El caso del inspector de cauce, Alejandro Currenti, suspendido por el Departamento General de Irrigación (DGI) la semana pasada a raíz de manejos irregulares de fondos destinados para obras hídricas en Guaymallén, acumula más elementos polémicos con el correr de los días.
Es que el titular de la Inspección de Cauce Canal Vertiente Corralitos dejó a la vista maniobras sospechosas que complican también a Irrigación. Una de ellas es la autorización que logró, mediante un comodato, para construir la sede de la inspección en un terreno de su propiedad en el Callejón Bilbao S/N del distrito Los Corralitos, en el año 2018.
Hasta ese momento, la inspección funcionaba al igual que otras de la Tercera Zona de Riego, en la sede de la asociación que las nuclea, en la Ruta Provincial 50 del Distrito Kilómetro 8, con la supervisión del gerente Jorge López y un contador a disposición.
Sin embargo, Currenti decidió dar el portazo y mudar la inspección a su finca olivícola, para utilizar las instalaciones que pagan los regantes a su favor, narró una fuente a este diario.
Por otro lado, Los Andes accedió a dos documentos que el inspector habría firmado con su propia esposa Romina Cagol, en enero de este año. Primero, Currenti le elaboró a su pareja un contrato de servicio para que se desempeñe como administrativa y controle obras, pagos y atienda a los regantes, por un plazo de 12 meses. La retribución total de los honorarios consistía en $5.040.000, divididos en cuotas de $420 mil.
Además, Currenti habría acordado con Cagol, el “préstamo” de un tractor propiedad de ella, marca Massey Ferguson, con el fin de realizar tareas de “aplicación de herbicida y desmalezado” en cauces públicos de Los Corralitos, La Primavera, Puente de Hierro, Km 8 del Departamento de Guaymallén y Las Violetas del Departamento de Lavalle.
El dato llamativo del acuerdo, establecido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año, es que al término del préstamo del tractor, “de producirse un desgaste mayor del 20% en los neumáticos, LA USUARIA procederá al recambio por unidades nuevas”, dice el texto. Es decir, prácticamente la inspección debería comprarle ruedas nuevas a Cagol, sí o sí, a fin de año.
Para dirigentes opositores que siguen de cerca el caso, esto recién es la “punta del iceberg” y aseguran que son cada vez más los vecinos del padrón de 1700 regantes que tiene esa inspección de cauce, los que se animan a aportar testimonios contra Currenti.
Otro dato curioso que surgió de su Inspección fue una compra de flores, por un valor de $800 mil en el año 2022, mencionó una fuente. También pusieron bajo la lupa la adquisición de una vivienda en el barrio Santa Ana, valuada en 110 mil dólares, y algunos vehículos que aseguran, el inspector suspendido habría cambiado de forma permanente durante su gestión.
El DGI puso a disposición de la Justicia la información referida al faltante de $1.3 millones correspondientes al ejercicio 2021 por el cual fue sancionado Currenti y el fiscal de Delitos Económicos, Juan Ticheli, inició una investigación penal al respecto. En tanto, el concejal del PJ, José Pozzoli, prepara otra denuncia por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito contra el inspector.
La oposición busca responsables
Desde el peronismo y La Unión Mendocina apuntan contra la “protección” que el superintendente Sergio Marinelli habría tenido para sostener a Currenti. De hecho, les pareció una “palmadita en la espalda” la suspensión por 60 días y la devolución del dinero, que le otorgó como sanción el Honorable Tribunal Administrativo (HTA).
En ese tono aseguran que fueron los concejeros Eloy Guerrero -del río Tunuyán Inferior- y Alejandro Gennari -del río Mendoza-, los que observaron irregularidades en las cuentas presentadas por Currenti y presionaron para que se lo sancionara, ante la presunta resistencia de Marinelli.
También cuestionan los convenios que el exintendente Marcelino Iglesias firmó con el inspector para entregarle aparentemente, 9.600 millones de pesos en materiales para construcción de canales.
Hoy la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un pedido de informes que elaboró el jefe del Interbloque de LUM, Jorge Difonso, para que el Tribunal de Cuentas remita los balances de los años 2022 y 2023, que tendrían rojos acumulados por más de $30 millones. No hubo discusión por parte del oficialismo.
Anteriormente hizo lo propio el senador Félix González (PJ) para que el DGI disponga el expediente interno que abrió en septiembre del año pasado contra Currenti por irregularidades en las cuentas de su inspección. En tanto, el concejal Pozzoli presentó un pedido de informes para que la Municipalidad de Guaymallén revele los datos de los convenios.
Qué dijo Calvente
Con la olla destapada, primero fue Iglesias el que salió a defender el plan de obras hídricas llevado adelante y este martes el intendente Marcos Calvente, rompió el silencio en diálogo con Los Andes. Vale aclarar que él fue el Secretario de Obras Públicas durante el período 2019-2023, cuando se desarrollaron los trabajos con Currenti.
El jefe comunal indicó a este diario que “es una pena que esta situación empañe el enorme e inédito trabajo que se hizo en Guaymallén en drenajes”.
“En las últimas dos gestiones se construyeron más de 400 km de drenajes; 30 km fueron construidos en la zona rural mediante la articulación con el DGI. El municipio, en el marco de un convenio, aportó los materiales para la construcción de los canales”, manifestó.
Y aseguró que “los materiales que aportó la municipalidad fueron entregados in situ, durante la construcción de los mismos”.
En ese tono, destacó que “la utilización de los materiales aportados para la construcción de los más de 30 km de canales construidos fue auditada por el municipio. Además, se siguen realizando auditorías para asegurar la correcta ejecución de los trabajos”.
Por último señaló que durante su gestión, que comenzó hace seis meses, no tienen ningún convenio firmado con Currenti: “Por el momento no tenemos vigente un convenio de colaboración para la construcción de nuevos canales”.
