La Secretaría de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Lavalle firmaron un convenio por $16.112.153,11 que tendrán como destino el equipamiento de un Centro de Integración Comunitaria de la Tupac Amaru.
No es el primer salvataje que le hace la comuna que comanda Roberto Righi a la organización social que lidera Nélida Rojas. El intendente gestionó fondos para terminar 250 casas que quedaron paralizadas cuando saltó el escándalo por denuncias que terminó con la detención de Rojas en abril del 2017.
La dirigente, actualmente procesada por causas relacionadas a la Tupac Amaru, es precandidata a diputada provincial por La Base, la agrupación que integra su abogado Alfredo Guevara, con aspiraciones a la gobernación dentro del Frente Elegí. Justamente el sábado, en un salón de la Tupac presentó oficialmente la candidatura.
El decreto municipal firmado por Roberto Righi crea una partida extrapresupuestaria en el marco del “Programa de Integración y Desarrollo Humano “Participar en Comunidad” Proyecto Municipalidad de Lavalle - Provincia de Mendoza – Subsidio Institucional de Equipamiento Área Social y Salud de un CIC Tupac Amaru, para ingresos y gastos por la suma de $16.112.153,11.
De acuerdo a la normativa, “en el Presupuesto Municipal para el año 2.023 Ordenanza Nº 1200/2022; Decreto Municipal Nº 01/23, autoriza al Departamento Ejecutivo, para un incremento de un determinado recurso o financiamiento, a incrementar partidas de erogaciones en la misma cuantía de modo de ajustarlas a los requerimientos de la ejecución, en virtud de los fondos que ingresan a través de convenios que suscriba el Departamento Ejecutivo en distintos organismos”.
Las casas que terminan otros
Los Andes contó en enero de este año que el intendente de Lavalle Roberto Righi anunció la finalización de todas las viviendas que estaban inconclusas por parte de la organización social Tupac Amaru, grupo que las había iniciado con fondos de Nación durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y en la cual sus principales líderes en Mendoza aún siguen siendo investigados por la Justicia provincial por usurpaciones y amenazas.
El jefe comunal cerrará, de esta manera, un larguísimo y accidentado proceso de construcción de las últimas 250 casas en el departamento, que fue donde principalmente se desarrolló la organización piquetera.
Será el propio Righi, intendente que fue imputado por la fiscal Gabriela Chaves, y posteriormente sobreseído por pedido de la propia fiscalía, quien tras largas gestiones comunales y provinciales, terminará las viviendas, tras la transferencia de los terrenos realizada por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), más la inversión que salió de Nación, bajo el programa Reconstruir del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
En total se invierten unos $1.200 millones los que entregó Nación para la finalización de las viviendas, que da un promedio de $4,8 millones por casa. No obstante, en diálogo con Los Andes, Righi señaló que es posible que este número sea mayor producto de la inflación. También dijo que son 4 las empresas que están trabajando en este programa de construcción.
Las casas a entregar están ubicadas en 3 grandes zonas: 211 viviendas en Tulumaya, 31 en Las Violetas y 8 en La Pega. Sin embargo, el monto varía según cada caso, ya que tenían diferentes porcentajes de avances. Un dato importante: ninguna llegó al 20% de edificación, y por otro lado, varias debieron ser reconstruidas, ya sea por no seguir códigos de construcción, o porque estaban ya deterioradas por el paso del tiempo.
Además del levantamiento de las casas, se entregarán con completa urbanización, infraestructura y servicios, tales agua, red eléctrica y alumbrado público, cloacas, cordón, cuneta y enripiado. El Intendente marcó también que lo único que resta es instalar una estación de bombeo solicitado por Aysam para tener las cloacas.
