Descontando los 40 diputados libertarios (38 de La Libertad Avanza y dos de Buenos Aires Libre), los 102 de Unión por la Patria y los cinco del Frente de Izquierda, hay todo un universo de fuerzas intermedias y dialoguistas que se autoperciben a sí mismas como garantes de gobernabilidad y desean genuinamente que el presidente Javier Milei cuente con las herramientas que necesita para aplicar rápidamente las reformas ultra neoliberales contenidas en la polémica ley ómnibus.
Se trata del PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Más allá de la “buena fe”, lo que estos grupos opositores (que en su conjunto suman más de un centenar de voluntades) no están dispuestos a conceder es un cheque en blanco que le permita al jefe de Estado saltearse la institucionalidad del Estado de Derecho y la división republicana de poderes, para concentrar las decisiones de forma cuasi monárquica.
En el PRO son 37 diputados nacionales, pero hay tres más que podría calificarse como legisladores satélites ya que orbitan alrededor del mismo polo de poder político.
Con distinto grado de entusiasmo de acuerdo a cómo se posicione cada sector interno, en el bloque amarillo hay coincidencia es acompañar “el cambio” que lidera Milei y por ende no hay duda de que el voto en general va a ser en positivo a la mega ley.
“Desde el comienzo dijimos que nuestra intención es tener un acompañamiento responsable a lo que proponga el Presidente Milei y su gobierno, para que tengan las herramientas que necesitan en esta primera etapa para poner en marcha su plan de gobierno”, explican en la bancada que preside Cristian Ritondo.
Sin embargo, consideran que la delegación de facultades que permite la ley es excesiva y constituye un mensaje que está reñida con las buenas prácticas institucionales.
También hay salvedades respecto de la suba de retenciones a la soja, que se incrementa de acuerdo a la ley al 33%, lo cual representa un golpe a un sector como el campo que integra lo que el PRO considera su base social.
Tampoco agrada la eliminación de la fórmula de movilidad jubilatoria sin que haya un resguardo para los jubilados en momentos en que la inflación está disparando y amenaza con no tener techo. Los adultos de la tercera edad también son parte de la base electoral del partido fundado por Mauricio Macri.
Por último, genera rispideces en buena parte del PRO la propuesta de uninominalidad de circunscripción electoral.
La UCR, que tiene 34 diputados, también está haciendo esfuerzos denodados para salvar el plan neoliberal de Milei. Primero lo hizo presentado una ley espejo al mega DNU en ambas cámaras de Congreso, y luego con la propuesta del presidente de bloque, Rodrigo De Loredo, para fraccionar la iniciativa en varias propuestas separadas de manera tal que la oposición pueda acompañar aquellas medidas en las que se sienta de acuerdo y rechazar aquellas otras. Ninguna de las sugerencias fue atendida por el Gobierno.
Con la ley ómnibus sucede algo parecido. Le aseguran y reaseguran a Milei que quieren que la ley sea aprobada, pero no a libro cerrado ni a cualquier costo.
En la UCR los cuestionamientos son prácticamente los mismos, aunque en algunos casos con mayor énfasis. La delegación de facultades, la uninominalidad de circunscripción electoral, el ajuste a los jubilados y la suba de retenciones son cuestiones que para ellos son indigeribles e inaceptables.
Pero suman también otros rechazos como la reprivatización de YPF, que consideran innecesaria porque es una empresa que funciona con una lógica similar a la de una compañía privada y que da ganancias importantes. El neuquino Pablo Cervi está a la cabeza de quienes desde el radicalismo rechazan modificar el status de la empresa petrolera con mayoría estatal.
En Hacemos Coalición Federal es más complejo porque no hay posturas unánimes. Tiene que ver con el propio origen de esta fuerza parlamentaria de 23 legisladores que emergió la semana pasada a partir de la fusión a la fuerza de tres espacios preexistentes que poco tienen que ver entre sí, con el único propósito de conseguir lugares de representación en las comisiones.
Se trata de Cambio Federal de Miguel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, Hacemos Nuestro País (schiarettismo) y Coalición Cívica.
Quien levantó el perfil como vocero de este nuevo agrupamiento es Nicolás Massot, designado también como representante en la comisión bicameral de Trámite Legislativo donde va a tratarse el mega DNU.
“El acompañamiento para que florezca la iniciativa privada, para que la Argentina vuelva a insertarse en el mundo, para que multiplique sus exportaciones, para que desburocraticemos y le saquemos el pie que el Estado le ha puesto a la iniciativa privada en tantos campos, te garantizo que lo va a tener el gobierno”, explicó.
“Lo que hay que derribar es esta idea de que hay un único camino posible, que es con una delegación extraordinaria que ningún presidente en la Argentina, bajo ningún punto de vista y en ninguna crisis, aún peor que a la actual, se animó a pedirle al Congreso”, siguió Massot.
“Nosotros ya le comunicamos al Gobierno, y lo seguiremos haciendo de la mejor manera, que tiene un Congreso con total capacidad para formar mayorías, con toda la predisposición de trabajar desde el primer momento, nosotros no vamos a especular con el quórum, no vamos a demorar los procesos, entendemos la celeridad que necesita el tratamiento del DNI y de la ley, estamos ahí para discutirlo, pero hay que permitir los matices”, subrayó. .
Massot aclaró que no ven con buenos ojos la derogación de la fórmula de movilidad jubilatoria actual, “sin llenar un hueco sobre el cual hay una jurisprudencia larguísima de la Corte Suprema”.
“Ese es un punto muy claro en el cual nosotros queremos colaborar, pero queremos que el Congreso salga en acuerdo con el gobierno una fórmula de movilidad que deje tranquilo al gobierno en términos fiscales pero que también deje tranquilo a los jubilados en términos de tener una automaticidad en la recomposición de su ingreso”, expresó.
