La Justicia puso fecha para definir si la secretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, será o no imputada en una causa por coacción.
Quien deberá resolver es el juez Sebastián Sarmiento en una audiencia confirmada para el 9 de agosto próximo, luego del sorteo realizado por la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA).
La causa se abrió luego del audio que entregó una empleada municipal en el que graba una conversación con el funcionario Osvaldo Oyenhart.
El Ministerio Público Fiscal ya imputó a dos funcionarias municipales. Ortiz, por su lado, fue acusada por la denunciante de haberla obligado a grabar la conversación.
Sin embargo, luego se abrió una controversia entre fiscales y hay un pedido de “excepción de falta de acción” para evitar la imputación de Ortiz. La respuesta a este pedido se producirá en la audiencia del 9 de agosto y podría derivar en la imputación de la funcionaria, si es rechazado.
Ortiz es la pareja del intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y la funcionaria más importante del municipio. Su situación procesal se está resolviendo en medio de las imputaciones que se conocieron hoy por oscuros manejos de fondos destinados a cooperativas, además de la campaña electoral.
La causa es investigada por el fiscal de Delitos No Especializados, Gabriel Blanco. Al ser una funcionaria pública, de la decisión participa el jefe de la Fiscalía, Sebastián Capizzi y la Fiscal Adjunta, Paula Quiroga.
Las instrucciones para la intervención de los fiscales en este tipo de casos aparecen en los artículos 24 y 25 de la ley de Ministerio Público Fiscal (número 8008). El artículo 24 señala que “cuando los asuntos en que intervenga el Ministerio Público Fiscal revistan especial gravedad, aparezcan cometidos por un funcionario o empleado público, o vinculados a criminalidad organizada, o presenten dificultades particulares, el agente fiscal actuante deberá consultar a los fiscales adjuntos, quienes impartirán las instrucciones particulares pertinentes”.
Asimismo, el artículo 25 agrega que “las instrucciones generales y particulares serán de cumplimiento obligatorio para los magistrados y funcionarios a quienes estuvieran dirigidas. Cuando se considere que la instrucción es inconveniente, lo hará saber a quien emitió la instrucción mediante informe fundado. Si éste insistiese en la conveniencia de la misma, el inferior deberá cumplirla, pudiendo dejar sentada su posición personal en desacuerdo”.
En esta causa ya fueron imputadas la directora de Relaciones con la Comunidad, Patricia Rivero, y su hija Carolina Murúa, quien también trabaja en el municipio.
Fue Capizzi quien abrió la controversia porque considera que no hay prueba suficiente para avanzar con la imputación. La Fiscal Adjunta, Paula Quiroga asegura lo contrario, que Janina Ortiz debe ser imputada. Sin embargo, en el MPF aseguran que Quiroga no busca beneficiar o perjudicar a nadie, y que no sigue instrucciones de ningún sector político. “A Paula no la puede presionar nadie porque le importa un carajo, ella piensa como piensa, no es influenciable”, dicen voces importantes del Polo Judicial.
El criterio de Quiroga es que la “declaración informativa” que pide la defensa representa un “engendro” y hasta deja desprotegida a la persona investigada, porque impide que corran los tiempos procesales. En cambio, si directamente hay imputaciones, el proceso avanza y si la denuncia es falsa rápidamente la Justicia la archiva y ya no se puede volver a investigar. Le convendría a Janina la imputación, sostienen. “Es una salida elegante que da el código la declaración informativa”, aportan desde ese ámbito.
Los argumentos de la abogada de Ortiz
La abogada de Ortiz, María Elena Quintero, presentó un pedido de “excepción de falta de acción” y significa que, a su juicio, tampoco hay pruebas suficientes para imputar. En virtud de ello, pretende que Ortiz brinde una declaración informativa antes de que el MPF avance.
Esta cuestión (si acepta o no el pedido de la defensa) es lo que deberá resolver el juez Sarmiento.
“Yo entiendo lo que expresa Quiroga respecto de que la declaración informativa da menos certezas que cuando imputan”, le había dicho a Los Andes la abogada de Ortiz. Sin embargo, se preguntó: “¿Por qué va a imputar a alguien con todo el significado jurídico que tiene la imputación, cuando no se tienen elementos suficientes para imputarlo?” Y remató: “Tómenle una declaración informativa, que ella presente todas las defensas que deba presentar y después se ve si se transforma en imputación o si se archiva la causa”.
