Fernando Gómez recuerda cada detalle. La expectativa de colaborar en la lucha contra la pandemia del coronavirus y la tan angustiante incertidumbre lo hizo atesorar en su memoria hasta los mínimos acontecimientos que protagonizó el 15 de agosto pasado, cuando concurrió al Hospital Militar Central, ubicado en la Capital Federal, para sumarse a las últimas pruebas que realizó la farmacéutica Pfizer para desarrollar su vacuna.
Gómez es un profesional de la salud que decidió maximizar su aporte ante el drama global y, además de su lucha diaria en el tan exigido sistema sanitario, se anotó como voluntario para la fase 3 de los ensayos clínicos que el laboratorio estadounidense completó en la Argentina.
“Te iban a buscar a domicilio y te llevaban al hospital y te traían. Y dentro del circuito del Hospital Militar había un sistema de postas, donde te recibían te ponían un cartel y luego le iban poniendo una letra para identificar cuál había sido tu recorrido: primero recepción de datos, luego concepción de historia clínica y una tercera etapa de un consentimiento informado, en el que estuve una hora hablando con una médica que me leyó letra por letra el texto y detalló los posibles efectos adversos del tratamiento al que me sometí”, rememora en diálogo con este medio.
Su relato es similar al del resto de los 5.000 voluntarios argentinos que participaron en ese estudio con el que se determinó que la medicación de Pfizer era efectiva para combatir al impredecible Covid-19 que sacudió al mundo.
El recorrido para recibir la primera dosis incluyó luego sugerencias sobre su vida cotidiana. “Te pedían que no tengas relaciones sexuales sin protección y que evites la búsqueda de hijos en los primeros ocho meses después de aplicada la primera dosis para evitar efectos adversos”, precisó. Ese primer proceso se completó con un hisopado, para confirmar que no transitaba la enfermedad, una extracción de sangre y finalmente la aplicación de la inyección.
A Gómez luego le entregaron un smartphone con una aplicación especialmente diseñada para que suministre información respecto a eventuales reacciones y comenzó así a ser parte de un proceso de monitoreo, por el que además le realizaron varias extracciones de sangre y todos los lunes recibe mensaje por Whastapp para completar un diario digital. Además, le suministraron el número de teléfono personal de Fernando Polack, el director científico de la Fundación Infant, quien lideró los estudios en la Argentina.
“En ningún momento tuve dudas para anotarme como voluntario. Estábamos en un momento de la pandemia en el que predominaba más el miedo a algo incierto versus la posibilidad de un efecto adverso que era muy baja”, dice.
En la víspera de aquel sábado, que Gómez guarda en detalle en su memoria, el presidente Alberto Fernández se mostró junto al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para repasar con sus famosas filminas la situación de la pandemia, que en ese entonces contabilizaba 289.100 contagios y 5.637 muertes, y hablar sobre el acuerdo con AstraZeneca para producir el reactivo de la vacuna que desarrolló la Universidad de Oxford en las instalaciones de Mabxience, en Garín, el laboratorio de Hugo Sigman.
Gómez recibió la segunda dosis el 15 de septiembre del año pasado y así completó el tratamiento contra el covid, pero la historia de la Argentina y la vacuna de Pfizer corrió otra suerte.
Las tres condiciones para comprar vacunas
En junio de 2020 se produce la primera reunión formal entre el Gobierno nacional y los representantes de la filial local de Pfizer. Por aquellos días, los avances de esa compañía eran los más prometedores para iniciar una lucha frontal contra el coronavirus.
Fue un encuentro que encabezó el entonces ministro de Salud, Ginés González García, con Nicolás Vaquer, gerente general de la firma en el país, para hablar sobre los avances de los estudios clínicos.
Once días más tarde, el presidente Fernández recibió en la Quinta de Olivos a Vaquer y a Fernando Polack en su despacho, quienes le comentaron los detalles del período de prueba final que se realizó en el Hospital Militar. A los cinco días, González García volvió a reunirse con Vaquer y allí comenzaron a analizarse las condiciones necesarias para que la Argentina pueda firmar un acuerdo de compra de vacunas.
Según reconstruyó este medio, el entonces ministro de Salud se comunicó luego con los representantes del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, para solicitarles que avancen con el diseño de una ley para facultar al Poder Ejecutivo a encarar negociaciones de emergencia no sólo con Pfizer, sino con el resto de las compañías que desarrollaban la vacuna, que por aquel entonces era sólo una luz de esperanza.
