La “Contramarcha Carrusel” se realiza desde 2007 y este año no fue la excepción, bajo la consigna “El agua de Mendoza no se negocia” y “Por el agua y la tierra, la 7722 no se toca”, los activistas marcharon por las calles del centro mendocino, minutos antes de que las soberanas vendimiales desfilaran con sus carros.
Sin embargo, no fueron los únicos, manifestantes con pecheras de SITEA se hicieron presentes con carteles que decían: “Mendoza tierra de trabajadores pobres y precarizados”. Con la llegada de estos al palco oficial, la Policía actuó para retirarlos de la zona.
La marcha de las Asambleas por el agua
Este año se sumó el repudio al proyecto de Cerro Amarillo, a 60 kilómetros al oeste del centro de Malargüe.
El proyecto minero, que ya tiene la aprobación de la Legislatura de la Declaración de Impacto Ambiental para su exploración, luego de 16 años de estudios, dictámenes, idas, vueltas y sobre todo “pausas” políticas.
Con respecto al proyecto, y en el marco de la ley 7.722, Jorge Bengochea, quien tiene la concesión del área en cuestión, explicó qué significa este “paso adelante” que hoy es cuestionado por los activistas. Dejó en claro que no es más que la aprobación por parte del Poder Legislativo para que se pueda explorar la zona, en la que se evaluará mediante un cateo si es o no viable la inversión para la explotación de una futura mina para la extracción de cobre.
El geólogo, consultado sobre la realidad provincial y la resistencia de sectores de la sociedad a la minería metalífera, consideró que es una situación que puede llegar a afectar a proyectos en los que se necesitan grandes inversiones y también estabilidad socioeconómica, y marcó que en 2019, luego de la fallida reforma de la ley 7722, una de las empresas socias en el proyecto “decidió irse de la provincia cuando incluso ya había invertido por lo menos U$S 3 millones en Cerro Amarillo”.
