En un clima de gran expectativa, la Cámara de Diputados dio el primer paso para avanzar en la ampliación de las licencias por maternidad y paternidad. El oficialismo resolvió concentrar los esfuerzos en otorgar más días a los trabajadores registrados, y abordar más adelante la situación de monotributistas y autónomos, así como la situación de las cuidadoras comunitarias.
El proyecto “Cuidar en Igualdad”, presentado el año pasado por el Poder Ejecutivo, proponía un ambicioso sistema integral de cuidados. Sin embargo, el Frente de Todos decidió ir paso a paso y comenzar por las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) en lugar de impulsar una “ley ómnibus” que podría terminar fracasando.
Esa fue la estrategia que trazó el oficialismo en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad, donde se expusieron algunos de los 52 proyectos presentados y se vieron las primeras coincidencias entre los bloques, aunque aún no se puso fecha para la firma del dictamen.
“Tenemos distintos universos y hemos decidido comenzar por uno de ellos: abordar los proyectos que refieren a licencias, que tocan normativa existente, como la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley de Asignaciones Familiares, la Ley 24.249 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) y otras leyes especiales como la de Trabajadoras de Casas Particulares”, explicó la presidenta de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos).
Según cálculos oficiales, 5.000.000 de personas que están bajo este régimen se verían beneficiadas. “Esto nos trasciende partidariamente. Estamos de acuerdo en que la Ley de Contrato de Trabajo, en materia de licencias, así como está es discriminatoria. Avancemos sobre ese consenso”, alentó la camporista Marisa Uceda.
Por ahora, no está previsto convocar a empresarios u otros actores involucrados. Para el oficialismo, esa discusión ya fue superada en una serie de foros que realizó el Ministerio de Mujeres y Diversidad en distintos puntos del país.
“Muchos convenios colectivos de trabajo superan ampliamente la cantidad de días de licencia de la Ley de Contrato de Trabajo. No es que esto vaya a ser una sorpresa para el mundo empresarial. En muchos lugares ya las licencias de la LCT han sido superadas”, argumentó Siley, sindicalista judicial, en diálogo con la prensa acreditada.
El proyecto del Poder Ejecutivo aumenta la licencia de 90 a 126 días para las madres de manera inmediata; y para los padres se parte de 15 días (hoy son solo dos) hasta llegar a 90 en un lapso de ocho años. Los costos serán absorbidos por la seguridad social.
En ese punto, Silvia Lospennato (PRO) pidió que también participe del debate la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y anunció que le solicitará a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) una estimación del costo fiscal para comprobar que “no es un impacto inabordable”. “Va a haber que despejar algunos temores en torno a este tema”, dijo.
En el debate surgieron distintas propuestas a la luz de la experiencia personal de las diputadas (en su mayoría, mujeres). Por ejemplo, la radical Karina Banfi, madre de hijos adoptados, hizo énfasis en la necesidad de crear licencias por adopción (también propuestas por el Ejecutivo) que sean equiparables a la maternidad biológica.
En el mismo sentido, Camila Crescimbeni (PRO), quien el año pasado perdió a uno de sus gemelos tras el parto, pidió ampliar los días por muerte perinatal para poder llevar adelante el duelo. También propuso que la madre pueda tomarse hasta 15 días antes del parto (y no un mes) porque “la mayor parte de las mujeres elige tomarse la mayor cantidad de días después del nacimiento”.
Otra propuesta novedosa fue la de Mónica Fein, del Partido Socialista: su proyecto establece 110 días para los gestantes y 15 para los no gestantes, más 40 días a ser tomados por alguno de los progenitores (pero al menos la mitad de esa licencia tiene que ser gozada por el no gestante, para fomentar aún más la corresponsabilidad parental).
En Juntos por el Cambio hubo quienes encendieron alarmas sobre el momento del debate. “El telón de fondo de esta discusión es que alrededor del 40% de la población económicamente activa está en la informalidad”, planteó Fabio Quetglas (UCR). “Estamos en un contexto económico y social del cual no podemos estar ausentes”, coincidió Soledad Carrizo, del mismo bloque.
