El Plan de Modernización de la Provincia ejecuta un proyecto que modificará sustancialmente el proceso para realizar trámites desde el año que viene. A través de un software que se financiará con un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se busca “cruzar” las bases de datos de las reparticiones estatales con la intención de no pedirle a las personas información que el Estado ya tiene para realizar trámites.
En la práctica, por ejemplo, si una persona busca obtener una partida de nacimiento en el Registro Civil de Mendoza, el propio Registro no le pedirá una constancia adicional necesaria para el trámite. Además, se trabajará en un sitio web para que la ciudadanía se registre y desde allí pueda hacer diligencias sin ir a las oficinas estatales.
El subsecretario de Gestión Pública y Modernización, Ignacio Barbeira está al frente del proyecto Gobierno Digital, junto a Maximiliano Jaime, a cargo de la Dirección General de Informática y Comunicaciones dieron detalles a Los Andes sobre cómo funcionará.
En el Ejecutivo consideran que “hay que dar un salto” de calidad y jugar fuerte en la reconversión de sistemas informáticos con el objetivo de mejorar el servicio y optimizar procesos que tienen complejidad por la burocracia estatal conocida por los ciudadanos. Así, hay U$S 3,5 millones que provienen de un crédito del BID ya avalado para el programa Mendoza Tecnológica para destinar a esta iniciativa.
Frente a esta necesidad, el Gobierno de Mendoza abrió un proceso de licitación para la adquisición de nuevo equipamiento de seguridad informática y realización de obras (entre las cuales se destaca el tendido de fibra óptica) para el reacondicionamiento del “backbone” interno del Data Center del Gobierno y del backbone (redes troncales de conexiones) que lo une con el resto de los organismos gubernamentales. (Nota de la redacción: backbone significa columna vertebral).
“Hay como 500 sistemas desarrollados por distinta gente y con distintos lenguajes. Como no se puede reescribir todo, lo que hacemos es como ponerle una capa por encima a donde se vayan a conectar”, explicó Barbeira como para entender qué hará el software que va a adquirir y remarcando que todos los organismos han digitalizado parte de sus procesos.
El concepto “sólo una vez”
La columna vertebral de esta etapa que empezaría, según los cálculos a ejecutarse el año que viene con 5 trámites “testigo”, consta de cuatro partes. La primera apunta a incorporar tecnología para interoperabilidad, luego se trabajará en una reingeniería de procesos para que la ciudadanía “deje de pensar que debe pedir información”, apunta Jaime.
El profesional informático indicó que “los sistemas no se hablan entre sí, hay distanciamiento digital y a través de estas tecnologías lo que queremos es conectar cada uno de los distintos sistemas y aplicar el concepto de sólo una vez”.
El principio Once Only (Solo una vez) significa, en términos simples, que ningún organismo del Estado puede solicitar información a un ciudadano que el propio Estado genera o que en, algún momento, el ciudadano le aportó. En esta lista pueden incluirse Certificados de Escolaridad, Libres de Deuda, etc. que suelen solicitarse para realizar otros trámites.
Ya realizada la manifestación de interés, se espera por las ofertas que hagan las empresas que podrían conocerse en las próximas semanas de acuerdo al pliego diseñado con la idea de adjudicar antes de fin de año. Así, a principios del 2022 se empezará con el trabajo de validar los trámites testigos, capacitar y acompañar el proceso.
El complemento vendrá con un sitio web único para que ciudadanos y ciudadanas se registren con usuario y clave para acceder a distintas reparticiones para determinados trámites. De esa manera se evita darse de alta en cada organismo y se simplifican las gestiones.
Los datos no se comparten
Una de las aclaraciones importantes de este avance es diferenciar convivencia entre sistemas de acceso a datos. “Los datos de las personas no van a andar dando vueltas. No es que todos tienen acceso a todos los datos”, resaltó Barbeira.
A modo de ejemplo, si para algún trámite es necesario saber si una persona tiene deuda con el Impuesto Automotor, la base de datos dirá si la tiene o no. Esto no significa que se tenga acceso al detalle que tenga la base de la Administración Tributaria Mendoza (ATM).
Es decir, a las bases de datos sólo se les puede consultar si tiene o no deuda. “La interoperabilidad es que la información no se comparte pero se informan datos que deben informarse”, agregó el funcionario del Ministerio del Gobierno, Trabajo y Justicia.
“A este ritmo del desarrollo de sistemas y reconversión de procesos en marcha, en 2022 podremos poner en práctica ciertos trámites y evaluar entonces su efectividad, a la luz de los cambios introducidos y los ajustes que exigen modificaciones de esta envergadura”, señaló Ignacio Barbeira, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado.
Otra de las acciones, una vez aceitados los cambios en los requisitos como es no tener que pedir información, la idea es trabajar en normativas que regulen buenas prácticas. Y también trazar un camino de acá a 5 años para determinar cómo seguir avanzando en incorporación tecnológica.
