Luego de suspensiones y retrasos por problemas sanitarios y de salud de algunos de los participantes clave, el ex concejal a cargo de la intendencia de Guaymallén, Luis Lobos, volverá a Tribunales. Se lo acusa, tanto a él como a su pareja, Claudia Sgró, por enriquecimiento ilícito durante su gestión en la intendencia.
Hoy a las 11 se llevará a cabo la audiencia preliminar del caso, que es la antesala del juicio oral. En términos políticos, este caso es el “corazón” de la investigación que tiene en la mira a Lobos y Sgró, ambos ya condenados por administración fraudulenta. Además de esta causa, hay otra en proceso de elevación a juicio.
A la pareja se la acusa de haberse enriquecido a costa de su trabajo en el Estado mientras se desempeñaban como empleados estatales de Guaymallén (desde comienzos del 2000), pero sobre todo cuando Lobos fue concejal y luego accedió al cargo de la intendencia, entre 2013 y 2015. Por esta causa arriesgan una pena de 2 a 6 años de prisión.
Allegados a la causa que lideró la fiscal de Delitos Económicos, Susana Muscianisi, informaron que Lobos “no ha podido demostrar un aumento en su patrimonio de $3,9 millones”, entre bienes muebles e inmuebles. Mientras que Sgró “no lo pudo hacer en un monto que ronda el millón de pesos”. Estos montos deberán ser actualizados en el momento del juicio.
Mientras fueron funcionarios, Lobos y Sgró adquirieron una vivienda de 620 metros cubiertos en Guaymallén, un departamento y dos lotes, una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 308 y un cuatriciclo Can Am.
Esta causa penal tuvo su investigación paralela en lo Civil, con un fallo el 9 de febrero pasado que fue histórico, ya que se aplicó por primera vez la ley de Extinción de Dominio sobre los bienes muebles, al entender que podrían haber sido adquiridos con dinero producto de la corrupción.
La jueza María Paz Gallardo resolvió admitir parcialmente la acción de extinción de dominio iniciada por el Ministerio Público Fiscal y, en consecuencia, declaró “extinguido” el dominio de Lobos y Sgró respecto de tres inmuebles, “sin contraprestación ni compensación alguna a favor de los demandados, así como de sus frutos y productos, en caso de resultar aplicable”.
A su vez también se desestimó la acción de extinción de dominio respecto de los tres vehículos. Este fallo fue apelado por Lobos a la Suprema Corte.
“Cuestiones políticas”
Desde la defensa del ex dirigente peronista aseguraron a Los Andes que presentarán hoy pruebas con las que intentarán justificar todos los bienes que adquirió y están objetados por la Justicia. Y si bien se especuló respecto a algún pedido de nulidad, descartaron que vayan a realizar algún planteo en ese sentido.
No obstante, señalaron que “todo está orquestado por una Justicia vinculada al oficialismo, que pretende que este juicio se lleve a cabo en época electoral”.
En el entorno de Lobos entienden que, más que una causa judicial, los condimentos son políticos y que se intentará poner todo en escena en la época en la que estemos en Mendoza en plena campaña electoral (cuyas elecciones intermedias se realizarán, si todo sigue así, en agosto y octubre).
“Creemos que están manejando los tiempos para poder hacer el juicio en el ámbito eleccionario. A nadie le escapa que estamos cerca de las legislativas, por lo que confirmamos lo que ya todo sabemos, que este tema es político. Se pretende insertar el debate de Lobos en esta época. Es una jugada visible y confirma lo que ya sabemos”, agregaron.
Por parte de la querella se dice todo lo contrario: “La corrupción fue evidente en Guaymallén en esa época. Lobos y Sgró ya fueron encontrados culpables de administración fraudulenta por la Justicia, y esperamos que ocurra lo mismo en este caso”, añadieron.
Antecedentes
Lobos fue condenado en mayo del 2019 a 4 años y medio de prisión de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos; mientras que Sgró recibió una pena de 3 años y 4 meses de prisión.
La investigación se centró en la contratación irregular de dos personas en Guaymallén, quienes nunca cumplieron tareas en la comuna, sino en la casa de la madre de Sgró. Además el fallo reflejó que ellos mismos se quedaban con parte del salario que las dos personas cobraban, ya que -según los fiscales- las víctimas (Laura Fara y su hijo, Pablo Müller) nunca supieron que eran empleadas en la comuna.
Según declararon ante la Justicia, les habrían hecho creer que accedían a una “ayuda social” del municipio, pero solamente les daban una parte del salario. Se estima que la estafa fue por más de $ 400.000.
No obstante, la defensa también decidió apelar y la causa quedó en manos de la Sala II de la Suprema Corte.
Por otro lado, la otra causa que tendrá a Lobos en el banquillo es también por administración fraudulenta, por presuntas irregularidades en el alquiler de una planta de asfalto y maquinaria de la empresa Wanka SA. Sobre esta causa, la defensa se mostró en oposición a la elevación a juicio y la audiencia por el momento “está suspendida”, aseguraron.
