Algunos caminos de la política culminan en la justicia. Hay varias causas con distintos grados de voltaje que deben resolverse, independientemente de los colores políticos de los involucrados. Los justicialistas Francisco “Paco” Pérez y Carlos López Puelles enfrentan procesos por enriquecimiento ilícito. Otro opositor, el ex senador Marcelo Romano, se las ingenia para evitar el juicio por “atentado a la autoridad”.
Oscar Sandes, ex titular de Vialidad provincial en la gestión de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez, también tiene algunos frentes judiciales abiertos. Diego Gareca, ex subsecretario de Cultura de Cornejo espera por lo que decida una cámara civil con respecto al incendio en el ECA. Y un ex aliado de Cambia Mendoza, Héctor Bonarrico, fue denunciado por el Gobierno provincial luego de un convenio millonario para la fundación que preside.
El último trimestre del año tendrá movimientos importantes en algunas causas judiciales que involucran a ex funcionarios y actuales. Ya sea el fuero civil o el penal, no han pasado desapercibidas para la esfera política.
Sandes, cerca de conocer definiciones
Sandes, ex titular de Vialidad provincial, enfrentó una situación muy compleja por denuncias de acuerdo a irregularidades que encontró el Tribunal de Cuentas en las auditorías de los períodos 2018 y 2019. Y acá hay dos vertientes judiciales: una está en la Corte y la otra, en el Ministerio Público Fiscal.
El órgano de control emitió dos fallos durante el 2020. El primero de ellos fue el 10 de junio por situaciones ocurridas en 2019. El fallo detalla una serie de hechos como falta de comprobantes, rendiciones de gastos, comprobantes adulterados, etc. En setiembre de ese año, salió el fallo por el período del 2018, con una situación similar. A esa altura, Sandes ya había dejado el cargo (renunció después del primer fallo, en julio del 2020).
El resultado del dictamen dividido fue un festival de multas no sólo a Sandes sino a otros funcionarios de la repartición pero también de cargos (devolución del dinero que fue gastado sin respaldo documental). En el caso de Sandes, entre ambos fallos, debería pagar cerca de $5 millones.
La discusión dentro del órgano de control (en ambos casos) giró en torno a la responsabilidad del ex titular de Vialidad. Los tres vocales del Tribunal de Cuentas que tienen vinculación con el peronismo, Mario Angelini, Héctor Caputo y Ricardo Pettignano, optaron por las sanciones más duras, por entender que aunque estuviese demostrado que Sandes no avaló las irregularidades, la responsabilidad no la puede delegar por la naturaleza de su cargo, mientras que los dos vocales radicales como Liliana Muñoz de Lázaro y Néstor Parés, consideraron que la falta de control de lo actuado en Vialidad es una responsabilidad indirecta, a la que le corresponde sólo una multa.
El ex titular de Vialidad apeló la decisión del Tribunal de Cuentas que recayó, por el tipo de fuero, en la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia. Allí hay mayoría “filo radical” con Pedro Llorente y María Teresa Day frente a Julio Gómez, del ala “filo peronista”.
A dos años de haberse conocido el fallo y haber apelado, la causa está en etapa de alegatos y debería salir la sentencia en 60 o 70 días (octubre o noviembre), previamente la Procuración General debe emitir un dictamen. La decisión de los supremos sobre el período de 2019 seguramente sea la misma para el período 2018, cuyo fallo salió después y se resolverá el año que viene. Finalmente hay una etapa del 2020, también apelada, que se resolverá en el 2023.
En medio del escándalo, Sandes se presentó en la justicia para denunciar que le habían falsificado la firma. La apuntada era Corina Gallardo, una ex empleada de Vialidad que después volvió a la Municipalidad de Godoy Cruz y tiempo después fue cesanteada. La pericia caligráfica le dio la razón a Sandes.
El fiscal Ríos tiene además de esta pericia, una contable y la causa está para resolver si eleva a juicio o no. Según aclararon desde el Ministerio Público Fiscal se investigó el movimiento de caja chica donde la pericia caligráfica para Sandes fue favorable.
Y aparte, hay una pericia contable que determinó que el monto del perjuicio económico es de $12,3 millones. Este aspecto es determinante para elevar la causa a juicio y en el que están involucrados Corina Gallardo, ex directora de Recursos Humanos y Elías Jurado, gerente de Economía y Finanzas. La defensa de Sandes asegura que luego de la pericia caligráfica, y al ser denunciante, su participación en el caso penal quedó cerrado. No hay ninguna imputación.
La Justicia Civil define la responsabilidad de Gareca
Otro funcionario radical involucrado en una causa judicial es Diego Gareca, ex secretario de Cultura de Cornejo y actual director de Cultura e Industrias Creativas de la Municipalidad de Godoy Cruz.
