Tras la sanción de la norma, el Gobierno busca profundizar las intervenciones sobre inmuebles abandonados o utilizados para actividades delictivas.
El Gobierno difundió el primer balance desde que la normativa fue sancionada, que incluye demoliciones, tapiados y medidas preventivas en distintos departamentos.
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Una semana después de que la Legislatura convirtiera en ley el régimen conocido como “Antiaguantaderos”, el gobierno de Alfredo Cornejo dio a conocer un balance de las intervenciones que viene realizando sobre propiedades abandonadas o vinculadas con actividades delictivas.
Desde octubre de 2025 se iniciaron 60 expedientes y se actuó sobre 23 inmuebles, entre demoliciones, tapiados y otras medidas preventivas. La medida comenzó a implementarse mediante un programa del Ministerio de Seguridad y Justicia y la semana pasada obtuvo respaldo legislativo.
El Senado sancionó definitivamente la ley por 33 votos afirmativos y dos negativos, luego de que la iniciativa ya hubiera recibido media sanción de Diputados.
Los números fueron difundidos durante una recorrida que realizaron Cornejo; la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus; y el intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, por el Centro Integrador Comunitario (CIC) del barrio Paraguay.
En ese sector, en julio pasado fueron demolidas construcciones que, según informó el Ejecutivo provincial, eran utilizadas como aguantadero. Dos meses después, el predio fue recuperado por el municipio con distintas obras y volvió a ser utilizado para actividades comunitarias, deportivas y sanitarias.
“Acá había un aguantadero que tiramos abajo y hoy, dos meses después, el lugar quedó completamente recuperado”, señaló Cornejo durante la recorrida.
El Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con Fines de Seguridad Pública y Ciudadana comenzó a funcionar en octubre de 2025. Desde entonces, Seguridad abrió 60 expedientes relacionados con propiedades abandonadas o asociadas a situaciones que afectan la seguridad pública.
Hasta el momento se concretaron 23 intervenciones. De ese total, 13 fueron demoliciones de construcciones ubicadas en el Gran Mendoza, precisamente en Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz y Las Heras.
A ellas se sumaron cuatro inmuebles tapiados en Godoy Cruz y Guaymallén y otras seis medidas preventivas en propiedades de Ciudad, Guaymallén y Las Heras para evitar que pudieran ser utilizadas como aguantaderos. La comuna dirigida por Calvente encabeza la cantidad de procedimientos, con diez intervenciones.
La ministra Rus indicó que las actuaciones se realizan en coordinación con los municipios y sostuvo que la reciente sanción de la ley le otorgó un marco permanente al mecanismo que la Provincia ya venía utilizando.
“Estas intervenciones permiten devolverles a los vecinos sectores que anteriormente estaban abandonados o eran utilizados para actividades delictivas. Esto contribuye a la seguridad de los espacios públicos, mejora el entorno urbano y brinda mayor tranquilidad a la comunidad”, sostuvo Rus.
La denominada Ley Antiaguantaderos creó un Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles y estableció al Ministerio de Seguridad y Justicia como autoridad de aplicación.
La norma permite actuar sobre propiedades abandonadas, deterioradas o utilizadas para el acopio o comercialización de estupefacientes, así como para la planificación, ocultamiento o ejecución de delitos.
Las medidas pueden incluir el tapiado o cerramiento de accesos, clausuras parciales o totales y, cuando las condiciones de seguridad lo justifiquen, la demolición controlada de una parte o de la totalidad de la construcción.
“Vamos a seguir avanzando porque ahora esta acción cuenta con el respaldo de una ley y se consolida como una política de Estado”, afirmó la funcionaria.
El procedimiento debe contar con informes técnicos y policiales, actas y la correspondiente notificación a los propietarios, quienes tienen la posibilidad de presentar una oposición y solicitar la revisión de la medida.
La legislación no habilita desalojos por vía administrativa. En los casos en los que una propiedad se encuentre ocupada de manera permanente, deberá intervenir la Justicia. También establece que las medidas tienen carácter preventivo y no sancionatorio.
Las actuaciones pueden iniciarse de oficio o a partir de pedidos de vecinos, municipios, organismos públicos o privados y requerimientos judiciales.
El caso del barrio Paraguay mostró otra etapa del procedimiento. Una vez demolidas las construcciones señaladas como aguantadero, la Municipalidad de Guaymallén avanzó con la recuperación del Centro Integrador Comunitario y de su entorno.
Los trabajos comprendieron la construcción de muros y contrapisos, reparaciones de techos y revoques, colocación de cielorrasos en aulas y oficinas, renovación de instalaciones eléctricas y arreglos en baños y murales.
Además, se construyeron y recuperaron veredas internas y externas, se incorporaron rampas para acceder al centro de salud y se realizaron el cierre perimetral y la iluminación de la cancha y otros sectores del predio. Actualmente funcionan allí espacios deportivos y recreativos, el centro de salud y sectores utilizados por organizaciones sociales y centros de jubilados.
Calvente señaló que hace dos meses el sector estaba prácticamente abandonado y destacó que actualmente cuenta con una plaza, una cancha de fútbol y las instalaciones destinadas a los servicios sanitarios y las entidades sociales.
Por su parte, Cornejo sostuvo que la intención del Ejecutivo es extender este tipo de intervenciones a otros puntos de la provincia. “Un aguantadero menos no es solamente una construcción que se derriba. Es un lugar que deja de estar al servicio del delito y puede volver a ser parte del barrio”, afirmó.
