El escándalo por irregularidades en el manejo de fondos para cooperativas en la Municipalidad de Las Heras no para de crecer.
La Justicia provincial ya intervino por medio de la Fiscalía de Delitos Económicos. El fiscal a cargo, Flavio D’Amore, allanó oficinas del municipio y esta semana dio el primer golpe: imputó al subsecretario municipal de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa.
No fue el único imputado. También imputó a su yerno, Juan Pablo Pandolfi, y un supuesto “directo de cooperativa”, Adrián Pérez, quien aparecía como “presidente” de una asociación considerada “fantasma” ya que apenas sería una persona que recolectaba residuos en un basural.
Sin embargo, la investigación judicial podría escalar en la búsqueda de responsables dentro de la estructura de funcionarios de Las Heras. En medio de especulaciones y sospechas, la gravedad del caso ya provocó la intervención en la causa de un órgano del Gobierno provincial: la Dirección de Cooperativas.
El organismo, dependiente del Ministerio de Economía y el cual está a cargo de Daniel Dimartino, se presentó como querellante en la causa judicial que maneja el fiscal D’Amore. La dirección se metió en la causa porque tiene el poder de policía sobre las cooperativas que funcionan en la provincia y porque sus directivos piensan que no pueden “mirar al costado” si hubo desvío de fondos.
Pero además, la intervención de la Dirección de Cooperativas tiene como objeto el aporte de pruebas a la causa, ya que se han hecho investigaciones internas que sugieren que hubo una “impunidad grosera” en el desvío de plata del municipio de Las Heras.
Consultado por Los Andes, Pablo Teixidor, abogado de la dirección gubernamental, precisó que se ha convertido en “querellante particular” debido a que la primera asociación detectada, Manos a la Obra, supuestamente vinculada al reciclado de residuos, trabajaba “a espaldas de la ley”.
“No hemos podido intervenir en los actos porque esta cooperativa no se inscribió y no era legal”, aclaró Teixidor. No obstante, una investigación administrativa permitió detectar un ticket del municipio para la inscripción de una cooperativa de Las Heras que resultó ser, precisamente, la cuestionada “Manos a la Obra”. El ticket era de mayo de este año y en la dirección creen que fue generado para tratar de justificar un pago a la cooperativa en cuestión.
La solicitud fue realizada con datos de teléfono y mail “truchos”, señalan en el organismo, y dicen que al final “la dejaron morir”. Pero indican que un funcionario del municipio intentó comunicarse con Dimartino para regularizar en forma urgente la cooperativa. Esta gestión, según dijeron en el organismo, estuvo a cargo de Daniel Herrera, hasta hace poco subcontador de la comuna que conduce Daniel Orozco.
El nombre de Herrera no es ajeno a las noticias de esta semana, ya que era funcionario municipal pero acaba de renunciar a su puesto porque los empleados de la comuna cobraron con “grandes descuentos”.
No se sabe qué pasará con Herrera y otros funcionarios o ex funcionarios del municipio en materia judicial. Lo que se dice es que los posibles desvíos de fondos alcanzarían la suma millonaria de 35,5 millones de pesos, por contratos generados entre 2021 y 2023. Y que podría haber más.
Hasta aquí hay tres imputados y una hipótesis de la manera en que se efectuaba el presunto fraude. Ese aparente modus operandi consistía en reclutar personas en el basural de El Borbollón y convertirlos en recicladores, a través de las mencionadas cooperativas. Este andamiaje habría estado a cargo de Oyhenart y su yerno, que habría pagado sumas de entre 20 mil y 25 mil pesos a cada reciclador por trabajos que no se hacían. A cambio se habría quedado con los fondos abultados que destinaba el municipio al supuesto proyecto social.
Señalan quienes conocen detalles de la investigación que el plan original para sacar gente del basural y darle una actividad lícita y digna se “frustró por la pandemia” y se volvió “turbio” después. Incluso habrían existido intentos de expandirlo a tareas como la “urbanización de barrios” con otras cooperativas, que también se están investigando.
Lo cierto es que la Justicia hasta aquí le ha asignado posibles responsabilidades en la maniobra al subsecretario Oyhenart, su yerno Pandolfi y el supuesto presidente de la cooperativa Pérez. Aunque hay que decir que, en la estructura jerárquica, el subsecretario Oyhenart estaba bajo el mando de Janina Ortiz, la secretaria de Gobierno del municipio y pareja del intendente Orozco.
En medio de la imputación de estas personas se conoció también en la semana que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) suspendió las actividades de la cooperativa “Manos a la Obra” a fines de julio, al detectar “una serie de irregularidades”.
En el sumario del Inaes se constató, por ejemplo, que “Manos a la Obra” no funcionaba “en el domicilio denunciado”. Tampoco se pudieron contactar a los directivos ni “detectar indicios que denoten la existencia de la cooperativa”.
La resolución indica además que “los inspectores destacaron que las personas que se encontraban en el predio no se las identifican como recicladores sino como albañiles dedicados al rubro de la construcción”.
