Los abogados del ex juez Walter Bento presentaron un recurso extraordinario contra el fallo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que determinó su destitución.
Hay que recordar que el miércoles pasado, con votos de seis de los siete integrantes, el Jurado le quitó a Bento el cargo de magistrado federal por mal desempeño. Esa sentencia provocó la detención del ex juez, quien tenía pedidos de prisión preventiva en su contra en la causa penal que no se cumplían porque tenía fueros.
Ahora, con Bento bajo prisión, el grupo de abogados liderado por Mariano Fragueiro Frías presentó una acción que busca “una nueva resolución que lo reponga en su cargo, no sin llegar a la Corte”.
En este sentido, los letrados piden que en la decisión “no intervenga el ministro de la Corte, Horacio Rosatti”. Y argumentan que el propio presidente de la Corte nacional debe ser apartado por “su participación en carácter de presidente del Consejo de la Magistratura” en el proceso que desembocó en la suspensión y acusación de Bento ante el Jurado.
Según la defensa “los primeros cuatro de los cinco cargos en los que el voto de la mayoría fundó la sentencia de remoción de nuestro asistido, no debieron ser siquiera considerados por el jurado como causal de mal desempeño”, aseguran los abogados.
Entre otros argumentos, la defensa de Bento plantea que “la acusación no solicitó la producción de ninguna medida disponible, ni tampoco requirió la convocatoria de testigo alguno, sino que se conformó con la incorporación por lectura de las constancias de un proceso penal que se encuentra en pleno trámite ante la Justicia Federal de Mendoza”.
Hay que recordar que Bento fue destituido porque “realizó diferentes maniobras tendientes a la interferencia y entorpecimiento del accionar judicial, inadmisibles en cabeza de un juez federal de la Nación”; “procedió a la venta de un inmueble omitiendo deliberadamente declarar su calidad de persona políticamente expuesta en la escritura pública constitutiva de dominio; y a través de dicha transacción eludió el posterior embargo sobre el inmueble, frustrando parte de la medida cautelar preventiva que recayó sobre el patrimonio del magistrado al ser procesado”; obtuvo inescrupulosamente un crédito hipotecario destinado a vivienda única, suscribió para ello una escritura pública con datos falsos e inexactos y le dio a la propiedad un destino distinto al convenido”; “omitió incluir información en sus declaraciones juradas patrimoniales integrales correspondientes a los ejercicios 2005 hasta el 2020, en violación a lo dispuesto en la ley 25.188 y en las resoluciones 734/07 y 237/2014 del Consejo de la Magistratura”; y porque “contravino la normativa aplicable a los concursos ante el Consejo de la Magistratura al inscribirse en el concurso N° 475 destinado a cubrir un cargo de vocal en la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, a sabiendas de que no reunía las condiciones para hacerlo”.