Cuatro años después del incendio de la cúpula del Espacio Contemporáneo de Arte (ECA), la demanda civil que interpuso la Fiscalía de Estado tuvo sentencia en primera instancia en agosto del año pasado. La jueza María Paz Gallardo dispuso que funcionarios y empresarios deban más de $26 millones por los daños ocasionados en 2017.
Además de Gareca, fueron alcanzados por el fallo Laura Tinte, quien era coordinadora del ECA, luego ocupó un cargo similar y dejó la cartera cuando asumió Nora Vicario en diciembre del año pasado. Es decir, con la condena en primera instancia siguió en su cargo cuatro meses más. Judit María Deliberato, directora de Administración y Margarita Videla, jefa del Área de Compras y Contrataciones trabajaban en Cultura al momento del incendio.
La magistrada fue durísima con los funcionarios por el incendio ocurrido. Uno de ellos es Gareca quien “es responsable personalmente del menoscabo patrimonial sufrido por el Estado Provincial” por haber sido “quien designó a los integrantes de la Comisión de Preadjudicación” y quien dictó la resolución de la adjudicación de la obra.
“Si quien tenía a su cargo la referida cartera hubiera actuado con la diligencia que el cargo le imponía, ejerciendo el control debido sobre las obras realizadas en el Edificio del E.C.A., tan valioso para el Patrimonio cultural de la Provincia, indudablemente el hecho no hubiera ocurrido”, dice el fallo, cerca del final.
Hubo apelación colectiva y todo llegó a la Quinta Cámara Civil. Según explicaron fuentes judiciales con acceso a la investigación, la demora tiene que ver con la cantidad de actores involucrados. También a un año de la apelación, la causa está “en autos para resolver la semana próxima y luego serán unos 30 días corridos para que se conozca la sentencia”, afirmaron.
Es decir, que a finales de setiembre debería saberse si la Quinta Cámara Civil coincide con la sentencia de Gallardo y los funcionarios deben desembolsar una millonaria suma por ser responsables del incendio.
A tres años de la causa de Romano, no hay juicio
Marcelo Romano es otro de los políticos (opositores al Gobierno) que tiene una causa abierta. En su caso es por atentado a la autoridad luego de un incidente protagonizado en agosto del 2019. Romano habría dicho a los efectivos: “Me llamo Marcelo Romano, ella es mi hija, yo soy senador e integrante de la Bicameral de Seguridad. Por qué tienen demorada a mi hija, dedíquense a perseguir chorros en las villas, soy íntimo del Ministro de Seguridad Venier, van a perder el trabajo por esto”. El delito por el que se lo investiga es el de “atentado contra la autoridad”, que establece una pena de prisión de entre seis meses y dos años.
El 26 de mayo del 2020 perdió sus fueros (después de que la Legislatura durmiera el pedido durante seis meses) y aun no empieza el juicio. Según las fuentes, se bifurcan las versiones sobre el por qué de la demora. Romano dirá le violaron todas las garantías que una persona tiene y las fuentes judiciales que tienen acceso a la investigación, que abusa de las leyes vigentes y estruja al máximo sus garantías.
Lo cierto, es que en febrero del 2021, María Cristina Pietrasanta (jueza de Garantías) resolvió que no correspondían los distintos pedidos de nulidad que había solicitado Romano y convalidó los actos del Ministerio Público Fiscal, no haciendo lugar al sobreseimiento del dirigente sancarlino ni al planteo de archivo.
A partir de ahí hay apelaciones de todo tipo hasta que se pidió la Audiencia de Acusación en abril del 2022. Tras postergaciones por la renuncia de la defensa de Romano, un viaje y otros motivos, la defensa del ex legislador presentó un recurso de apelación contra la decisión de Pietrasanta de avalar la acusación formal a Romano y rechazar planteos y nulidad.
La defensa apeló y la decisión recae en el Tribunal Penal Colegiado que rechazó lo pedido por la defensa. Se fijó fecha para empezar con el debate oral el 16 de agosto, pero como aun corrían los plazos formales para interponer un recursos de casación sobre esta última decisión del Tribunal Penal Colegiado, la defensa de Romano pidió la suspensión del debate.
“Vamos a presentar el recurso de casación la semana próxima. El Tribunal Penal Colegiado debe resolver si nos lo acepta o no, si lo rechazan, iremos a la Corte en queja. Si lo aceptan, es la Corte la que debe resolver si corresponde o no. Mientras tanto, se debe suspender el debate y todo”, expresó Luis Romano, abogado del ex legislador. Los tiempos para saber cómo sigue el periplo, podrían insumir unos 15 días hábiles.
