas reformas y, tanto en el Gobierno como en la Corte , recalcan que hoy sólo hace falta hacerles “ajustes” a aquellos cambios. Esos ajustes son estudiados en comisiones que reúnen a jueces, funcionarios, ministros de la Corte, legisladores y académicos.
Se encuentra en análisis el Código Procesal Civil, que introdujo la oralidad en los procesos de ese fuero hace cuatro años, pero también el Código Procesal Penal. En este caso, sin ninguna reforma profunda en vista, desde el Poder Ejecutivo y Judicial anuncian que se pondrán a trabajar en la elaboración de un “texto único” que ordene todo los cambios parciales que se hicieron en materia procesal en la era Cornejo.
A esa tarea se abocará una comisión amplia, con integrantes como el ministro José Valerio, el procurador Alejandro Gullé y el senador Juan Carlos Jaliff, entre otros.
Tanto el Gobierno como la conducción de la Corte unifican el discurso en torno a la continuidad de las medidas de Cornejo. “Las reformas están hechas en su mayoría, ahora nos queda evaluar el funcionamiento para corregir problemas”, confirmó en este sentido un ministro del alto tribunal.
