Dirigentes de espacios piqueteros y partidos políticos de Izquierda a nivel nacional viajaron a Mendoza para pedir por la liberación de Martín Rodríguez, uno de los referentes que tiene el Polo Obrero en la provincia y que está detenido desde la semana pasada tras movilizarse y cortar calles, en este caso en contra del proyecto de ley ómnibus.
De las figuras principales, realtaron Eduardo Belliboni, uno de los líderes del Polo Obrero a nivel nacional; y los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Romina Del Plá y Christian Castillo.
También estuvieron en la provincia Pablo Bres, del Serpaj, Ileana Celotto, Secretaria General de AGD UBA, Vilma Ripoll, dirigente del MST y Alejandrina Barry, Legisladora de la Ciudad, entre otros.
La Justicia mantiene detenido a Rodríguez
Mientras tanto, la Justicia de Mendoza no cede ante la presión de los movimientos de los partidos de Izquierda. Según mencionaron desde el Poder Judicial, Martín Rodríguez está alojado en la penitenciaría provincial y por el momento “seguirá detenido”.
El dirigente está bajo arresto por la figura de “reiterancia”, una violación al artículo 194 por haber movilizado el día 24 de enero en el marco del paro general y el 31 durante la sesión del Congreso.
A Rodríguez lo detuvo la Justicia el jueves 1 por la mañana en su domicilio, antes de concurrir a Casa de Gobierno para pedir por la liberación del exsenador del FIT Víctor Da Vila, que había sido detenido el día anterior.
Por otro lado, expresaron que Rodríguez “seguirá detenido” al menos hasta este martes, que tendrá una audiencia de acusación por causas anteriores de movilizaciones y cortes de calles. Se espera que el fiscal pida prisión preventiva, ya que “una de las condiciones por las que había recuperado la libertad era no cometer nuevos delitos. Ahora sumó una causa más y complicó su situación”, expresaron.
En tanto, Da Vila recuperó su libertad el sábado al mediodía previo rendir una fianza personal de $5 millones.
Según declaraciones del fiscal del caso, Fernando Giunta, Rodríguez está detenido “atento a la reiterancia en su conducta”; y destacó que “ya tiene 8 causas por el mismo delito que es el de entorpecimiento del transporte por el artículo 194, es decir por cortar las calles de Mendoza”.
Respecto a las fundamentaciones de la detención, aseguró que el año pasado hubo otra audiencia por 5 cortes de calles de parte del propio dirigente de Izquierda; “y la Jueza le había otorgado oportunamente la libertad con una caución y condiciones. Pero con posterioridad Rodríguez cometió 3 hechos más. La reiterancia del delito está clara, y además todo fue in fraganti”.
En tanto, el fiscal Darío Tagua, que también participa en la investigación, expresó, sobre la posible pena, que son todos hechos en forma independiente, pero que cabe “lo que el Código Penal califica como concurso real. Esto significa que va desde el mínimo de la pena, que son seis meses, y se multiplica el máximo de acuerdo a la cantidad de hechos que en concurso real haya cometido”.
Y expresó que la detención a Rodríguez “no fue arbitraria”, sino que “se le dio la oportunidad de seguir en libertad pero sin cometer nuevos delitos; y de forma flagrante volvió a cometerlos”.
“Se les dio la posibilidad de que ocuparan media calzada en su protesta. Pero no se puede cortar el tránsito. El artículo 194 es claro, hay un derecho constitucional de todos los ciudadanos de poder transitar libremente. Por lo tanto, los derechos a protestar, no implican que se puedan vulnerar los derechos de los demás ciudadanos, como ha ocurrido en este caso”, cerró el fiscal.
Dirigentes de Izquierda presionan
En tanto, para los dirigentes de Izquierda, “la prisión de dirigentes populares en Mendoza es un ataque gravísimo del gobierno de Cornejo a las libertades democráticas”.
La diputada Del Plá fue una de las que pidió, además de la liberación de Rodríguez, que “cierren todas las causas por movilizarse en la provincia”.
“Es gravísimo que se encarcele dirigentes de organizaciones populares simplemente por participar en movilizaciones. Además de Rodríguez, hay cinco compañeros y compañeras más a los que se pretende llevar a juicio. Se trata de una virtual prohibición del derecho a la protesta en la provincia, totalmente en línea con lo que quiere implementar Bullrich a nivel nacional”, sostuvo.
También expresó que la figura de “reiterancia” es “un artilugio legal con el que se lleva a prisión por simple reiteración de denuncias, sin juicio ni condena. Es una aberración legal y lo más grave es que se pretende impulsarlo en todo el país”.
En tanto, Belliboni dijo que lo que ocurre en Mendoza “ya lo vimos en Jujuy y otras provincias, y ahora Bullrich lo quiere nacionalizar. Pero los compañeros están presos por participar de movilizaciones que fueron convocadas por decenas de organizaciones inclusive por la CGT, y en las cuales participaron cientos de miles de manifestantes en todo el país”.
“Es un ataque a todo el derecho a la protesta que busca establecer un estado de sitio contra el pueblo en un momento en el cual se pretende aplicar un programa totalmente anti obrero”, cerró.