La instrucción de González García incluyó tres cuestiones que debían analizarse con extrema atención porque, según una fuente con acceso a esas deliberaciones, “los modelos de contrato exigían cláusulas de confidencialidad, prórroga de jurisdicción y pago de indemnizaciones por parte del comprador”. El marco solicitado por las farmacéuticas suponía más riesgos para la toma de decisiones en el Poder Ejecutivo.
Entonces los diputados comenzaron a trabajar en un esquema que permita delimitar el alcance de la confidencialidad sin perder la potestad para que los organismos de control del Estado supervisen lo acordado; diferenciar en qué casos se aplicaría la prórroga de jurisdicción para que actúen tribunales del extranjero y en cuáles otros las disputas se resolverían la Justicia argentina; y cuáles serían los criterios ante un eventual pago de indemnizaciones frente a efectos colaterales de la vacuna.
Inicialmente, el proyecto contempló solamente tres artículos ante el pedido de la cartera sanitaria, pero las discusiones en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados le terminaron de dar forma al texto que luego se aprobó en el Congreso.
Respecto a la confidencialidad, el texto respetó esa condición pero aclaró que “los contratos deberán ser remitidos a la Auditoría General de la Nación” para el control de su legalidad y también “a las autoridades de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y de la Comisión de Salud del Honorable Senado de la Nación”.
Sobre los tribunales que actuarían ante eventuales demandas, se indicó que la prórroga de jurisdicción solicitada por las farmacéuticas “en ningún caso” podrá “extenderse o comprender a terceros residentes en la República Argentina, sean personas humanas o jurídicas, quienes en todos los casos conservan su derecho de acudir a los tribunales locales o federales del país por cuestiones que se susciten o deriven de la aplicación de estos contratos”. Es decir, esa condición solamente regirá para reclamos entre el Estado y las empresas con las que se acuerde la compra de vacunas.
Y para el pago de las indemnizaciones se contemplaron dos cuestiones: la primera, que incluyó la diputada oficialista Cecilia Moreau, indica que el Estado argentino no se hará cargo de esos compromisos cuando se constate que el reclamo se originó por “maniobras fraudulentas, conductas maliciosas o negligencia” de la farmacéuticas que comercializan la vacuna contra el coronavirus.
“El Estado argentino solamente se compromete a pagar las indemnizaciones cuando haya efectos colaterales no previstos en la vacuna, pero si hay fraude evidente por parte de las compañías, no”, explicaron en el Frente de Todos.
También, rememorando el embargo de la Fragata Libertad por pedido de los fondos buitres durante la presidencia de Cristina Kirchner, en la Casa Rosada pidieron que se sume a la ley una extensa nómina de bienes soberanos que no podrán ser utilizados para pagar indemnizaciones, desde reservas del Banco Central hasta patrimonio del Estado en el territorio nacional y en el extranjero.
En la comisión de la cámara baja la iniciativa se aprobó por unanimidad y luego consiguió amplia mayoría en Diputados (127 votos) y el Senado (56 votos).
Además, asesores de Pfizer en la Argentina siguieron de cerca el diseño del texto: hubo otro encuentro entre González García y Vaquer, en el que también participó Carla Vizzotti (entonces Secretaria de Acceso a la Salud), y varias reuniones entre Alejandro Chevalier, director de Legales de la compañía norteamericana, con Mauricio Monsalvo, el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud, que tuvo un rol protagónico en la creación de la ley.
Las dos palabras que frustraron la negociación entre Argentina y Pfizer
El 6 de noviembre de 2020, el Gobierno nacional puso en vigencia la ley de vacunas contra el Covid (27.573) con su publicación en el Boletín Oficial y el conflicto con Pfizer se instaló apenas cuatro días después, tal como lo reveló recientemente González García.
“Pfizer fue la niña bonita nuestra porque era la primera, era la que iba a llegar antes”, dijo este viernes el ex ministro en una entrevista con Radio Rivadavia y también recordó que esa fue la primera vacuna que autorizó la ANMAT.
González García rememoró que el 10 de noviembre los representantes de Pfizer se comunicaron con él para informarle que la flamante ley tenía aspectos que impedían el avance de las negociaciones.
Los dos obstáculos fueron la palabra “negligencia” (tal como lo sugirieron días atrás el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, al apuntar contra el artículo 4 de la ley que incluyó Moreau), y el ítem referido a la limitación de los bienes para pagar eventuales indemnizaciones que sumaron los técnicos de la Casa Rosada.
“Probablemente lo hubiéramos podido resolver hablando con los diputados y con los senadores o, eventualmente, el Presidente hubiera hecho un veto parcial para estas cuestiones que Pfizer no aceptaba. Yo sentí siempre que no tenían vacunas suficientes y nos corrían el arco”, dijo González García.
