Las autoridades del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de Mendoza presentaron al gobernador Alfredo Cornejo un proyecto que busca defender los honorarios de los profesionales del Derecho ante la inflación.
La idea fue presentada ayer ante el Ejecutivo provincial por la presidenta de los letrados, Andrea Maturana, el vicepresidente Ignacio Estrada y el integrante del Directorio Cristian Awad, y se basa en la modificación del artículo 7 de la Ley N° 9.001, del Código Procesal Civil, Comercial y Tributario de la provincia de Mendoza para lograr “una actualización en forma simultánea con cualquier actualización del salario básico de un juez de primera instancia, en lugar de la que existe en la actualidad que es anual”, explicaron a través de una comunicado, fundamentando el pedido en “la situación inflacionaria por la que atraviesa el país desde hace tiempo”.
“Hemos formulado un proyecto de actualización del JUS, que es la unidad de medida con la cual se regulan nuestros honorarios profesionales. Por ley, está dispuesto hoy que a los efectos de los cálculos de los honorarios se actualice solo una vez al año en el mes de diciembre. Esto trae aparejado que durante el año y con procesos inflacionarios como el que estamos atravesando, nuestro ingreso, que tiene carácter alimentario, sufra una depreciación muy grande”, explicó Andrea Maturana.
El proyecto presentado sostiene que: “La periodicidad anual en la comunicación de la actualización del valor de la unidad de medida antes referida, impropio a las circunstancias económicas actuales, resultando imperiosa su modificación. En contraste a ello, la unidad de medida JUS es equivalente a un décimo (1/10) de la asignación básica de Juez de primera instancia, la cual reconoce actualizaciones periódicas, que no impactan en dicha unidad de medida a los efectos regulatorios de honorarios profesionales debido a la exigencia legal de comunicación por periodos anuales, lo que exige su adecuación, provocando de este modo una clara situación injusta, que afecta solo a profesionales del derecho y auxiliares de justicia.”
Los abogados buscan igualar la situación local a la de la Justicia Federal que “mantiene un criterio de actualización periódico de la medida judicial denominada Unidad de Medida de Actualización (UMA), ligado en forma simultánea a cualquier incremento salarial en el ámbito de la magistratura, evitando con ello la depreciación del poder adquisitivo del emolumento de nuestros profesionales del derecho”.
En enero pasado Suprema Corte de Justicia estableció el nuevo valor del JUS, la unidad de medida que regula los honorarios de los abogados. Este ítem marcó un salto del 245% con respecto a lo que regía en 2023. Es que la actualización se otorga de forma anual y pasó de $92.285,87 a $226.008,07 desde el 1 de enero, valor que se mantendrá vigente hasta diciembre. Para evitar que la inflación absorba ese monto, el Colegio de Abogados y Procuradores elaboró un proyecto de ley, que será analizado por el Gobierno provincial.
Cuando finaliza un proceso judicial, el juez determina en la sentencia cuáles serían los honorarios que debería percibir un letrado por parte de su cliente. Por ejemplo, regula que un abogado debería cobrar dos JUS, es decir unos $452.016,14 al valor actual. Esto sin incluir el incremento que podría añadirle un profesional por su parte, pero es la base a cobrar.
