Una empleada de la Municipalidad de Las Heras, quien denuncio haber sufrido abuso sexual por parte de un ex funcionario, se enfrenta a un sumario administrativo. La víctima acusó a Franco Cortez, quien fuera coordinador de Juventud de la comuna y fue imputado por presunto delito de abuso sexual con acceso carnal. El abogado de la denunciante cargó contra el municipio.
Los escándalos no cesan en la Municipalidad de Las Heras. En medio del festival de denuncias impulsado entre Cambia Mendoza y La Unión Mendocina se encuentra una causa muy sensible que involucra a una empleada municipal y a un exfuncionario, que sigue trabajando en el municipio.
La víctima denunció en junio pasado a Franco Cortez (25) por un abuso sexual que habría ocurrido en el año 2020, durante una actividad en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de El Plumerillo. En ese momento el presunto agresor se desempeñaba como coordinador de Juventud del municipio, cargo que dejó posteriormente. Actualmente ocupa un puesto de planta como administrativo en la gestión del intendente Daniel Orozco.
El fiscal Martín Lucero, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, procedió a imputar formalmente a Cortez el 23 de junio, por el presunto delito de abuso sexual con acceso carnal.
Según explicó a diario Los Andes el abogado de la víctima, Ramiro Villalba, desde fines de mayo la empleada dejó de asistir a trabajar de común acuerdo con sus superiores por sentirse incómoda al cruzarse con su victimario en el establecimiento municipal. La denunciante se desempeña en el área de salud y según asegura su representante legal, no hubo apercibimientos al respecto. Una vez hecha la denuncia, “el pánico” por posibles represalias se acrecentó y no volvió a trabajar.
La Municipalidad de Las Heras le inició un sumario administrativo el martes 11 de julio por faltas injustificadas y podría determinar su cesantía, ya que el plazo para lograrlo es confirmar más de seis ausencias sin argumentos. Villalba considera que “es hasta un absurdo” porque su presunto victimario sigue trabajando allí y tiene “prohibición de acercarse a ella”.
“Sin embargo la municipalidad, con el beneplácito del intendente Daniel Orozco y la secretaria de Gobierno Janina Ortiz, permiten que vaya a trabajar”, afirmó el abogado y aseguró que el sumario va en contra de “toda perspectiva de género, de la Ley Nacional de Protección Integral de la Mujer y de la Convención de Belém do Pará, a la que suscribió el Estado argentino”.
Cabe señalar que según la Ley Provincial 5.811, en su artículo 50 bis establece que “en el caso de la trabajadora víctima de violencia en los términos de la Ley N° 26.485, ésta tendrá derecho a la reducción de la jornada, la reordenación del tiempo de trabajo o del lugar de prestación del servicio, la justificación de inasistencias o faltas de puntualidad, o al otorgamiento de una licencia remunerada, cuando así lo determine el área de recursos humanos, donde la mujer prestare servicios, mediante la certificación acreditativa del hecho, de acuerdo a como lo determine la reglamentación. En el supuesto que se conceda una licencia, podrá extenderse hasta treinta (30) días corridos. Si el organismo estima la necesidad de ampliarla, de manera fundada, la misma podrá ser otorgada hasta por sesenta (60) días corridos más”.
La empleada fue citada por la Oficina General de Sumarios a presentarse a declarar el viernes pasado y Villalba instruyó a colegas que trabajan con él a presentar certificados psicológicos y psiquiátricos para dar cuenta de la situación de su clienta. Este lunes lo harán respectivamente con las áreas de Recursos Humanos y también el de Salud del municipio, dónde trabaja respectivamente.
Villalba dijo que tienen vías administrativas y recursos para presentar, si la municipalidad insiste en el sumario, antes de judicializarlo. “Como alternativa tenemos la posibilidad de un amparo pero también podemos solicitar auxilio dentro de los procesos penales donde se está investigando si ya es víctima de delitos”, indicó y anticipó que “sin dudas podría generar nuevas denuncias penales por un abuso de autoridad que se está dando”.
Para cerrar, completó: “Los llamo a que reflexionen sobre lo que están haciendo, porque es puro voluntarismo y desconocimiento sistemático a lo que hacen los derechos de una mujer que ha sido vulnerada en su integridad sexual. Deberían frenar y suspender el sumario. Ya ni siquiera deberían haberlo iniciado por la existencia de las denuncias penales, pero si insisten en avanzar, terminaremos en la justicia”.