El culebrón en torno a Pfizer se explica, en parte, por las confusas declaraciones que realizaron desde el Gobierno nacional para tratar de poner sobre la mesa los términos de las conversaciones y sugerir que la compañía no tenía voluntad de cerrar un acuerdo para que la Argentina acceda a sus vacunas
Alberto Fernández, el 18 de noviembre: “Tenemos acuerdos en marcha y algunos firmados con Pfizer, Moderna, AstraZeneca, con la vacuna de Rusia, con laboratorios chinos que están produciendo vacunas...Teníamos previsto que en diciembre nos iban a llegar dosis para vacunar a 750 mil personas con la vacuna de Pfizer. Pfizer se ha demorado un poco, entonces eso lo estamos esperando. Tenemos la expectativa de hacer acuerdo con la vacuna rusa, con Sputnik, para tener vacunas en enero y en febrero y en eso estamos trabajando. Calculo que con un poco de suerte a finales de diciembre podríamos tener la vacuna rusa que se suma a la que Pfizer eventualmente nos mande”.
Alberto Fernández, el 22 de diciembre: “Lo voy a poner en dos ejemplos para que quede claro qué pienso al respecto: si Pfizer me entrega suero en lugar de vacuna contra el Covid-19, ellos son responsables y negligentes. En cambio, si ellos me dan la vacuna impecable, y yo la aplicó vencida, la responsabilidad es mía. Ahí hay negligencia de nuestra parte, hay negligencia del Estado Nacional”.
González García, el 28 de diciembre: “No entendemos por qué tienen tantas exigencias, pareciera que no le tienen fe a la vacuna...Si con alguna firma ha sido generosa la Argentina, ha sido con Pfizer. Les ofrecimos la estructura para que hicieran el estudio clínico acá, hubo condiciones contractuales para las cuales hicimos una ley y hubo alguna cosa de la ley local que no encaja con lo que ellos quieren. Y la verdad es que es muy difícil para nosotros hacer otra ley, más allá de que no sería lo más digno para un país”.
González García, el 3 de febrero: “Hubo un agregado al proyecto original, que estaba en la potestad de los diputados, vinculado al tema de la negligencia que hizo que cuando les remití una nota para querer firmar el acuerdo, Pfizer me dice que con ese artículo no lo puede firmar... Lamentablemente, Pfizer se comportó muy mal con nosotros y no tuvo ninguna correspondencia con la actitud que nosotros tuvimos, primero en hacer el ensayo clínico, ley específica”.
Alberto Fernández, el 9 de febrero: “A mí me parece que Pfizer no tuvo vocación de avanzar con nuestro contrato, y la verdad es que cuando uno mira lo que está proponiendo Pfizer, está proponiendo prácticamente los grandes volúmenes a seis meses vista, pero la verdad que no soy yo el que no ha querido, creo que ellos han tenido, objetivamente, dificultades para suministrar, por eso tienen los problemas que tienen en Europa y en otros lugares de América Latina”.
Cecilia Nicolini, asesora presidencial, el 27 de abril: “Se han retomado las negociaciones con Pfizer para también entender cuál es el estado de situación o como se puede generar algunos cambios para avanzar en un contrato...Las negociaciones a veces sufren algunos impases, se frenan, luego se retoman, en ningún caso están cerradas o imposible de poder firmar o avanzar. Ahora, tiene que haber acuerdos entre las partes, y eso significa (no solo) ponerse de acuerdo en las cláusulas que en su momento no estábamos de acuerdo, sino también tener una propuesta interesante para la Argentina de entrega de esas vacunas en tiempo y forma”.
Carla Vizzotti, el 21 de mayo: “Los contratos son confidenciales, los precios son confidenciales, los marcos legales de los países son confidenciales y las declaraciones son más políticas. Nosotros somos muy respetuosos de la confidencialidad, tratamos de no especular desde lo político y seguimos trabajando para resolver el problema...Argentina tiene un marco legal que no le permite firmar lo mismo que firmaron otros países, es lo que tratamos de resolver, la palabra negligencia trabó (las gestiones), eso se trató en el Congreso”.
Santiago Cafiero, el 26 de mayo: “Pfizer exigió condiciones que no se amoldaban a la ley que votó el Congreso... la palabra negligencia siempre fue una dificultad para avanzar en esa contratación”.
Alberto Fernández, el 27 de mayo: “¿Cuál fue la primera vacuna que aprobó la Argentina? ¿Por qué dicen que no la quiero comprar? Sucede que las condiciones me ponían en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país. Dije que ‘esto no lo puedo firmar porque me están pidiendo cosas desmedidas”.
