La Cámara de Diputados se prepara para un “súpermartes”, tras la decisión del frente Cambia Mendoza de avanzar directamente en la expulsión de la diputada de La Unión Mendocina (LUM), Janina Ortiz, sobre quien sostienen que no se ha “allanado” ante la Justicia, que la tiene bajo la lupa por causas por coacciones agravadas y también fraude a la administración pública en el departamento de Las Heras, mientras era secretaria de Gobierno, en momentos en que la comuna la comandaba su esposo, Daniel Orozco.
La legisladora, que ya fue desaforada por la Cámara Baja, asegura que es víctima de una operación política/mediática y que en términos judiciales, está actuando “con su derecho a defensa” y no interponiendo artilugios judiciales para ralentizar las causas, como sostiene el radicalismo.
Según pudo conocer Los Andes, el radicalismo llegará a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) con la propuesta de expulsar directamente a la legisladora. No obstante, en caso de no tener el acompañamiento necesario, se podría solicitar al menos la “suspensión”, aunque ésta no es la medida que predomina mayoritariamente en el frente Cambia Mendoza.
“Vamos a avanzar este martes, creemos que es importante la exclusión del cuerpo”, expresó una alta fuente del oficialismo en la Cámara de Diputados. Si las negociaciones no salen del todo bien, pedirán la suspensión.
Y marcaron: ”La diputada Ortiz está cerca de abandonar la cámara, su accionar es indigno. Se la investiga por delitos graves y de corrupción, y sigue evadiendo a la justicia con chicanas y no se pone a disposición”.
Sobre su accionar, marcaron que “esto genera un mal clima adentro de la Cámara y la desprestigia. Es la famosa manzana podrida adentro del cajón. Si fuera una persona de bien dejaría que la justicia avance. Es moralmente inaceptable”, acusaron.
Lo cierto es que para ese día se prevé emitir un despacho, en el cual se necesita solamente la mitad más uno para que pueda ser tratado en la sesión de tablas de la Cámara de Diputados.
En LAC hay 13 representantes, con mayoría de Cambia Mendoza. El radicalismo está representado por Franco Ambrosini, Silvina Gómez, Evelin Pérez, César Cattáneo, José Manuel Vilches y Alberto López. Se suma Enrique Thomas del Pro. La Unión Mendocina tiene a Gustavo Cairo y Laura Balsells Miró; y el Partido Verde tiene a Emanuel Fugazzotto. En tanto, Germán Gómez, Natalia Vicencio y Gabriela Lizana completan por el peronismo.
De esta forma, los 7 votos mínimos necesarios para aprobar tanto la suspensión como una eventual expulsión están garantizados. En la anterior votación por el desafueron, consiguieron 8 votos, que provinieron por parte de Cambia Mendoza y el Partido Verde. LUM votó en contra y el PJ se abstuvo.
Estrategia de Ortiz
Por el lado de la defensa de Janina Ortiz, expresaron a Los Andes que la legisladora participará de la comisión para defenderse, tras haber sido “invitada” por sus miembros esta semana.
No obstante, la abogada de la legisladora, Elena Quintero, realizó una presentación ante LAC y solicitó al presidente de la comisión, Ambrosini, que arbitre los mecanismos necesarios para que “se visibilice con acceso a todo público en la página web de la H. Cámara de Diputados, el informe remitido por el representante del Ministerio Público Fiscal respecto al avance en la investigación judicial que recae sobre la diputada Janina Ortiz, como así también las consideraciones de mi representada al respecto una vez finalizada la exposición”.
Asimismo, también solicitó que la audiencia del martes a las 10 “sea transmitida en vivo con audio y video del encuentro desde el sitio de internet institucional”.
Como medida complementaria, pidió “que toda la reunión de la Comisión además de ser transmitida en vivo, sea grabada y que el video sea de acceso público en la página web de la Cámara, a fin de garantizar su publicidad”.
Entre los fundamentos, esgrimió que “se hace necesario democratizar la información entre todos los medios de comunicación y dar cumplimiento al principio republicano de publicidad y transparencia de los actos de gobierno, mediante la difusión en vivo del desarrollo de una audiencia en que se dará tratamiento a un informe remitido por el Ministerio Público Fiscal vinculado a la situación judicial de una integrante de ese cuerpo legislativo”.
No obstante, si la respuesta de la Cámara es negativa para transmitirlo en vivo, lo hará la propia diputada “por sus redes sociales”.
Avanzadas y especulaciones
Más allá de cómo pueda desempeñarse la oposición el martes, en el oficialismo comienzan a evaluar lo que podría ocurrir con este tema en una sesión con este tema sobre tablas, donde necesariamente se deberá llegar a los dos tercios para una exclusión o suspensión.
Es el artículo 91 de la Constitución Provincial, la que marca que cada Cámara “hará su reglamento y podrá, con dos tercios de votos de los presentes en sesión, corregir, suspender y aún excluir de su seno a cualquiera de sus miembros, por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o por indignidad y removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación o por inasistencia notable a sus sesiones”.
