El oficialismo mendocino respaldó la decisión del gobernador Rodolfo Suárez de asignar 12 mil hectáreas a privados para desarrollar un centro de Ski al oeste de Malargüe a través del Decreto 2138/21. Durante la sesión del Senado de este martes, desde la bancada radical se esgrimieron una serie de argumentos explicando que el procedimiento no tiene ninguna irregularidad y que se hizo siguiendo la legislación vigente y con el aval de la Fiscalía de Estado. En tanto, aprobaron un pedido de informes del peronismo al respecto y denunciaron que la oposición ha planteado dudas infundadas para obtener un rédito político.
Concretamente, los senadores radicales mendocinos se enfocaron en los aspectos legales y jurídicos en los que se basó el mandatario provincial para la firma del decreto a finales del 2021. Repasaron los decretos y leyes nacionales y provinciales que fueron el sustento para la asignación del terreno ubicado en la zona de Potreros de la Cordillera a la empresa El Azufre S.A.
Remarcaron que la última palabra sobre el tema la tiene la Nación y explicaron por qué no correspondía realizar una licitación de las tierras, ni un concurso público. Asimismo, hicieron hincapié en que la norma cuenta con el aval de la Fiscalía de Estado, comandada por el fiscal Fernando Simón.
En tanto, los referentes oficialistas criticaron con vehemencia a la oposición por pretender tender “un manto de sospecha” sobre la decisión del gobernador para lograr “notoriedad pública”.
Argumentos oficialistas
La senadora radical Natacha Eisenchlas se encargó de defender la legalidad del proceso que llevó a la firma del decreto 2138/21 y se refirió a los aspectos legales y jurídicos de la norma.
“Si quienes han hablado del tema hubieran leído la legislación vigente y el dictamen del Fiscal de Estado, no tendríamos que haber escuchado una cantidad tan grande de inexactitudes, de cosas que no son ciertas, de faltas a la verdad y de desconocimiento”, disparó la legisladora.
Explicó que a través del decreto 1551 del año 1969 la Nación, propietaria de las tierras en cuestión, le dio la posesión a la provincia de Mendoza de las mismas. Luego remarcó que las leyes 18.575 (1970), y 21.700 (1978) determinaron que el Estado debe lograr la “radicación de pobladores argentinos, mejorar infraestructura y explotar los recursos naturales” y que para lograrlo se debe tener especialmente en cuenta “actividades agropecuarias, forestales, mineras, industriales, pesqueras, turísticas, energéticas, sociales o urbanísticas y de conectividad”.
Detalló también que en 1991 el entonces gobernador José Octavio Bordón firmó un convenio con Nación, ratificado a través de un decreto, en el cual se hacía referencia al destino final a las tierras ubicadas en la zona de Potreros de la Cordillera y que la provincia debía hacer una serie de acciones que debería ser autorizadas por la Nación.
“La Nación va a ser la que tiene la palabra final sobre este tema. Están hablando de regalo, de cesión, de una cantidad de conceptos que no tienen nada que ver porque es una asignación precaria que puede ser revocada por la Nación o por la Provincia”, manifestó Eisenchlas.
En tanto, subrayó que “el decreto no tiene ningún viso de ilegalidad, porque cumple todas las disposiciones nacionales y provinciales vigentes. No obstante eso, el gobernador decidió mandar la situación a la Fiscalía de Estado para que no hubiera ningún margen para la duda. No había obligación de hacerlo, pero lo hizo. La Fiscalía de Estado dijo que no existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación”.
La legisladora explicó que la provincia no podría licitar esas tierras ya que no les pertenecen, sino que son propiedad de la Nación. Indicó también que no corresponde un concurso público porque se trata de una situación precaria y no se está enajenando el patrimonio provincial y aseguró que no hay ningún reclamo por la titularidad de las tierras y no existen conflictos legales con los puesteros.
Posteriormente, la dirigente suarista apuntó directamente contra las críticas provenientes de algunos legisladores del peronismo y sostuvo que “no he escuchado la posición de los intendentes de la oposición”.
