En los últimos 20 años, las provincias del país incrementaron su planta de personal público en el orden de un 69%, según un informe de la Fundación Libertad y Progreso en base a estadísticas oficiales.
Para el organismo, los datos son “alarmantes”, y marcan que, entre los años 2002 y 2022 (último dato disponible), el empleo público dependiente de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) aumentó de 1,34 millones a 2,27 millones.
Mendoza, en buena posición y a la baja
Si bien Mendoza, tanto como todas las jurisdicciones del país, aumentó también su planta de personal en las últimas dos décadas, en la comparativa dentro de las provincias queda bien parada y por debajo del promedio nacional, tanto en la suba de la cantidad de trabajadores públicos en los últimos 20 años; como así también si se promedia la cantidad de estatales por cada 1.000 habitantes.
De hecho, el crecimiento en 20 años del empleo público en la provincia fue del 50% (la media fue del 69%), sólo por encima de Formosa, más Santa Fe y Córdoba.
Por otro lado, la provincia registra que tiene 46 estatales cada 1.000 habitantes, cuando el promedio es de 49 cada 1.000. Pero además, de acuerdo a este análisis, son muy pocas las jurisdicciones por debajo del promedio, tales como Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Salta. El resto, está por encima.
Mientras tanto, desde el Poder Ejecutivo radical de los últimos 8 años (en gestiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, entre fines del 2015 y 2023) se jactan de haber contribuido a una baja del 10% de la planta del personal que tiene actualmente la provincia.
Los Andes dialogó con Natalio Mema, ministro de Gobierno de la provincia, quien declaró que actualmente la provincia cuenta con una planta permanente de unos 99.000 estatales (entre planta y horas cátedra), más 1.100 contratados.
No obstante, aclaró que a fines del 2015, cuando entregó la gestión el peronista Francisco Pérez, la Administración Pública tenía 110.000 empleados públicos.
“Fuimos bajando el número con una decisión férrea de no reponer cargos que se dieron tanto por jubilaciones, fallecimientos o renuncias. Salvo casos puntuales, no hubo reemplazos”, señaló.
En este sentido, valoró el decreto que se firma todos los años en los cuales se congelan los ingresos a la Administración Pública (salvo Seguridad, Salud y Educación) y con una estricta autorización por el ministro de Hacienda y el propio Gobernador.
Pero además, recordó que todavía sigue judicializada una causa por un ingreso supuestamente irregular de cerca de 1.300 estatales a planta permanente durante el final de la gestión de Pérez.
Además, disparó contra las gestiones de los peronistas Pérez y su antecesor, Celso Jaque, al sostener que en esos 8 años, “Mendoza tuvo un crecimiento del 30% de su planta de personal estatal, con un ingreso de entre 25.000 a 30.000 estatales”.
Volviendo al presente, Mema también señaló que en estos últimos años se ha ido bajando también la cantidad de trabajadores en rubros administrativos, mientras que el mayor porcentaje ha ido para quienes trabajan en la prestación directa de servicios, tales como policías, médicos y docentes, entre otros.
En esta línea, marcó que sólo el 4,6% de todos los estatales son administrativos; mientras que el el 95,4% están en el rubro de los servicios del Estado.
“La idea es seguir eficientizando la planta. Lo que se tiene que dar a futuro es una discusión del empleo público para aplicar criterios de productividad. La gran mayoría de los estatales trabaja bien y lamentablemente paga los platos rotos por los que no los hacen”, agregó Mema.
Para el funcionario, Mendoza “presta mejores servicios que años atrás”, pero el desafío se presenta en “seguir trabajando en la mejora de los servicios provinciales, con más eficientización en cada uno de los rubros y con el menor gasto posible”.
Alerta
No obstante, hay algunas luces de alerta. Según el informe anual de Fundación Mediterránea, el gasto en personal del Gobierno de Mendoza, a pesar de la reducción en los últimos años, “resulta muy superior a los años de estabilidad macroeconómica”.
“Si bien la relación Empleo Público cada 1.000 habitantes en Mendoza es bastatne inferior que en Argentina y dicho cociente se redujo en los últimos años; este cociente es aún bastante elevado cuando se lo compara con fines de los años 90″, establece.
Y agrega: “Enfrentar este problema y al mismo tiempo incentivar la eficiencia y la equidad en el empleo público requiere un verdadero cambio de régimen que evalúe, por un lado, cuáles son las empresas estatales realmente imprescindibles, los lugares donde sobran y faltan empleados y, por otro lado, que se analicen métodos de remuneración que contemplen los méritos y la productividad de cada empleado”.
