La Municipalidad de Las Heras sigue acumulando capítulos judiciales en medio de la campaña electoral. La Secretaria de Gobierno de la comuna, Janina Ortiz, está acusada de delitos de coacción agravada y todo se encaminaba a una imputación.
El juez Sebastián Sarmiento rechazó todos los planteos de la defensa de la funcionaria y le allanó el camino al Ministerio Público Fiscal para la imputación. Ortiz debía presentarse hoy a las 10 en el Polo Judicial pero su abogada defensora, Elena Quintero, confirmó a Los Andes que no asistirá por los recursos que interpuso.
Mientras La Unión Mendocina sigue de campaña electoral, algunos de sus integrantes enfrentan procesos judiciales. Janina Ortiz, candidata a diputada por el frente que lleva a su esposo, el intendente lasherino Daniel Orozco como aspirante a la Vicegobernación, está al borde de ser imputada por coacción agravada.
La Justicia busca saber si la funcionaria municipal presionó a una empleada municipal a tener relaciones sexuales con un funcionario (el subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart) y a que grabara la conversación.
El camino judicial de esta causa es bastante extenso. A modo de resumen, la defensa cargó desde un primer momento contra el Ministerio Público Fiscal porque, si bien Ortiz la designó a Quintero como su abogada defensora, ésta no fue notificada de varias medidas además de denunciar complicaciones para acceder al expediente.
Tras una serie de recursos presentados, el juez Sebastián Sarmiento rechazó sus planteos y allanó la imputación en una audiencia a la que no asistió Quintero previo a presentar un certificado médico y pedir la postergación.
Según confirmó la letrada a Los Andes, Janina Ortiz recibió en la tarde de ayer la citación por la que debía presentarse hoy a las 10 en el Polo Judicial. Allí, la imputarían formalmente. “No va a ir por las presentaciones que hice”, agregó la letrada.
Los cuestionamientos
El recurso presentado es para pedir la nulidad de la notificación del juez Sebastián Sarmiento en la que rechaza los planteos y avala que el Ministerio Público Fiscal avance con la imputación a la Secretaria de Gobierno lasherina. Además refiere a que hubo violación del debido proceso, derecho de defensa en juicio y derecho al recurso.
En la presentación, Quintero dice haberse enterado por los medios sobre la decisión del juez y que no había sido formalmente notificada dada su ausencia en la misma por motivos de salud. Incluso pidió el link de la audiencia pero no tuvo respuesta.
“Esa omisión de notificación se ha mantenido hasta el momento de enviar este escrito, es decir Janina Ortiz desconoce los argumentos del juez Sarmiento que son conocidos por algunos medios de difusión de la Provincia, lo que constituye una violación al derecho de defensa, al recurso y al doble conforme que tiene toda persona vinculada a un proceso penal”, arremete la abogada que ya había avisado que apelaría una decisión en contra de su defendida.
Es decir, Quintero cuestiona que se la cita a imputación a Ortiz cuando no le han dicho formalmente que el juez avaló esta medida. Y por ende, aun corren los plazos para apelar. En otras palabras, “la Fiscalía pretende citar a una audiencia imputativa a Janina Ortiz en base a una resolución que no se encuentra firme, dictada por un magistrado al que se considera incompetente, vulnerando los derechos de mi asistida sin razones jurídicas”.
Enumera todas las presentaciones realizadas y sostiene que no hay hecho ilícito por el que se deba imputar a la candidata a diputada provincial. “Así, la orden de imputación está cuestionada y la actividad procesal que se pretende con la notificación cursada a las 18:03horas, viola el derecho de defensa en juicio toda vez que se pretende notificar un acto que está cuestionado en su validez y se posee la vía recursiva”, dice el escrito.
“No se está permitiendo el ejercicio legal del derecho de doble conforme en una resolución que es expresamente apelable”, concluye la letrada.
Piden certezas a la Corte
En el mismo escrito, Quintero pone en conocimiento la presentación de Acción de Declaración de Certeza ante la Suprema Corte de Justicia. La intención de esta medida es que el máximo tribunal se expida sobre el alcance del art. 318 del Código Procesal Penal que refiere a la “Declaración informativa”.
Para Quintero, hay inseguridad jurídica luego de la diferencia de criterios entre el jefe de la Unidad Fiscal de Delitos No Especializados, Sebastián Capizzi (consideraba que como estaba la causa no había que imputar) y la Fiscal Adjunta en lo Penal, Paula Quiroga, quien tiene la última palabra, sostenía lo contrario. En el medio, la figura de la declaración informativa tuvo, según la letrada, distintas interpretaciones.
Estas controversias se agravan, “sobre todo teniendo en cuenta la prueba que obra en la presente causa previo a la orden de la Fiscal Adjunta, y la tramitación dada”. Por último, la abogada aclara que se encuentra impedida por razones de salud “de asistir al acto de imputación formal, siendo su defensora de confianza conforme se acredito en el sistema led ante el pedido de suspensión de audiencia”.
Entre las solicitudes, la letrada pide que “se deje sin efecto la citación efectuada hasta tanto se resuelva la vía recursiva respecto de la nulidad de la imputación dispuesta por la Fiscal Adjunta y los actos que de ello dependa”.