“Han hecho juicios de valor y tienen un desconocimiento profundo o una intención de faltar a la verdad para confundir y sembrar la duda. Se trata de una asignación precaria que puede ser revocada y cuya palabra final la tiene la tiene la Nación. Luego vendría la etapa de declaración de impacto ambiental y todo lo que tanto la Nación como la Provincia le soliciten. El gobernador no está decidiendo nada definitivo en esta etapa”, indicó.
Continuó diciendo que “se ha pretendido extender un manto de sospecha” y consideró que “algunos dirigentes políticos necesitan una notoriedad pública que no tienen de otra forma, pero lo están haciendo a costa de un enorme perjuicio a la credibilidad de las instituciones”. “Quieren que al gobernador Suárez le vaya mal. Les molesta que haya inversiones y que a esta provincia le vaya bien, porque es una especulación electoral”, concluyó.
Por su parte, el presidente del bloque de senadores de la UCR, Alejandro Diumenjo, lanzó una serie de consideraciones políticas sobre el tema y también cargó contra el PJ.
“Las dudas son razonables, pero acá no hay dudas, acá se juzga. Se usan todos adjetivos maliciosos. Vienen a plantearnos estas dudas con toda intencionalidad política. Quieren desviar los temas porque no tienen un proyecto de provincia y no saben a dónde conducir el PJ cooptado por La Cámpora”, aseguró.
Pedido de informes
El debate en torno a El Azufre se desencadenó por un pedido de informes presentado por el presidente del bloque de senadores del justicialismo, Lucas Ilardo. El él solicitó que el Ejecutivo remita las copias de los expedientes e informes vinculados al proceso de asignación de las tierras y aclare la participación que han tenido los organismos provinciales y nacionales en el mismo. El oficialismo acompañó el requerimiento opositor en la sesión de este martes.
Durante su intervención, el dirigente peronista afirmó que tiene dudas acerca de “si se trató un procedimiento oscuro que genera sospechas, si hay posibilidad de que haya un negocio inmobiliario de fondo, si hay posibilidad de que estén involucrados extranjeros, si está en riego la soberanía de nuestro territorio”.
“El procedimiento fue oscuro porque lo podría haber hecho de manera más transparente el gobernador. No fue ilícito, él puede sacar un decreto, pero podría haber hecho partícipe a la Legislatura y al resto de las fuerzas políticas”, esgrimió.
Al mismo tiempo advirtió que “es raro y permite sospechar que hay un negocio inmobiliario porque no han podido explicar por qué 12 mil hectáreas”. Puso como ejemplo que el centro de ski más grande de América Latina tiene 2 mil hectáreas y sostuvo que ni el gobernador, ni el ministro de Gobierno ni el Fiscal de Estado dieron fundamentos sobre la extensión del terreno.
“Es raro, sospechoso y oscuro. Es un hecho absolutamente dudoso”, concluyó señalando el autor del pedido de informes, quien dejó un mensaje para el titular de la Fiscalía de Estado. “Si yo fuera el Fiscal de Estado estaría bastante asustado de tanto elogio radical. Le mando un saludo grande y le diría que esté atento a tanto elogio radical”, deslizó.
A su vez, Silvina Camiolo, senadora peronista oriunda de Malargüe, solicitó también que se informe qué ocurrirá con las familias de puesteros que residen en la zona. “No desconozco las leyes, pero estoy trayendo es que en los escritorios de Mendoza creen que existe una geografía sin pueblo y que todos los campos de nuestro departamento están deshabitados”, apuntó.
“Estoy feliz que un grupo inversor se haya dado cuenta de las riquezas y el potencial que tiene nuestro departamento, pero nada puede ser a cualquier costo. La pregunta que traemos es qué va a pasar con los puesteros de la zona”, afirmó.
Por otro lado, el senador del Partido Verde, Marcelo Romano, aseguró que el decreto en cuestión “entrega la soberanía en materia territorial y ambiental”. Pidió al gobernador que dé marcha atrás con el decreto y convoque a una licitación pública nacional e internacional y avisó que “vamos a hostigar legislativamente al oficialismo para que traigan a todos los funcionarios”. Asimismo, solicitó que el Fiscal de Estado acuda a la Legislatura para explicar por qué dio el visto bueno a “un mamarracho jurídico”.