Crecimiento de todas las provincias del empleo público
Retomando el informe de Libertad y Progreso, señalaron que en los últimos 20 años la expansión en el empleo público “fue transversal” y que “no hubo una sola jurisdicción donde el empleo público se mantuviese estable o se redujera”.
El mayor crecimiento se registró en Tierra del Fuego (+197%), provincia que casi triplicó la cantidad de trabajadores estatales. Mientras que la menor expansión se dio en Formosa (20%); y Mendoza, como se mencionó, quedó en un 50%, mientras que el promedio fue del 69%.
Según los especialistas, este aumento “inédito” se debe a un desorden en la administración de fondos provinciales, que a lo largo de 20 años comprometieron las cuentas públicas y que hoy deben afrontar sus obligaciones.
El estudio resalta también que la cantidad de empleados públicos provinciales aumentó muy por encima del crecimiento poblacional, en un 23%.
Con esto, se observó un “crecimiento igual de vertiginoso” en la cantidad de empleados públicos provinciales por cada 1.000 habitantes; mientras que en 2002 era de 36; y para 2022 creció hasta los 49.
EMPLEADOS PÚBLICOS PROVINCIALES CADA 1.000 HABITANTES
De acuerdo a los empleados cada 1.000 habitantes, Tierra del Fuego ocupa el primer lugar, con 128. Además, Santa Cruz, La Rioja, Catamarca y Neuquén completan la lista de provincias que superan los 100 empleados públicos provinciales por cada 1.000 personas.
Entre las jurisdicciones con menos trabajadores públicos por habitante aparecen Córdoba (32), Buenos Aires (37), Santa Fe (40) y Mendoza (46); mientras que la media es de 49.
Para Eugenio Marí, economista del organismo, indicó que el incremento del número de empleados estatales en el sector público provincial “no tuvo ningún justificativo posible”, y que además “no se explica en nuevas funciones estatales o contraprestaciones a los ciudadanos, sino en los impulsos de la política y de la propia ineficiencia estatal, sumado en algunos casos el clientelismo o el copamiento partidario de áreas de gobierno”.
Lautaro Moschet, economista también de Libertad y Progreso, sostuvo que que “lo que revelan estos datos es que el sector público tanto provincial como nacional se expanden a un ritmo superior que el sector privado. Esto es preocupante porque precisamente es el sector privado el que sostiene la estructura del Estado en todos sus niveles. Esta dinámica es insostenible y a partir del incremento en el gasto público es que se genera la mayor carga sobre los privados”.
Por último, Aldo Abram, director de la Fundación, recomendó que los ciudadanos se pregunten si la calidad de las prestaciones que recibe del Estado provincial ha mejorado como para justificar el crecimiento del empleo público de su provincia.
“Creo que la respuesta será mayoritariamente negativa; lo que le dará un indicio de que probablemente se deba a que el aumento se justifica en ‘puestos para financiar la política’, ‘ñoquis’, o en un ‘seguro de desempleo’ encubierto. En ninguno de los dos casos se justifican en ser útiles para la sociedad. Esto no carece de costo, ya que lo pagan con sus impuestos el resto de los residentes en dicho distrito, resignando bienestar económico”, indicó.
Qué se propone
Para Libertad y Progreso, los Estados provinciales deben “avanzar en forma urgente para reformar esta situación”, persiguiendo los siguientes objetivos: concentrar la acción del Estado provincial en sus funciones básicas e indelegables como son la salud, la educación, la seguridad y la justicia; mejorar la calidad de los servicios que proporcionan a la sociedad; y mejorar la eficiencia.
Para esto es necesario una reorganización y racionalización de la estructura administrativa provincial, que necesariamente deberá incluir una reducción de la cantidad de trabajadores públicos provinciales.
Para minimizar los costos sociales de esta reforma, propusieron que las provincias lancen un ‘Programa Empalme’, para que los trabajadores públicos que no sean requeridos puedan migrar al sector privado.
Esto se lograría, según señalaron, “estableciendo un período de dos años durante el cual los trabajadores estatales en disponibilidad seguirían cobrando su remuneración, mientras que se establecería un programa de incentivos tributarios para bajar los costos laborales no salariales a las empresas que los contraten”.
