El debate en torno a los inhibidores de señales telefónicas en las cárceles fue un tópico de la campaña electoral 2023. La propuesta, que busca evitar que internos cometan delitos desde los presidios a través de los teléfonos celulares, se convirtió en el eje central de campaña del radical Luis Petri cuando dio pelea por la gobernación. Luego, incluso, el actual ministro de Defensa instaló el tema en el debate nacional.
El Gobierno provincial, tal vez forzado por los resultados del rival de Alfredo Cornejo, se puso a tono con la idea después de las PASO, elección en la que Petri perdió, pero sacó un buen porcentaje de votos. “Él ha planteado el tema de los inhibidores y lo vamos a implementar en un pabellón de alta seguridad en Almafuerte”, sostuvo el exgobernador Rodolfo Suárez en junio.
Luego, a fines de agosto, el exministro de Seguridad Raúl Levrino confirmó la promesa. Durante un recorrido del gobernador y varios funcionarios por las instalaciones de la moderna cárcel “Almafuerte II”, que tiene capacidad para albergar a casi 1.000 presos, Levrino anunció que todos los internos de ese lugar tendrían impedidas las comunicaciones. “Se implementarán inhibidores de señal en cada pabellón. Se ha conversado con una empresa encargada de realizar estudios de campo y se realizará una licitación para su instalación”, aseguró el funcionario.
Seis meses después del primer anuncio, todavía no hay noticias de los inhibidores prometidos. Sin embargo el Gobierno provincial, con sus nuevas autoridades, dice que sigue trabajando para tratar de convertir en realidad la promesa.
También ha quedado claro en estos meses que el plan para restringir las comunicaciones de los presos tiene limitaciones importantes: los estudios previos marcan que será “casi imposible” instalar bloqueadores de la señal telefónica en las cárceles de Boulogne Sur Mer y San Felipe, es decir, las más antiguas, que están ubicadas en el parque General San Martín.
Según se explicó desde el Ministerio de Seguridad, ahora a cargo de Mercedes Rus, “es muy difícil conectarlos en las unidades penitenciarias de Ciudad, porque funcionan con potencia, y el radio de inhibición que tienen esos equipos es muy grande. Ejemplo, en Boulogne Sur Mer, podría inhibir parte del Polo Judicial y de los mismos vecinos de las zonas aledañas al complejo”.
El Polo Judicial se ubica al oeste del penal de San Felipe y está conectado con ese complejo penitenciario. En el moderno edificio judicial trabajan jueces y fiscales, y se realizan numerosas audiencias en sus 25 salas.
La infraestructura que el Gobierno provincial terminó de inaugurar en 2021 incluye un “presoducto”, o sea, un túnel de 300 metros que conecta los edificios judiciales con la cárcel de San Felipe. El túnel fue ideado para agilizar procesos y evitar que los internos tuvieran que ser trasladados para la realización de las audiencias.
A pesar de las limitaciones técnicas, el Gobierno actual asegura que no ha abandonado el plan de los inhibidores y dice que hará todo lo posible para que el anhelo sea realidad en las cárceles alejadas de las zonas urbanas.
Aclara en ese sentido que “los inhibidores están pensados para ponerse en las áreas que contengan a las personas privadas de libertad vinculadas con estafas a través de celulares y de máxima seguridad”.
O sea, otra vez, apuntan a las cárceles de Cacheuta, no a las que están en zonas urbanas. “Los inhibidores eventualmente podrían instalarse en Almafuerte en algún pabellón particular”, comunicó en este sentido el Ministerio de Seguridad y Justicia, que en este momento, a diferencia de lo que se decía en medio de la campaña electoral, es más moderado en materia de promesas.
Estudios y gestiones
En los últimos meses empezaron los estudios técnicos para avanzar con los inhibidores de señal en las cárcel. El Gobierno provincial se conectó para ello con la empresa estatal Invap, ubicada en la ciudad de Bariloche, la cual gerencia este tipo de sistemas y se dedica a la alta tecnología en general.
Precisamente la semana pasada hubo contactos entre la ministra Rus y técnicos de Invap. Según la funcionaria, la empresa ya ha entregado un estudio de prefactibilidad y actualmente trabaja en un convenio marco definitivo para avanzar con la innovación.
“No es tan sencillo”, aclaró de todos modos Rus en diálogo con Los Andes. Y se explayó en las complejidades de la iniciativa: “el Invap trajo técnicos que estuvieron haciendo un estudio y midieron distancias. Ellos me explicaban bien cómo era el análisis que hacían. Si la unidad estaba en un lugar muy urbano, no se podía inhibir tan fácil”.
A Rus, los técnicos del Invap le dijeron que “lo más posible tiene que ver con la inhibición de algún pabellón de Almafuerte”.
Eso sí, la funcionaria aclaró que no se puede avanzar muy rápido con el proyecto porque primero hay que celebrar los convenios y, lo que es más importante, contratar a un proveedor extranjero: los inhibidores se adquieren a una empresa israelí.
Precisamente, en Santa Fe, en julio de este año, fue instalado un sistema de inhibición de señales desarrollado por Invap y con soporte de una empresa israelí. Se trata de la Unidad Penitenciaria Nº 11, en la localidad de Piñero, que es cercana a Rosario. Allí se colocaron 8 equipos con sus antenas, los cuales operan sobre el sistema 4G.
Los costos en dólares forman parte de los cálculos previos, más allá de que Rus estima que, si avanzan las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei en cuanto a la liberación de importaciones, la operación por ese lado se podría facilitar.
Riesgos
Por ahora no han entrado en los detalles económicos, porque los cálculos son técnicos y el tema es delicado. “Aun no se habló de precios por la situación económica que estamos viviendo. Cuando ya esté más avanzado el estudio será el tema que sigue a tratar, pero hasta el momento no hay un monto fijo de cuánto puede salir”, se informó desde el Ministerio de Seguridad y Justicia.
“Tenemos que analizar bien cómo es la técnica, cuánto sale y si es factible (instalar los inhibidores) sin riesgo para la comunicación del servicio penitenciario”, señaló específicamente la ministra Rus.
Este punto es importante incluso para la idea de implementarlos solamente en alguna de las cárceles de Almafuerte, ya que al hacerlo “se deja incomunicado a todo el Servicio Penitenciario y hoy ahí están Almafuerte 1 y 2. Es un mundo”, indicó Rus.
Los presidios descartados
“El estudio de prefactibilidad descartó algunas cosas. En Boulogne Sur Mer y San Felipe es casi imposible”, destacó la ministra Rus.
En esas dos cárceles, ubicadas en el centro capitalino, se aloja una buena parte de los presos de todo el sistema penitenciario provincial. En Boulogne Sur Mer hay 1.530 internos y en San Felipe 1.380. O sea, 2.910, esto es, casi la mitad de la población total de presos de la provincia, que asciende a 6.000 internos en la actualidad.
El inhibidor, según explicó Rus, es una perilla “on-off” que bloquea todas las comunicaciones por teléfono celular en una zona determinada. Además de la posibilidad de impedir que se pierdan las comunicaciones en el Polo Judicial y en las zonas aledañas a las cárceles urbanas, el Servicio Penitenciario queda obligado a comunicarse solamente con radios especiales.
“Tampoco es necesario ahí, porque en realidad no está la parte problemática”, insistió la funcionaria sobre el impedimento de colocar inhibidores en las cárceles del parque. Y aclaró que, respecto de Almafuerte, “estamos encaminados con el estudio del proyecto y avanzando”.
