Poco duró la tregua entre el inicio de clases y las paritarias con el Gobierno. Tras la confirmación de que la Provincia será jurisdicción del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) puso el grito en el cielo.
Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) indicaron que Mendoza “tendrá los datos desagregados de las pruebas” que se realizarán en setiembre, los cuales podrá utilizar para volcarlos en tomas de decisiones político-pedagógicas. Pero el gremio docente, conducido por Carina Sedano cuestionó las evaluaciones “porque sólo miden un ranking” y avisó que evalúan acciones legales porque “no están acordes a las normativas”.
El foco de conflicto surge luego del anuncio de que alumnos mendocinos participarán del estudio internacional que lleva adelante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y evalúa los logros en el aprendizaje de los jóvenes de 15 años en Matemática, Lectura y Ciencias. El último resultado del país fue duro: de los 79 países en los que se evaluó en 2019, ocupó el puesto 63 en Lectura, el 71 en Matemática y el 65 en Ciencias.
El anuncio oficial lo hizo el titular de la DGE, José Thomas, quien indicó que se había firmado el convenio para que la provincia participe como jurisdicción en las próximas evaluaciones PISA. “Esta instancia representa un paso importante, ya que permitirá obtener más datos e información para la toma de decisiones”, destacó el funcionario provincial.
La aclaración es importante porque al participar como jurisdicción le permitirá a Mendoza contar con datos desagregados, es decir, información propia de los exámenes que servirán para las decisiones. “En otros momentos ha participado Argentina como país, pero no obteníamos los datos propios, cosa que ahora sucederá”, resaltaron desde el Gobierno escolar a Los Andes.
El año pasado se realizó la prueba piloto de PISA 2022 con el objetivo de analizar cómo funcionan los instrumentos de evaluación y poner a prueba el dispositivo de aplicación. Cada estudiante contestó preguntas cerradas de opción múltiple y ejercicios abiertos en un programa específico de PISA. La duración de la evaluación fue de 3 horas y 50 minutos.
No hay detalles aun sobre cómo se implementarán en Mendoza. Hoy habrá una reunión entre los equipos técnicos involucrados para tener mayores precisiones.
Las diferencias del Sute
La noticia no cayó para nada bien en el gremio docente. Hay que decir que la nueva cúpula gremial asumió hace pocos meses, luego de 4 años y medio de Sebastián Henríquez (cercano al FIT) al frente del sindicato. Todo indicaba que la nueva conducción kirchnerista y el Gobierno iban a tener serios conflictos en la primera mesa paritaria.
Se habló de militar un paro, arrancaron las clases con normalidad, se visibilizó el conflicto en la Vendimia y hace pocos días se firmó el acuerdo salarial después de varios años de aumentos por decreto. No obstante, el sindicato volvió a mostrar las diferencias con el Gobierno en un tema que siempre ha generado polémica con los gremios.
Sedano está de acuerdo con que se realicen evaluaciones pero que “deben ser internas de cada escuela, con jornadas educativas y que se construya colectivamente la mirada de esa escuela”. Para la secretaria general hay que tener en cuenta “los programas provinciales y las leyes vigentes, como la ley nacional de Educación”.
“No estamos a favor de las evaluaciones PISA porque son estandarizadas y no tienen en cuenta las trayectorias educativas reales de los alumnos, principalmente los que tienen adaptaciones curriculares o niños y niñas con discapacidad. Sólo quieren medir un ranking”, sostuvo.
Para Sedano “cada decisión que se tome dentro del sistema debe ser con y los trabajadores, no desde afuera”. Y recordó lo sucedido con el borrador de la nueva ley de educación que “fue rechazado unánimemente por la comunidad educativa y salieron los docentes a la calle a decir que no”.
“Con las evaluaciones PISA pasaría lo mismo. Están impuestas por un Gobierno provincial que no tiene en cuenta las características de su comunidad educativa. Además, no están acordes con la normativa vigente, con la resolución 311 del 2016 del Consejo Federal que refiere a educación inclusiva y toda la normativa de Mendoza sobre la inclusión educativa”, aseveró.
Analizan acciones porque “van en contra de los derechos de niños y adolescentes, y de sus trayectorias educativas. No tiene en cuenta que los docentes realizan adaptaciones curriculares para niños con trayectorias diferenciadas”, insistió Sedano.
