La UNCuyo y universidades del país presionan a Milei y convocaron a una manifestación “por la educación pública”

El Consejo Interuniversitario Nacional resolvió una marcha para el miércoles que viene “ante la falta de diálogo y de respuestas por parte de las autoridades nacionales”. El Gobierno analiza el veto al financiamiento universitario y el Congreso intentaría insistir en la reforma, como ocurrió con las jubilaciones.

La UNCuyo y universidades del país presionan a Milei y convocaron a una manifestación “por la educación pública”
Más de 40 mil personas se movilizaron en abril en Mendoza en defensa a la educación pública y al no recorte de fondos para las universidades, una masiva movilización que empezó en la UNCuyo y finalizó en la plaza Independencia de Ciudad. Foto: Archivo / Los Andes

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las altas casas de estudio de todo el país -como es el caso de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)- dio un paso hacia adelante frente a la discusión presupuestaria y un posible veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, y convocó a una marcha “en defensa de la educación pública”.

Esther Sánchez, rectora de la Uncuyo, analizó el crítico cuadro de situación económica de la educación pública y expresó que en la reunión se debatió “la actitud que iba a asumir el CIN frente al no financiamiento o al financiamiento escaso presupuestario para lo que es el Sistema Universitario Nacional”.

Ante esto, sostuvo que se emitió un documento “en el cual se habla de sí al financiamiento universitario, pensando en el compromiso de un país con un sueño de seguir siendo una nación”.

En ese documento, Sánchez indicó que se describió el estado de situación actual de las universidades “y allí se insta a una marcha que se realizará el día 2 de octubre a las 17 horas”.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.
La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez.

Si bien la principal se realizará en la zona del Congreso, se replicará “en cada uno de los lugares donde estén funcionando esas universidades”, por lo que en Mendoza se partirá desde el campus universitario que tiene su ingreso desde Lencinas y Orzali, en el parque San Martín.

Para Sánchez, se trata de una “marcha federal y se invita allí en esa marcha a que participen no sólo todos los miembros de las comunidades universitarias, sino también a las familias, como nos acompañaron en la marcha del 23 de abril, a la sociedad argentina en su conjunto que supo construir y acompañar al sistema universitario a lo largo de la historia”.

También se realizó un pedido a los legisladores nacionales “que tienen la responsabilidad de actuar en caso en que se vete esta ley de financiamiento universitario”.

Otro de los temas fue el Presupuesto 2025, y aseguró que la propuesta de esta marcha “tiene que ver con este pedido al Presidente de la nación para que no prospere el veto de la ley de financiamiento universitario y reconsidere el proyecto de Presupuesto para el 2025″.

Del lado de los legisladores, quien salió a apoyar al comunicado del CIN fue el diputado radical Julio Cobos, quien calificó a la acción de “contundente”.

En este sentido, analizó que “interpela al Presidente para que no desfinancie el sistema, a nosotros los legisladores para que no avalemos el veto en caso de que avance, y a la sociedad para que, una vez más, defienda la histórica universidad pública argentina”.

El comunicado

Con la preocupación por un contexto cada vez más difícil, ante la desconsideración y el hostigamiento que no cesan y frente a la profundización del desfinanciamiento y la desjerarquización que ponen al límite de sus posibilidades al sistema científico y universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) levanta nuevamente su voz para reclamar respuestas y convoca a la sociedad argentina a una nueva manifestación en defensa de la educación pública y del sistema universitario público argentino.

Desde principios de año nos pusimos a disposición de las autoridades nacionales para la búsqueda de soluciones y advertimos las dificultades que el sistema universitario atravesaba. Lo hicimos razonablemente pero con firmeza mientras que soportamos una campaña injusta y falaz, sistemática y planificada, que intenta desprestigiar lo que sucede en el ámbito científico y universitario desmereciendo el esfuerzo de millones de estudiantes y miles de docentes y no docentes de todo el país.

No ha habido, ni siquiera, vocación de diálogo. Todos los intentos por buscar espacios que permitan gestionar las dificultades para colaborar en la búsqueda de soluciones resultaron infructuosos. Ni la paritaria nacional, ámbito natural para la resolución de controversias, funcionó con continuidad.

Hizo falta que la sociedad llenara, conmovedoramente, plazas y calles de todo el país en defensa de la universidad pública para que empezáramos a tener algunas respuestas a las dificultades señaladas; respuestas que prolongaron la agonía, pero que no pudieron, porque no quisieron, resolver los problemas estructurales.

La situación hoy es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados.

Más del 70 por ciento de las y de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza  y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año.

En ese escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el Gobierno manifestó que optaría por vetarla. La esperanza abrió paso, una vez más, a la incertidumbre.

Al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el Gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades.

Un presupuesto es, ante todo, una declaración de principios. Y es evidente que los principios expuestos difieren sustancialmente de lo que entendemos que el país debe priorizar para resolver sus problemas estructurales.

Como argentinas y argentinos, queremos aportar nuestro esfuerzo a la construcción de una economía equilibrada que favorezca el desarrollo y el crecimiento, pero advertimos que será solo una utopía si en un contexto de escasez, cuando deben ponderarse prioridades, no se privilegia la inversión en ciencia y educación.

Es un error concebir como un gasto lo que allí se destina. Incluso desde una perspectiva exclusivamente económica, no resulta razonable menospreciar el valor estratégico que tiene la producción científica y de conocimiento. No en vano los países desarrollados del mundo invierten dos o tres veces más que la Argentina en estas áreas: saben que en la sociedad del conocimiento el diferencial para crecer descansa en estos aspectos.

Desde Sarmiento, la columna vertebral de la Nación es la educación pública que iguala y nos hace libres; y la herramienta por excelencia de movilidad social ascendente es un sistema universitario público que es patrimonio y orgullo de toda la sociedad argentina. Lo que está en juego es su continuidad. Ni más ni menos que eso.

Reunidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 24 días del mes de septiembre del 2024, las rectoras y los rectores de todas las universidades públicas del país, con la convicción de que la educación es la respuesta a todos nuestros problemas y en un grito de auxilio para sostener la universidad que es orgullo de toda la Nación, pedimos:

  • Al Sr. Presidente de la Nación, que no prospere con el veto a la Ley de Financiamiento Universitario 2024 y reconsidere el proyecto de presupuesto para el 2025. No hay en las universidades y en la ciencia un problema, allí descansa la posibilidad de encontrar una solución a los problemas que tenemos.
  • A las y los legisladores nacionales, muchas y muchos graduados de la universidad pública y miembros de nuestras comunidades, que, de confirmarse el veto anunciado por el Gobierno nacional, sostengan en el Congreso la Ley de Financiamiento Universitario e introduzcan razonables modificaciones al proyecto de ley de presupuesto 2025 para garantizar al sistema universitario y científico las condiciones mínimas e indispensables para su funcionamiento.
  • A la sociedad argentina, que supo construir a lo largo de la historia un sistema universitario reconocido en el mundo por su excelencia, que acompañó con extraordinarias movilizaciones cada vez que la historia llamó a su puerta, nuestro sincero agradecimiento, y nuestra invitación a que lo hagamos de nuevo.

Los deseos, las aspiraciones y las luchas de generación tras generación consagradas en derechos, imponen una responsabilidad en el presente para que el futuro sea posible. El compromiso de un país con su sueño de seguir siendo una Nación.

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