La firma del dictamen de la “ley bases” y el paquete fiscal descomprimió apenas en parte la tensión que había en el Senado. El oficialismo apunta a sesionar el 12 de junio para aprobar ambos proyectos y devolverlos a la Cámara de Diputados, pero la cantidad de firmas en disidencia entre los senadores de la oposición dialoguista predice un final abierto en algunos capítulos.
La Cámara alta está en condiciones de sesionar la semana que viene, pero el oficialismo quiere terminar de asegurarse quórum y votos, y por eso pasaría la votación para la siguiente. Los dictámenes se dieron a conocer este jueves por la tarde y la cantidad de firmas en disidencia no es una buena señal para La Libertad Avanza.
Las firmas en disidencia son un mecanismo que habilita el reglamento para acompañar el espíritu del dictamen, pero a la vez expresar disconformidad en algunos puntos. En los hechos, significa que los legisladores condicionan su apoyo a determinados capítulos o artículos, y seguirán negociando hasta último momento para conseguir más cambios.
El despacho de la “ley bases” recibió 21 firmas, de las cuales 10 fueron en disidencia (algunos senadores tienen firma doble en las comisiones). Fueron los radicales Eduardo Vischi, Víctor Zimmermann, Pablo Blanco y Flavio Fama; Guadalupe Tagliaferri del PRO; Alejandra Vigo y Edgardo Kueider de Unidad Federal; la rionegrina Mónica Silva; la neuquina Lucila Crexell; y el santacruceño José Carambia.
En el paquete fiscal, en tanto, se registraron 9 firmas, de las cuales 7 fueron en disidencia. Solo dos senadores firmaron de manera plena: el jefe del bloque oficialista, Ezequiel Atauche, y el exgobernador salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal). Todos los demás lo hicieron con objeciones.
Hubo senadores que firmaron ambos dictámenes en disidencia, como el caso de la cordobesa Vigo, que entre otras cosas no consiguió un cambio para que la moratoria previsional termine su vigencia el año que viene en lugar de ser eliminada. El proyecto reemplaza ese sistema por uno de prestación proporcional que deja desprotegidas a las mujeres de 60 años sin aportes completos.
A pesar de todo, la vicepresidenta Victoria Villarruel buscó capitalizar el logro de los dictámenes desde el Senado, aunque en la negociación final también fue clave la intervención del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en cuestión de horas destrabó los avales que faltaban con una serie de promesas.
“Tenemos dictamen en la Ley Bases y el paquete fiscal. Quiero agradecer el trabajo conjunto de los senadores y el jefe de Gabinete y equipo, pero principalmente del grupo de trabajo del Senado, que incluso de madrugada han trabajado y aportado su esfuerzo para que el presidente Javier Milei tenga las leyes que envió a nuestro Senado. Orgullosa de quienes me acompañan día a día”, publicó Villarruel en redes sociales.
El jefe del bloque de la Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, destacó por su parte “la buena predisposición de muchos senadores de diferentes bloques que acompañaron con su firma, entendiendo que el Poder Ejecutivo debe contar con estas leyes para llevar adelante el proyecto que la sociedad eligió en las urnas”.
“Vendrá ahora la parte del debate y posibles modificaciones que hayan quedado pendientes. Será parte de este proceso que hemos de continuar para sacar la mejor ley en el recinto y darle al presidente Javier Milei estas herramientas para hacer a la Argentina grande otra vez”, afirmó el senador jujeño.
Polémica por las dietas
Tras un nuevo escándalo por un aumento del 9% en las dietas de los senadores nacionales, los jefes de bloque en la Cámara alta le pidieron a Villarruel que, por esta vez, no les otorgue el incremento, que está atado a la paritaria que acaban de suscribir los gremios legislativos con las autoridades de ambas cámaras.
El pedido fue formulado a través de una nota que firmaron Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza), Eduardo Vischi (UCR), Carlos “Camau” Espínola (Unidad Federal), Juan Carlos Romero (Cambio Federal), José Mayans y Juliana Di Tullio (Unión por la Patria) y Carlos Arce (Frente de la Concordia Misionero).
“Solicitamos expresamente que la liquidación sea tal cual la realizada el mes anterior, sin contemplar los incrementos brindados al personal del Senado de la Nación”, indica la misiva que llegó a manos de Villarruel.
De todas maneras, en el entorno de la vicepresidenta sostienen que cualquier marcha atrás debe votarse en el recinto porque Villarruel no tendría atribuciones para hacerlo por sí sola. “No se puede retrotraer desde la Presidencia una decisión que tomó el cuerpo en una sesión. Los senadores saben que es ilegal que la Presidencia baje una decisión votada por el cuerpo”, explicaron.
En la carta de jefes de bloque hubo una firma ausente: la de Luis Juez, del PRO. Según la versión del cordobés, el pedido es “una trampa” porque “pretende esconder la verdadera discusión que hay que seguir sosteniendo, que es retrotraer la situación a aquella sesión bochornosa, horrible, fraudulenta y mentirosa donde terminamos aumentándonos el sueldo el 100%”.
De esa manera, se refirió al aumento que se dieron los senadores el último 18 de abril, por el cual pasaron a percibir más de $7 millones brutos (cerca de $4,5 millones de bolsillo). Juez sostiene que en aquella sesión se opuso al incremento, pero no lo manifestó en el recinto y tampoco quedó registrado porque la votación fue a mano alzada.
Después de esa polémica, el senador presentó un pedido de sesión especial para tratar un proyecto que retrotraiga los aumentos, al cual (según afirma) adhiere todo su bloque. No obstante, Villarruel no convocó hasta ahora a esa sesión para no poner en peligro la “ley bases” y el paquete fiscal, donde el oficialismo tiene puesto el objetivo.
Como sea, una vez superado el debate de la “ley bases” y las medidas fiscales, Juez sostiene que insistirá con el tema. “Nuestro bloque quiere una sesión especial para que discutamos cómo retrotraemos la situación al momento anterior a la locura demencial de que en 45 segundos el Senado terminó multiplicándose el sueldo”, enfatizó.