De 48 diputados que tiene el cuerpo, se necesitan 32 votos positivos. Cambia Mendoza tiene 27 legisladores, el PJ tiene a 10 (con José Luis Ramón incluido), LUM cuenta con 9 y el Partido Verde tiene a 2.
De forma rápida, el oficialismo indica que cuenta con los dos votos del Partido Verde, por lo que restaría conseguir 3 votos más si todo avanza tal como tienen en mente. El bloque apuntado es el peronismo, que asegura no haber tomado una decisión al respecto y que analizarán con tiempo qué decisión tomar. Además, esperan ver qué tiene para decir Ortiz el martes.
Germán Gómez, del peronismo, sostuvo a Los Andes que todavía no tienen “ninguna decisión tomada porque el oficialismo, que es en definitiva quien impulsa todo esto, no ha sido claro y concreto en qué es lo que va a querer, si una suspensión o una expulsión”.
De esta forma, agregó que lo están evaluando dentro del justicialismo “si amerita una salida o la otra. En eso estamos trabajando. Pero todavía la decisión final no la tenemos”.
En tanto, en el partido Verde las cosas están más claras. Emanuel Fugazzotto sostuvo que en el bloque de Diputados “siempre hemos planteado nuestra disconformidad por el accionar de Janina Ortiz ante la Justicia. No ejerce su defensa y sólo presenta acciones dilatorias que no permiten avanzar causas sensibles. Creo que hay que decidir en comisión cómo seguir, pero las conductas no fueron modificadas a pesar del desafuero”, acotó.
De igual manera, será importante conocer qué tienen para decir dentro del propio frente de LUM, donde el radicalismo indica que “posiblemente alguien votará en contra de Ortiz”.
Los Andes dialogó con dos de sus diputados, y ambos intentarán llegar a una decisión acordada en el bloque. Gustavo Cairo, por un lado, expresó que votará en contra de la suspensión o expulsión, y este fin de semana intentará llegar a un voto completo de LUM en apoyo a la legisladora lasherina.
En tanto, Jorge Difonso dijo que aún no lo han hablado en reunión de bloque, pero destacó que “en primera fase quien debería actuar es la Justicia, no la política”.
Hay otra situación a tener en cuenta: si Ortiz es suspendida, la Cámara se quedará sin un diputado, y por ende, lo mismo ocurrirá con LUM. En tanto, si es expulsada, ingresará el libertario José Caviglia en su lugar, tal como marca la boleta del primer distrito hacia la Cámara Baja de las elecciones 2023. Por supuesto, está la posibilidad de que pueda salir indemne la legisladora, y que -lógicamente- no haya cambios en la Cámara.
Investigada
Janina Ortiz es investigada por dos causas. Una de ellas es por “coacciones agravadas”, dado que la diputada está sospechada de haber presionado a una empleada municipal a grabar a un funcionario de la comuna, que era el entonces subsecretario de Policías Sociales, Osvaldo Oyhenart (imputado en la otra causa); y luego la impulsó a entregarle dicha grabación “con un 38 sobre la mesa”, en relación a un arma, según se sostiene en el expediente judicial.
La otra causa en la que está investigada es por fraude a la administración pública en la modalidad de estafa. Allí hay varios exfuncionarios de Las Heras imputados, como por ejemplo Orozco, el exintendente de la comuna.
La actual diputada también está sospechada de participar de un manejo irregular de fondos para cooperativas (en particular la cooperativa Manos a la Obra), mediante el “direccionamiento de licitaciones públicas y contrataciones directas “para realizar limpieza de calles y espacios públicos”, pero que, en los hechos, tenía por fin -según la fiscalía- “hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas”.
No obstante, aún no ha sido imputada, y es por eso que el oficialismo estudia una sanción de este calibre.
“Ortiz no ha sido imputada aún porque yo he cuestionado el avoque y, además, he solicitado la pericia caligráfica. Aunque les cueste entenderlo, formalmente se está defendiendo, ella tiene derecho de defenderse”, expresó este jueves a Los Andes la abogada Quintero.
Sobre el estado de las causas, mencionó que el de coacciones “está desde el año pasado en la Corte con un cuestionamiento y un análisis respectivo al nivel jurídico” que aún no se resuelve. En tanto, sobre el caso de las cooperativas, pidió la mencionada nulidad del avoque; y agregó que hasta el 22 de marzo tiene plazo para presentar la casación, que ya la tiene “lista”, al indicar que “el tribunal que no analizó lo que yo había expuesto en audiencia”.
“Ortiz no puede ser imputada porque tienen efecto suspensivo las resoluciones de los tribunales, cuando pueden ser cuestionadas. Es una cuestión del Código y eso es lo que no informa el Ministerio Público”, finalizó.