Larga historia para Paco Pérez y López Puelles
El peronismo tiene a dos ex funcionarios con imputaciones por enriquecimiento ilícito y en ambos casos las denuncias o sospechas vienen desde hace tiempo. Pero las imputaciones se conocieron en los últimos meses del año pasado.
Uno de los expedientes involucra al ex gobernador Francisco “Paco” Pérez por la compra de un departamento en el coqueto edificio de las Torres Agustinas, en Godoy Cruz. La declaración jurada del ex gobernador y su esposa, Celina Sánchez dejó dudas y fueron motivo de pericias contables para saber si pueden justificar la compra de algunos bienes, entre ellos el departamento.
El valor del inmueble fue de $1.165.000 según el documento de compra. Además, Pérez compró una cochera en el mismo complejo, tasada en 2016 en unos $126 mil; y un automóvil Peugeot 3008, cotizado en $295 mil. Todos esos bienes fueron adquiridos por la pareja mientras Pérez se desempeñaba como mandatario provincial, con un sueldo, sobre el final de su gestión, de $45 mil promedio. Y con ella habiendo dejado de desempeñar tareas en la Fuesmen y sin registrar ingresos en su declaración jurada.
Se realizaron tres pericias: una arrojó que a partir de los ingresos del ex Jefe de Estado provincial y la ex primera dama no se podía justificar la adquisición del departamento. No obstante, luego se hizo una segunda pericia que determinó lo contrario.
Por esta razón se encargó un tercer estudio contable a la Universidad Nacional de Cuyo que ratificó la primera conclusión y sobre la base de esta pericia se avanzó con la imputación. El inconveniente con las pericias se produjo porque en esta última, no se le avisó a la defensa, por lo tanto ésta pidió la nulidad. Aunque a Pérez se lo imputó igualmente a fines del año pasado.
La defensa de Pérez apeló la decisión de la jueza Érica Sánchez y de acuerdo a lo que indicaron desde el entorno del ex gobernador a Los Andes, el expediente recayó en Laura Guajardo, camarista penal quien ratificó la decisión de la jueza en primera instancia. Se apeló nuevamente y se está a la espera de la aceptación, por parte de Guajardo, del recurso de apelación.
Mientras tanto, el fiscal Santiago Garay sigue con la investigación de la causa y para lo cual se han entregado informes contables y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “para insistir en que nunca existió enriquecimiento ilícito”, sostuvieron desde a defensa. Una vez que reúna las pruebas, Garay deberá decidir si eleva la causa a juicio o no, para lo cual deberá resolverse la imputación.
En el caso del ex intendente de Luján de Cuyo, Carlos López Puelles, también fue imputado en los últimos meses del 2021 por enriquecimiento ilícito. Su ex esposa Federica Boccia, cuando tramitaba una denuncia por violencia de género, dijo que en la antigua casa familiar había encontrado una importante suma de dinero. Luego de la ruptura de la pareja, el dinero había desaparecido.
La causa es investigada por el fiscal Hernán Ríos, de Delitos Económicos. Actualmente el proceso se encuentra en producción de pruebas, con presentación de legajos de empresas y sociedades por parte del ex funcionario lujanino.
“Hay un incremento desproporcionado en su patrimonio”, indicaron fuentes judiciales con acceso a la investigación. Quien intentará demostrar que los ingresos de López Puelles le permitieron hacerse de un importante patrimonio es Rafael Mansur, uno de los defensores oficiales.
Bonarrico, la causa que se inicia o se archiva
El Ministerio Público Fiscal debe resolver qué hace con las dos denuncias que se presentaron en las fiscalías de Delitos Económicos a raíz del escándalo desatado con el pastor Héctor Bonarrico. El ex senador oficialista ventiló en los medios un acuerdo político por el que habría recibido un subsidio millonario publicado el 26 de mayo.
El Gobierno lo dio de baja al otro día y el denunció al pastor Bonarrico para que se investigue la posible comisión de un hecho delictivo al darle un destino distinto al previsto a los fondos otorgados en el subsidio de la polémica.
Por otra parte, el Partido Justicialista presenta una denuncia contra el Gobierno provincial por averiguación de algunos delitos: negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias.
En las causas trabaja un equipo de fiscales, por lo cual también tendrán intervención el jefe de la unidad de Delitos Económicos, Javier Pascua. Lo cierto es que a tres meses del inicio de la causa, se han pedido informes y se ha presentado documentación. La única declaración testimonial fue la de Bonarrico.
En los próximos días se activarán algunos mecanismos para contar con más elementos que permitan poner luz sobre las denuncias. Para el Gobierno provincial, la causa conduce al archivo porque entienden que no hay delito. No está previsto que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez vaya a declarar a la Justicia ni se presente en la Legislatura tal como ha pedido el peronismo.
