El viernes se cumplieron 3 años de mandato de Rodolfo Suárez. Asumió el 9 de diciembre de 2019, un diciembre tórrido que arrancó con el rechazo de la minería en las calles y una histórica reculada del oficialismo tras las manifestaciones.
En el inicio de su último año de gestión, sus esperanzas están puestas en varios proyectos: la exploración de Vaca Muerta que acordó con YPF y que a principios de noviembre obtuvo la autorización de la Secretaría de Ambiente para iniciar los trabajos; la reactivación del yacimiento de Potasio Río Colorado (PRC) para transformar a la provincia en proveedor de sales de potasio en la región, la exploración del yacimiento de cobre Cerro Amarillo cuya declaración de impacto ambiental (DIA) está en discusión en Legislatura y Hierro Indio, que ya tiene aprobada su DIA y en el que la Provincia se asoció con el privado dueño de los derechos para hacer la exploración.
Lo que estaría más cerca de entrar en producción es PRC. En tanto Vaca Muerta, Cerro Amarillo y Hierro Indio, son apuestas al futuro.
Balance de tres años
Se cumplen tres años, estamos al final de calendario 2022 y es tiempo de balances contables y no contables. El recuerdo de aquel diciembre de 2019 está marcado a fuego, pero resulta muy lejano. Desde aquel inicio de gestión de Suárez a la fecha ha pasado una pandemia, dos años en el que se contaban contagios, altas y muertos, que también marcó la administración del Gobernador. La gestión del trance sanitario fue quizá su mayor acierto, con aquella política de aperturas y cierres según cómo soplara el viento de los contagios.
La gestión de la pandemia también fue el inicio de hostilidades en la relación complicada con el Gobierno nacional, sobre todo por el amplio aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) que impulsaba la Nación, incluyendo el cierre de escuelas, medidas que Suárez resistía y que le daban réditos políticos en la provincia.
Esa relación compleja, en particular la discriminación de Nación con Mendoza, también está marcada a fuego, aunque es justo decir también que desde las usinas del oficialismo esa discriminación real fue transformada en un discurso político a lo largo de los tres años de gestión. “Tuvimos que gestionar con la pandemia y la peor crisis económica de los últimos 30 años, con un Gobierno nacional en contra, que nos ha maltratado”, siguen diciendo en los despachos oficiales.
Las primeras escaramuzas con Nación llegaron con la ya lejana compra de respiradores que intentó Mendoza y que el entonces ministro de Salud Ginés González García desbarató. A partir de ese momento, la relación siempre fue compleja.
En junio de 2020, el presidente Alberto Fernández visitaba La Pampa. Allí, el mandatario decía: “no quiero financiar una obra que está cuestionada por 4 de las 5 provincias por donde pasa el río Atuel” y aseguraba que abriría la puerta a un tercer estudio de impacto ambiental. Así empezaba el principio del fin para Portezuelo del Viento y se seguía cimentando la idea de que Nación perjudicaba a Mendoza.
Luego, empezó el reclamo por la distribución de recursos discrecionales, que claramente beneficiaban a otras provincias, en detrimento de Mendoza. Entre enero del 2020 hasta septiembre de este 2021 recibió $8.004 pesos por habitante, la que menos recibió. En el tope del reparto estaba La Rioja con 66.239 pesos por habitante y segunda Santa Cruz con 36.707 pesos per capita.
Entre los montos discrecionales se cuentan desde los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), hasta los envíos por conceptos alimentarios, obras de agua y saneamiento, fondos para educación y cultura, viviendas, energía, agricultura y salud, entre otros.
El berretín postergado
La reforma institucional es uno de los berretines que está en un callejón sin salida. Para poder habilitarla, hace falta una ley que declare la necesidad de la reforma, que debe ser votada con dos tercios de los votos de cada cámara de la Legislatura. Ese número de voluntades no los tiene el oficialista Cambia Mendoza y el Frente de Todos-PJ tiene decidido no facilitarlos.
Así los dos tercios son la barrera infranqueable para lograr modificar la Carta Magna provincial. En el Gobierno sostienen que esta negativa “no es un fracaso del Gobernador, es un fracaso del peronismo, que no quiere dar los dos tercios. Es una democracia, no los podemos obligar”.
