La segunda jornada de debate sobre la “ley ómnibus” en la Cámara de Diputados le dejó una mala noticia al oficialismo. La oposición en pleno cuestionó la reforma electoral incluida en el proyecto y el Gobierno desistirá de avanzar ahora con esos cambios (que necesitan de una mayoría especial de 129 votos) para no poner en peligro la sanción de la norma.
“Si no están los votos para la reforma electoral, eso no va a trabar el tratamiento de la ley”, sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos, al participar del plenario de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. “De todos los temas de la ley, hoy es el que más puede salir”, admitió a este medio otra fuente de La Libertad Avanza.
Las críticas llovieron no solo desde Unión por la Patria, sino también desde del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal, tres bloques opositores que están predispuestos a facilitar la ley pero quieren incidir en el contenido. Todos reclamaron posponer el debate para las sesiones ordinarias, a partir de marzo.
“Me llevo todas las inquietudes que se plantearon. Seguramente tendremos que discutir entre lo necesario y lo oportuno y ver cuál es el ámbito en el que podemos avanzar”, dijo Francos, quien se retiró del Anexo C entre gritos del diputado Leandro Santoro (Unión por la Patria), que lo acusó de abandonar la reunión “para ir a comer”.
En el capítulo electoral, el proyecto propone ponerle fin a las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y modificar el sistema de financiamiento de los partidos políticos, eliminando los topes a las donaciones de privados y el límite máximo de gastos de campaña, además de reducir el aporte estatal.
Asimismo, se actualiza la cantidad de diputados nacionales según el Censo 2022. Para la elección, se busca implementar un sistema de circunscripciones uninominales que reemplazaría al actual sistema de distribución proporcional de bancas.
“¿Qué hace una reforma electoral en esta ley ómnibus? Sin debate, sin participación, sin escuchar a nadie, sin especialistas. Para eso están las sesiones ordinarias. Nunca estos temas se discutieron en extraordinarias”, planteó Germán Martínez, jefe del bloque Unión por la Patria, e insistió: “No es el momento. Debatámoslo a fondo. No le ponga una mordaza al Congreso”.
Margarita Stolbizer (Hacemos Coalición Federal) coincidió en que el tema “no constituye el nivel de prioridad que vive hoy la Argentina”, mientras que desde el PRO, Silvia Lospennato también pidió postergar la discusión para marzo, y además sumó cuestionamientos de fondo al sistema uninominal, al advertir sobre los riesgos para la representación de las provincias y de las minorías.
Rodrigo De Loredo, titular del bloque radical, fue tajante: “¿Quién los asesoró de traer estas cosas en este momento y con estas urgencias?”. El cordobés enfatizó: “Vamos a darle al Gobierno las herramientas más urgentes para que salga de este contexto frágil en lo económico, por eso pedimos que el Gobierno priorice, que focalice, que esté atento a la marcha de la economía”.
Bullrich y la protesta social
En la segunda parte del plenario, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció que retirarán del proyecto el polémico artículo 331, que definía a la manifestación social como una “congregación intencional y temporal de tres o más personas en el espacio público”. Dijo que hubo una “mala interpretación” y que ese artículo estaba “vinculado a la Ley de Tránsito”, pero ante la “confusión” decidieron eliminarlo.
La ministra defendió las nuevas sanciones para los piquetes, que incluyen penas de prisión más severas tanto para los manifestantes como para los organizadores. Precisó, según índices privados, que entre 2009 y 2023 hubo “85.200 piquetes”.
El proyecto establece que se deberá notificar sobre la protesta con al menos 48 horas de anticipación al Ministerio de Seguridad, que podrá oponerse o modificar día y lugar. “Se puede protestar todo lo que quieran, lo que no se puede es cortar la calle”, sentenció Bullrich en un debate con varios cruces con la oposición.
Además, confirmó que promoverán un nuevo Régimen Penal Juvenil y la baja de la edad de imputabilidad.
Escándalo de Cafiero
El plenario continuó con la exposición de los secretarios de la cartera económica Eduardo Rodríguez Chirillo (Energía), Pablo Quirno (Finanzas), Pablo Lavigne (Comercio) y Fernando Vilella (Agricultura). Entre las principales definiciones, Rodríguez Chirillo anunció que se modificará el segmento del proyecto vinculado a los biocombustibles.
La reunión transcurría con normalidad hasta que, entrada la noche, estuvo a punto de desmadrarse cuando José Luis Espert, quien presidía el plenario en ese momento, le cortó el micrófono al diputado Santiago Cafiero. El excanciller se paró de su asiento y caminó hacia la cabecera de la mesa en un gesto amenazante, reclamando a los gritos que le dieran la palabra.
