La UCR quiere más miembros en el Jury que controla a los jueces y podría quedar a un voto de la mayoría

El oficialismo dice que le corresponde elevar de 8 a 10 legisladores su representación porque ganó más bancas. El PJ podría quedar con solo 4 y se resiste. El año pasado sólo se recibieron cuatro denuncias contra jueces y fiscales y todas fueron rechazadas.

La UCR quiere más miembros en el Jury que controla a los jueces y podría quedar a un voto de la mayoría
Los miembros de la Corte también integran el Jury de Enjuiciamiento.

Mendoza no vive un conflicto institucional como el que se generó a nivel nacional por la integración del Consejo de la Magistratura. No obstante, el oficialismo y el PJ locales están a punto de chocar por la integración de un organismo cuya misión es sancionar e incluso destituir a los jueces de la provincia.

Se trata del Jury de Enjuicimiento, el equivalente provincial a una parte del Consejo de la Magistratura nacional, ya que, a diferencia de este, no se ocupa de generar las ternas de aspirantes a magistrados, sino solamente del control.

El Jury está compuesto por los siete miembros de la Corte y un número igual de diputados y de senadores. El titular de la Corte provincial lo preside. No hay una regulación específica de cómo se distribuyen los partidos y coaliciones esos 14 lugares que les corresponden a la política, pero se adopta por costumbre que reflejen los reglamentos que fijan las composiciones de las comisiones.

Hasta ahora, el Jury tiene 8 miembros de la UCR y 6 del PJ. Pero el oficialismo, en virtud que logró más bancas legislativas en las últimas elecciones, quiere dos lugares más. De conseguirlo, lograría alcanzar los 10 miembros y reduciría a sólo 4 los del justicialismo.

Si así fuera, casi la mitad de los integrantes del Jury serían oficialistas y quedarían solamente a un voto de controlar la mayoría.

“NOS CORRESPONDE”

Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados, reconoció esta intención del sector de Cambia Mendoza. “Nos corresponde un miembro más por composición en cada cámara”, señaló el radical, quien seguirá al frente de la Cámara Baja a partir del nuevo periodo de sesiones ordinarias que arranca el 1 de mayo.

En un análisis puramente matemático, por el momento, en el oficialismo señalan que el oficialismo controlará más del 60% de las bancas (26 en el Senado y 29 en Diputados) a partir de la renovación de legisladores y que eso lo habilita para aumentar su participación, tanto en el Jury de Enjuiciamiento como en las presidencias de las comisiones.

En el caso de las comisiones, en Diputados, el frente oficialista, que hoy conduce 6 comisiones, intentará saltar a 7. El PJ controlaría 4, las mismas que hoy tiene, ya que Cambia Mendoza aspira a quedarse con una presidencia que dejará el diputado de Protectora Pablo Cairo, quien finaliza su mandato.

Lombardi indicó de todos modos que la aspiración oficialista es llegar a un acuerdo pacífico y global con el justicialismo por el Jury y las presidencias de las comisiones.

La discusión, que se dará exclusivamente con el PJ por la polarización de fuerzas en la Legislatura, “está verde” y se trasladaría más allá del 1 de mayo, más que nada porque el PJ aún no termina de dirimir internamente sus propios espacios de poder, un asunto que tiene que definirse en el trascurso de la semana entrante.

RESISTENCIA

Aunque falte un poco de tiempo para resolverlo, el justicialismo está dispuesto a resistir la embestida oficialista por el Jury.

“Nos tocan más o menos los mismos miembros en todas las comisiones, porque mantenemos la misma cantidad de legisladores”, señaló una fuente legislativa del PJ.

Y especuló en este sentido con que “ellos deben estar pensando en la jugada de Cristina, pero para eso deberían romper sus bloques (que además de radicales, contienen a legisladores del PRO y otras fuerzas minoritarias) y se perjudicarían más”.

Aunque será objeto de un tironeo político, el Jury de Enjuiciamiento ha tenido muy poca actividad en los últimos tiempos. El año pasado recibió apenas cuatro denuncias contra jueces y fiscales, y todas fueron rechazadas por unanimidad.

Oficialismo y oposición coincidieron en que los argumentos de las denuncias tratadas en 2021 carecían de consistencia como para ser admitidas.

Para 2022 se menciona desde hace un tiempo la posibilidad de que surja al menos una denuncia importante en el ámbito de la Justicia de Familia, pero para ello habrá que esperar que el organismo se termine de conformar y arranque.

La única denuncia que tuvo alguna relevancia el año pasado provino del caso Próvolo y fue formulada por la defensa de la monja Kumiko Kosaka. En ella se acusaba a varios jueces y fiscales por las revelaciones de un chat privado de Whastapp en la que se hacían bromas sobre la monja acusada.

Los jueces quedaron escrachados por esa conducta, pero el Jury dudó de la legalidad de la prueba y no encontró motivos para abrir una investigación sobre su desempeño. Por lo tanto, cerró el caso.

Hay que retroceder un año más para encontrar la última causa relevante del Jury. En 2020, el organismo destituyó a Antonio Sánchez Rey, juez de la Quinta Cámara Laboral, por desorden de conducta. El magistrado fue echado por el intento de autoindemnizarse por un accidente laboral.

En 2017, en tanto, el Jury destituyó a la “fiscal viajera”, Anabel Orozco. La causa fue que la titular de la Segunda Fiscalía Correccional se fue de vacaciones a Brasil cuando estaba de licencia por enfermedad.

Hay cuatro causas por las que se puede accionar un pedido de jury: mal desempeño de las funciones, desorden de conducta, faltas o delitos en el ejercicio de sus funciones y la comisión de crímenes comunes no culposos.

El Jury tiene la facultad de destituir a los jueces y fiscales que cometen estas irregularidades, pero de acuerdo con una reforma del 2016, también puede aplicarles una suspensión de hasta 180 días sin goce de haberes si la falta no es tan grave.

En este sentido, una resolución que generó polémicas ocurrió en 2017, cuando el Jury suspendió por cuatro meses al fiscal Fabricio Sidoti, quien había cometido errores de procedimiento que derivaron en el femicidio de la joven Ayelén Arroyo.

A UN VOTO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL

El oficialismo provincial tiene una sola meta clara en la Legislatura para el periodo de sesiones ordinarias que arranca el 1 de mayo: insistirá con que se vote el proyecto que declara la necesidad de la reforma constitucional de la provincia.

La propuesta de Rodolfo Suárez descansa allí desde 2020 y nunca se debatió en el recinto. Desde el Senado se entusiasman con que ahora sí se apruebe, dado que con la nueva composición “estamos a un voto de los dos tercios”, dijo un legislador radical.

No está definido cuándo se someterá a debate el proyecto, pero es un hecho. Incluso hay quienes consideran que la división entre peronistas kirchneristas y “racionales” consiga quebrar la negativa de al menos una parte de los bloques justicialistas.

“Podría ser una oportunidad de diferenciación para el peronismo racional”, ofreció el legislador. “No hay por qué no intentarlo, ellos han dicho que no informalmente pero no en lo formal”, expresó.

El gobernador Suárez dará su tercer discurso de apertura de sesiones el domingo que viene y se espera una mención a la reforma.

Para ir calentando motores, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, arengó en un zoom del partido para que se discuta su proyecto. “No se ha dado el debate, hay que colocarse ante la oposición y preguntarle por qué no quiere mejor representación, autonomía, equilibrio fiscal y ahorro de la política”, sostuvo.

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