Suárez empuja una reforma en la que se elimina una de las cámaras legislativas y la eliminación de las elecciones de medio término, como una forma de ahorro en el gasto político.
Los observadores más finos de la rosca legislativa, sostienen que la eliminación de una cámara que impulsa el Gobernador no goza del beneplácito de algunos propios. El doble conforme en la sanción de las leyes que permiten el debate de las normas en dos cámaras, es una bandera difícil de arriar para algunos.
Un detalle a favor de la eliminación de una cámara es que actualmente la elección de diputados y senadores es igual (lista y sistema D’hondt por distritos electorales que agrupan a los mismos departamentos). “Representan lo mismo” suele decir el Gobernador. Es cierto. A nivel nacional, por ejemplo, los diputados se eligen por d´hondt (representan población) y los senadores son tres por provincia; en la Legislatura de Mendoza no hay representación por departamento.
El mismo obstáculo
Un clásico de Suárez y también de Alfredo Cornejo, es la pelea por la refinanciación de la deuda. Esa operación también necesita de dos tercios de los votos en las dos cámaras legislativas y, otra vez, el Frente de Todos-PJ suele retacear el apoyo para que las dos gestiones de Cambia Mendoza tengan el conocido roll over.
Desde que asumió Cornejo, el peronismo votó deuda y roll over hasta 2018, mientras que a Suárez le avaló ambas herramientas en el presupuesto 2021. En la pauta de gastos 2023, el PJ acompañó en la toma de deuda para la doble vía Rivadavia-Junín-Rivadavia; la ampliación del Metrotranvía; el plan hídrico para el Gran Mendoza y el acueducto ganadero Monte Comán - La Horqueta.
El Gobernador busca poder saltearse la exigencia de los dos tercios para el roll over, es decir, tomar deuda para pagar otra deuda. Ya elaboró un borrador de decreto, que tuvo dictamen de Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado. Este último organismo opinó en contra. Se espera que la discusión termine en la Suprema Corte.
A pesar de la negativa recurrente a permitir la refinanciación, desde el Gobierno sostienen que el orden de las cuentas públicas es una bandera que no se resigna, a pesar de que desde 2017 se vienen bajando las alícuotas de ingresos brutos y juran que este año terminará con un 14% del gasto total del Estado destinado a obras. Además recuerdan que el 2021 terminó con superávit: según el Consejo Empresario Mendocino (CEM), el Gobierno terminó el año pasado con un excedente de $ 11.699 millones, el primer ejercicio desde 2008 que no terminó con números rojos.
El otro rechazo
En setiembre de 2020, Suárez quiso avanzar con la sanción de una nueva ley de educación para la provincia. El mandatario y su director genereal de Escuelas José Thomas, presentaron un borrador de proyecto de Ley de Educación Pública y convocaron a un Congreso Pedagógico para realizar aportes a la propuesta. Entonces estalló la resistencia desde el Síndicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y la oposición.
El Gobierno decidió postergar el debate para 2021, pero luego decidió que no era prudente mezclar esa discusión con el proceso electoral y este año, el debate final de la ley todavía no se completa.
El trauma de Suárez
Las movilizaciones de diciembre de 2019 contra la reforma de la ley 7722 marcaron la memoria colectiva y también es uno de los traumas políticos de Rodolfo Suárez, quién aún hoy resiste cualquier intento de abrir el debate de una actividad que podría abrir romper el estancamiento económico en el que se encuentra sumida la provincia desde hace 12 años.
Según la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE), a pesos de 1993 (una moneda constante, en plena convertibilidad, es decir $1=U$S1) desde 2008, cuando el producto bruto geográfico de la provincia superó los 13.000 millones (pesos-dólares), la economía de Mendoza no ha podido salir de un sube y baja que ronda los 13.500 millones (pesos 1993-dólares), con dos picos por encima de los $14.000 millones en 2013 y 2015.
Las usinas del Gobierno dicen que el fallido minero “no es el tropiezo de Suárez. Es el tropiezo de los mendocinos. Tenemos más pobreza, no hemos crecido, no creamos puestos de trabajo y la minería era una bisagra en la historia de Mendoza”.
