El rechazo a la prisión domiciliaria solicitada por Walter Bento fue sin dudas el episodio que más atención se llevó esta semana en el juicio histórico que se lleva adelante en Tribunales Federales. Sin embargo, en el transcurso del debate también se expusieron y analizaron presuntas maniobras delictivas de sus hijos Nahuel y Luciano Bento.
Ambos jóvenes se encuentran imputados por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, junto a su padre y su madre, Marta Boiza. En ese contexto, la Fiscalía interrogó a una serie de testigos vinculados a la constitución de una sociedad anónima por parte de Nahuel Bento y una sospechosa compra inmobiliaria de su hermano Luciano.
Para los acusadores resultan injustificables los incrementos patrimoniales que adquirió la familia desde el año 2005 hacia adelante, cuando Bento asumió su cargo como juez del Poder Judicial de la Nación. Esto incluye la compra de propiedades de todo tipo y vehículos de alta gama, además de viajes recurrentes al exterior con gastos exorbitantes.
En el caso del lavado de activos, la Fiscalía asegura que se detectó conversión, transferencia y circulación en el mercado de “bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes (originarios o subrogantes) adquiera la apariencia de lícito”.
Entonces, el martes pasado dos testigos confirmaron que Nahuel Bento constituyó una sociedad anónima simplificada con la intención de abrir un taller de Revisión Técnica Obligatoria (RTO) en la calle Tiburcio Benegas de Ciudad. Tal actividad privada no era compatible con su función pública en el Poder Judicial y fue ratificada por dos exsocios que prestaron declaración.
Según consta en el expediente, el hijo del exjuez aportó la suma de $37.500 por un porcentaje de titularidad del 50% de la empresa BSS Group SAS, cuya actividad principal presentada ante AFIP era “Servicios de Explotación de infraestructura para el transporte terrestre, peajes y otros derechos”.
Primero declaró su “amigo de la infancia”, Marcelo Sance, quién admitió que tenía una SAS con Nahuel “porque íbamos a hacer un taller”. Aclaró que se trataba de un galpón, “dónde el padre de un amigo” tuvo un negocio y trataron de instalarlo ahí. Sance comentó que él apareció como presidente y su padre, Miguel Sance, era el vice.
“La hicimos y presentamos los planos, pero el lugar no era adecuado. Entonces quedó todo en la nada. Era un taller de RTO”, afirmó. Y además comentó sobre Bento: “Teníamos que ver si funcionaba o no, y luego él tenía que pedir permiso en su trabajo para sumarse. Cuando lo hicimos, quedó todo en la nada, por eso no se sumó”.
También declaró Enzo Lombardich, otro miembro de la SAS, que dijo que se encargó de constituirla y conocía a Nahuel Bento a través de su “socio” Nicolás Sibecas, que fue “su contador en un momento”.
“Fue una sociedad que constituimos en 2019 y no tuvo movimientos de compras ni ventas, simplemente”, aportó y agregó: “hasta donde yo sé, las cuentas fueron presentadas en cero. IVA, Ingresos Brutos, nada. De lo que yo pude ver en AFIP”.
El inmueble de Luciano Bento en Vista Cruz
A Luciano Bento se lo investigó, entre otras acciones, por “haber puesto en circulación fondos de procedencia ilícita” en la compra de un inmueble con el fiduciario del Fideicomiso Vista Cruz en el año 2019.
Se trató de un departamento, a construirse en la calle San Martín Sur de Godoy Cruz, a un valor de U$S 110.000, que serían abonados: U$S 13.500 con anterioridad a la escritura y el saldo en 36 cuotas en dólares. Luego, Luciano B. también adquirió una cochera a construirse en el marco del Fideicomiso Vista Cruz, por la suma de U$S 10.000.
“Los datos de estas operaciones surgen de los contratos de compraventa celebrados en las fechas señaladas (sellados el 25/04/2019 y 22/10/2019, respectivamente) entre Salvago Argentina SRL (representada por Juan Pablo Ramírez), fiduciaria del Fideicomiso Vistacruz, en su calidad de vendedora, y Luciano BENTO, como comprador”, asegura el texto de la acusación.
El testigo que habló ese martes fue justamente Ramírez, quién no prestó una declaración perjudicial para el imputado, pero si trajo a visibilidad pública este caso y contó el paso a paso de la venta.
Señaló que Luciano Bento acudió en varias oportunidades, acompañado por su padre, y no habían sido clientes anteriormente. “La operación en sí, fue como cualquier otra. Al ser una empresa extranjera se bancariza, se hace el depósito bancario, nos envían el comprobante y luego también pedimos el depósito del sellado. Con esto firmamos el boleto de compra-venta, previo a ver cómo serán las cuotas y el ok de la empresa”, explicó.
“Son ventas en pozo, no es que se hace escritura. No recuerdo si en ese momento estábamos recién empezando a construir”, agregó. También indicó que a la fecha la compra “está cancelada”, ya que el último pago corresponde a junio de 2022, pero no pudo confirmar sí fue entregado específicamente.
La Fiscalía se detuvo en el pago de una cuota de $1 millón de pesos, que llamó la atención por el resto que no superaban los $70 mil. “No sabría a qué cuota corresponde, lo tendría que ver con la parte contable. Es algo que ha depositado y se ha ido descontando del saldo, no lo sé exactamente”, respondió el empresario.
Ante esa consulta, desde la defensa de Bento le preguntaron sí los compradores suelen anticipar cuotas y respondió: “Cuando está en dólares, sí. No es común pero lo hemos hecho en otras ocasiones”.
Según la investigación, en el año 2019 el ingreso anual de Luciano Bento fue de $1.142.191,64. Invirtió U$S 33.200 (dólar billete) y $ 112.680 por la adquisición de un departamento en Vista Cruz, el equivalente a $570.000 por la adhesión al Fideicomiso IlMercato y el equivalente a $1.220.000 por Fideicomiso Bosques de Mayo, consta en el expediente.
“Claramente tampoco pudo afrontar los pagos solo con sus ingresos, por lo que el dinero para afrontar esos gastos, debió provenir de sus padres, lo cual se encuentra corroborado de forma documental mediante las dos escrituras de donaciones de moneda extranjera señaladas”, explicaron los investigadores pero aclararon que en ese año, los movimientos patrimoniales de los Bento no lograron ser explicados a nivel general.
Es decir, en la presunta maniobra de lavado de activos, se habrían mezclado fondos de origen ilícito en actividades lícitas y por eso la compra del inmueble quedó bajo la lupa.