El ex ministro González García justificó ahora esas sucesivas declaraciones que no alcanzaron para aclarar la situación sobre el dilema con Pfizer al recordar que las gestiones se realizan bajo un paraguas de confidencialidad que debe respetarse hasta firmar el contrato.
“Posiblemente esté rompiendo la confidencialidad y me cueste algo, yo estoy re podrido de esto. Nosotros sabemos bien lo que estuvimos y llevamos meses haciendo lo imposible, hasta le llegamos a ofrecer una cosa casi indigna que era que hubiera una firma de responsabilidad individual de cada uno de los vacunados diciendo que ellos no iban a hacer un reclamo y que nosotros, el Estado, íbamos a trabajar con ellos para ver cómo los resarciríamos, pero siempre nos dijeron que no”, agregó ahora el ex funcionario.
El misterio que se transformó en un arma política
El Gobierno nacional retomó en marzo el contacto con Pfizer, pero su incapacidad para despejar las dudas en torno a esas gestiones convirtió al tema en un capital de ataque para la oposición, tal como lo demostró la titular del PRO, Patricia Bullrich, quien denunció que González García pidió “un retorno” y replicar el modelo que usó AstraZeneca con un socio local, como Sigman.
La farmacéutica rechazó esa versión con un breve comunicado y el presidente Fernández adelantó que denunciará el próximo lunes a la dirigente de Juntos por el Cambio, pero el misterio en torno a esas negociaciones volvió a instalarse en la agenda política.
Incluso la diputada Moreau tuvo que salir a explicar por qué se incluyeron los artículos rechazados por la compañía estadounidense. “Este artículo era una herramienta que había que tener”, dijo en declaraciones radiales.
“Obviamente que yo destrabaría cualquier cosa para seguir trayendo todas las vacunas que tienen eficacia a la Argentina. Yo destrabaría si estuviese en mis manos, mis posibilidades, cualquier situación que permita la llegada de vacunas, ahora nunca a costas de que el Estado argentino tenga que hacerse cargo de los errores que cometan los laboratorios por conductas fraudulentas, por negligencia, por conductas maliciosas, si eso implica ceder las malvinas, como dijo Bullrich”, aclaró la legisladora oficialista.
Consultada por este medio, la diputada del PRO y vicepresidenta de la Comisión de Salud Carmen Polledo reconoció que la incertidumbre también reina entre quienes diseñaron la ley de vacunas: “Tengo mil rumores y comentarios, pero a ciencia cierta yo no puedo decir con sujeto, verbo y predicado, qué es lo que impidió la compra”.
“Uno no termina de entender exactamente cuál fue el motivo, pero la realidad es que nos encontramos entre los pocos países del mundo que siguen sin conseguir las vacunas de Pfizer”, lamentó.
Sin embargo, el presidente de la Comisión, el diputado oficialista Pablo Yedlin, es de los que afirma que el problema radica en la palabra “negligencia” que se sumó a la ley, pero planteó que en el Congreso hay voluntad para aplicar las reformas que se requieran para resolver el escollo.
“Si el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Salud de la Nación entienden que la vacunación en la Argentina tendrían algún cambio significativo con la incorporación de la vacuna de Pfizer y esto es inevitablemente necesario para que Pfizer firme, y nos envían el proyecto con modificaciones o nos piden que hagamos un proyecto en ese sentido, lo haríamos”, remarcó Yedlin ante la consulta de este medio.
Polledo acompañó esa voluntad porque, advirtió, es “muy lento” el ritmo del plan de vacunación “y estamos en una situación muy compleja” en el inicio del invierno, con “solamente el 5% de la población con dos dosis y el 18% con una dosis”.
“Si hay que hacer algún cambio es algo muy fácil, nos junta la comisión y lo cambiamos en dos minutos”, dijo la referente de la oposición.
Por lo pronto, en el Gobierno nacional y en la sede local de la compañía estadounidense aseguran que la negociación sigue viva. “Los canales de diálogo entre Pfizer/BioNtech y el Gobierno Argentino siempre se mantuvieron abiertos. Las conversaciones siguen en curso con voluntad de allanar el camino a fin de alcanzar un potencial acuerdo”, afirmaron desde Pfizer ante la consulta de este medio.
Pero en cada capítulo de esta extensa novela para acceder a las vacunas de Pfizer contra el coronavirus quedó demostrado que las expresiones de buena voluntad no alcanzan para llegar a buen puerto. Y por lo bajo, en el oficialismo no se muestran muy contentos con dar marcha atrás para satisfacer las demandas de la compañía estadounidense. sobre todo, si el país comenzó a recibir las dosis acordadas con AstraZeneca con las que confían que se reforzará el plan de vacunación.
