Janina Ortiz quedó a partir de este miércoles suspendida de su cargo como legisladora y también del cobro de su dieta hasta que la Justicia determine si es culpable o inocente de dos causas que pesan en su contra mientras era funcionaria de la comuna de Las Heras: una por coacciones agravadas; y otra por fraude a la administración.
Lo cierto es que, sin perder tiempo, su abogada defensora, María Elena Quintero, prepara una batería de presentaciones ante la Suprema Corte de Justicia para que se retrotraiga la medida tomada en la Legislatura, y Ortiz recupere su banca en la Cámara Baja.
En diálogo con Los Andes, la letrada aseguró que habrá tres presentaciones sobre el mismo tema, y todas irán a parar al máximo tribunal de Justicia de Mendoza. Estas serán una medida cautelar, una acción de amparo y otra acción de inconstitucionalidad; y tiene hasta el 11 de abril para delinear y entregar los escritos.
“La acción de amparo la presentaremos por todas las violaciones que se han producido respecto de los derechos de Janina Ortiz, mientras que la medida cautelar pretendemos que se acciones para que la medida de la suspensión no se haga efectiva y se retrotraiga mientras analiza la Suprema Corte el fondo de la cuestión”, informó Quintero.
Por otro lado, la acción de inconstitucionalidad se presentará teniendo en cuenta que, según la letrada, “todo el procedimiento que se realizó en la Cámara de Diputados por parte del oficialismo violó la norma constitucional”.
“La norma que establece el desafuero marca que se debe estar ante una situación con motivos expuestos para dictar una prisión preventiva. Janina Ortiz no ha estado en esa situación y de hecho prefirió no accionar ante la Justicia en diciembre pese a esta violación de sus derechos. Pero por esta misma situación de inacción judicial ahora la suspenden”, cuestionó Quintero.
Además, sostuvo que debería haber primado el principio de “non bis in idem”, que consiste en que “ninguna persona puede procesalmente ser perseguida más de una vez por el mismo hecho”, es decir “la expresa prohibición de la doble o múltiple persecución por un mismo hecho”.
En este sentido, se amparó en el artículo 167 de la Constitución, que marca que “producida acusación por delitos comunes contra un miembro de la Legislatura (...) y existiendo mérito bastante en las constancias del proceso para decretar la prisión preventiva, comunicados los antecedentes a petición de parte, a instancia fiscal o de oficio por el juez, a la Cámara legislativa a que pertenezca el acusado, a la Cámara de Diputados o al Jury, en los respectivos casos, deberá procederse al desafuero o a la suspensión del acusado . . .”.
Para la abogada de la suspendida legisladora de La Unión Mendocina, la Cámara ya se expidió el 20 de diciembre pasado “haciendo lugar al desafuero y no a la suspensión”, y no podría haber avanzado en la suspensión porque debían “elegir” entre suspensión o desafuero. “Lo que la Constitución establece entonces es una opción y no una sumatoria”.
“No era viable analizar la cuestión relacionada con dichas causas penales, sin violentar también groseramente el principio ‘non bis in idem’”, se puede leer en parte del texto que entregó este martes ante la
Y fundamentó, ante la respuesta de legisladores del oficialismo que consideran que esto ocurre en el ámbito penal y no en el legisltivo, que “el ‘non bis in idem’ es una garantía para todos los procesos, no solo para el penal.
Suspensión
Por otro lado, la abogada consideró también que el hecho de estar suspendida “no modifica en nada a nivel judicial de Ortiz porque, contrario de lo que se informa, está sometida a proceso”.
También mencionó que, de forma “curiosa”, este mismo miércoles la notificaron desde la Justicia que “dieron lugar a que se realice una pericia caligráfica” sobre las resoluciones y documentos que Ortiz desconoció haber firmado, en la causa por coacciones.
“Mi defendida está sometida a proceso, tenemos audiencias en los expedientes de ella para dar lugar a planteos, porque no me han permitido presentar pruebas. Es una burda mentira que ella no esté sometida a proceso o que es indigna su actitud, como expresaron en la sesión”, consideró.
Y agregó que “las dilaciones que ellos expresan no son así. Se trata de planteos jurídicos que hemos hecho, por violaciones a los derechos de ella. No podemos permitir que se avasallen sus derechos. Estos son carrilles los jurídicos distintos a los politicos”.
“Lo resuelto por la Cámara es inconstitucional porque han ‘condenado’ dos veces un mismo hecho. Ellos dicen que esto es político y no se meten en la parte jurídica. Pero lo cierto es que en estos tres meses que pasaron entre el desafuero y la suspensión, nada se ha modificado. Hubo un mes de feria; pero sólo la citaron desde la Justicia luego del desafuero. Después nunca más”, añadió.
“La ley es clara. Es suspensión o desafuero. Es por eso que ahora iremos a la Corte con acciones que tenemos habilitadas legalmente para esto. Además, hemos planteado acciones que trascienden Mendoza. Ya hay una denuncia presentada por la clara persecución política a una mujer”, zanjó, en relación a su defendida.
Finalmente, para Quintero, hay también “un agravante” en toda esta situación, y es que el Ministerio Público Fiscal “ha respondido con un informe a la Cámara faltando a la verdad, con una presentación totalmente subjetiva. Esto nos da lugar y nos habilita a hacer un planteo sobre el accionar del Ministerio Público Fiscal”.
Sin lugar en la Cámara
Fue este miércoles cuando la Cámara de Diputados decidió suspender a Ortiz, legisladora de La Unión Mendocina (LUM), por “no haberse puesto a disposición plena” de la Justicia, que la investiga por causas de coacción agravada y también fraude a la administración pública.
Mientras persista dicha suspensión, no cobrará su dieta de diputada.
El Frente Cambia Mendoza, que fue quien impulsó la suspensión, consiguió los dos tercios de los votos que eran necesarios, con apoyo de parte del Partido Justicialista y también el bloque del Partido Verde.
Hubo 34 votos a favor, 9 votos en contra y 4 abstenciones. El único que faltó fue José Luis Ramón, de Protectora.
De esta forma, La Unión Mendocina, que repudió el accionar del oficialismo en este tema, quedará, en tanto y en cuanto la Justicia no se expida sobre las causas, con una banca menos. La nueva conformación, con 47 diputados, será la siguiente: Cambia Mendoza con 27 legisladores; el PJ con 10 (con Protectora incluido); LUM 8; y el Partido Verde tiene a 2.
Janina Ortiz es investigada por dos causas. Una de ellas es por “coacciones agravadas”, dado que la diputada está sospechada de haber presionado a una empleada municipal a grabar a un funcionario de la comuna, que era el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart (imputado en la otra causa); y luego la impulsó a entregarle dicha grabación “con un 38 sobre la mesa”, en relación a un arma, según se sostiene en el expediente judicial.
La otra causa en la que está investigada es por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa. Allí hay varios exfuncionarios de Las Heras imputados, como por ejemplo Daniel Orozco, su esposo y exintendente de la comuna.
En esa investigación están sospechados de participar de un manejo irregular de fondos para cooperativas mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
