En la semana de retorno de la Legislatura provincial, la Cámara de Senadores otorgó este martes sanción final a la reforma del Código Procesal Penal, que busca mejorar los tiempos y la dinámica de las causas de la Justicia en la provincia.
La votación resultó 19 a 17 en el Senado. Los cambios apuntan a reducir dilaciones y optimizar el sistema acusatorio de la Justicia. Por qué la oposición votó en contra.
Cámara de Senadores de Mendoza.
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Prensa Legislatura La vicegobernadora, Hebe Casado.
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Prensa Legislatura Adriana Cano, senadora del PJ.
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Prensa Legislatura En la semana de retorno de la Legislatura provincial, la Cámara de Senadores otorgó este martes sanción final a la reforma del Código Procesal Penal, que busca mejorar los tiempos y la dinámica de las causas de la Justicia en la provincia.
En una reñida votación que resultó 19 a 17, la iniciativa profundiza las modificaciones realizadas en los últimos años y apunta a dotar de "mayor agilidad, transparencia y precisión a los procedimientos judiciales". A favor votó todo el frente Cambia Mendoza, mientras que el PJ, La Unión Mendocina y el Partido Verde se inclinaron por los votos negativos y manifestaron que faltó "debate" y "análisis" del proyecto y una "omisión" de aportes de expertos en la materia.
Durante el tratamiento, el senador radical Walther Marcolini sostuvo que el proyecto busca dar "mayor dinamismo" a la etapa de la investigación preparatoria dentro del sistema acusatorio de Mendoza.
Subrayó que esta reforma "sigue la línea de otras doce leyes sancionadas desde 2016" con el objetivo de hacer el proceso penal "más ágil, transparente y preciso".
"Los cambios propuestos impactan principalmente en la etapa de la investigación penal preparatoria, incorporando modificaciones a varios artículos e introduciendo el artículo 362 bis, que establece cómo se resuelven las discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías", detalló.
Entre los aspectos clave mencionados, destacó la modificación del artículo 22 del Código para evitar dilaciones en la etapa investigativa, así como la regulación de nulidades en el artículo 201, estableciendo momentos específicos para plantearlas. También mencionó la facultad del fiscal de archivar causas según el artículo 346, con posibilidad de revisión por parte del juez de garantías, y el refuerzo del control sobre las pruebas rechazadas en el artículo 347.
Sobre las apelaciones, Marcolini precisó que se limita su alcance a casos específicos en los artículos 350, 355, 466, 481 y 482, evitando "demoras innecesarias".
Además, resaltó el nuevo procedimiento ante discrepancias entre el fiscal y el juez de garantías: "Si el fiscal plantea un sobreseimiento y el juez no está de acuerdo, la decisión pasa al fiscal adjunto penal. Si este último coincide con el fiscal inferior, el juez deberá resolver en la materia. En caso contrario, la causa se transfiere a un fiscal subrogante, asegurando así una doble revisión del proceso".
Finalmente, el senador señaló que, en términos generales, se busca "mayor rapidez en la resolución de causas, descongestión del sistema judicial, reducción de audiencias innecesarias y mayor seguridad jurídica al precisar plazos y procedimientos".
Desde el peronismo fundamentaron su voto en contra y adujeron "falta de un debate profundo y omisión de aportes de expertos en la materia".
"Estamos ante una nueva oportunidad perdida de hacer bien las cosas. Se aprobó una reforma con impacto directo en la administración de justicia sin haber escuchado las voces de especialistas, colegios profesionales ni instituciones académicas", señaló Adriana Cano, jefa de bloque del PJ.
Entre las principales críticas, Cano advirtió que la reforma "no acelera el proceso judicial", sino que genera "mayor complejidad" al "postergar resoluciones clave para la etapa del juicio". Además, remarcó que el texto aprobado "debilita garantías fundamentales, como el derecho a la defensa, al limitar la posibilidad de apelación en situaciones que pueden ser irreparables para los acusados".
"Lejos de fortalecer el sistema de justicia, esta reforma consolida un modelo en el que el Ministerio Público gana más poder, amplía sus facultades en la etapa de investigación y limita la participación de las partes antes del debate. Por ejemplo no poder discutir la calificación legal antes del debate, cercena el derecho de defensa. Limitar las apelaciones y las nulidades, entorpecerá el debate, haciendo más complejas las causas y gastando más recursos” detalló.
Otro de los puntos más cuestionados fue la falta de tratamiento legislativo. "Este 'procedimiento exprés' desconoce el rol del Poder Legislativo como espacio de debate y construcción de consensos", indicó.
Asimismo, recordó que el Directorio del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción y las cátedras de Derecho Procesal Penal de la UNCuyo presentaron objeciones y propuestas que fueron ignoradas. "No se tuvieron en cuenta aportes valiosos de especialistas. Se legisló de espaldas a quienes realmente entienden del tema", agregó.
"No estamos en contra de mejorar el Código Procesal Penal, pero sí de hacerlo mal, sin transparencia y sin debate. Mendoza necesita soluciones reales, no reformas a las apuradas", concluyó.