Al menos por ahora, los cinco diputados que cambiaron su voto en la sesión por la ley de movilidad jubilatoria, pese a la presión de una docena de legisladores que reclaman su expulsión inmediata, continuarán en el bloque que preside Rodrigo de Loredo.
Según pudo constatar Noticias Argentinas, Mariano Campero, Martín Arjol y Pablo Cervi, tres de los cuatro legisladores cuyas fichas de afiliación quedaron suspendidas ayer por la Convención Radical luego de haber votado a favor de mantener el veto presidencial, fueron parte de la reunión de bloque vespertina en la que manifestaron su intención de continuar siendo parte de la tropa radical.
En cambio, Federico Tournier se ausentó y Luis Picat tampoco estuvo debido a un problema familiar, pero ambos quieren permanecer en el bloque y para ello cuentan con el respaldo de la mayoría, que desea evitar la purga.
Como ofrenda a De Loredo para ratificar la intención de permanecer en el bloque, estos diputados -con la sola excepción de Campero- resolvieron ausentarse al agasajo en la Casa Rosada que el presidente Javier Milei preparó para los “87 héroes” que voltearon la mejora para los jubilados.
La decisión que tomó el bloque de no arrojar por el precipicio a los “radicales violetas” no apagó el fuego sino que por el contrario, soliviantó el descontento de quienes buscan deshacerse de los cinco diputados.
Consideran que cruzaron un límite inadmisible: votar en contra de un proyecto del radicalismo, con el agravante de que cambiaron 180 grados su postura respecto de la que habían expresado en la primera sesión del 5 de junio.
La estrategia de reducción de daños de De Loredo, que no quiere frenar la sangría en su bloque luego de la renuncia del entrerriano Pedro Galimberti, viene de momento dando resultados.
La Mesa Directiva de la Convención Nacional de la UCR resolvió el lunes suspender preventivamente la afiliación partidaria de los cuatro diputados que, en representación del radicalismo, cambiaron su voto y respaldaron el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
Tournier quedó afuera de las medidas disciplinarias porque es un extrapartidario dentro del bloque radical: es titular del partido Encuentro Liberal y responde al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.
Hay otros dos diputados cuyos casos también serán elevados al Tribunal de Ética para ser investigados: se trata de la santacruceña Roxana Reyes y el chaqueño Gerardo Cipolini, quienes se ausentaron al momento de la votación de la ley de movilidad jubilatoria luego de argumentar a favor de la postura del Gobierno durante el debate.
En el caso de ellos dos, no fueron suspendidos preventivamente del partido como los anteriores cuatro que marcaron su voto en contra del proyecto del radicalismo, sirviendo a los intereses del Gobierno.
Otro caso polémico que fue pasado por alto es el de Galimberti, quien sospechosamente renunció a su bancada de diputado nacional días antes de la sesión en la que iba a votarse la insistencia de la ley jubilatoria.
Resulta que el gobernador de su provincia, Rogelio Frigerio, quien hasta hace poco era su rival político, le ofreció un cargo para integrar la Comisión Mixta Técnica de la represa de Salto Grande, por el que cobrará mensualmente en dólares una suma que multiplica la dieta que percibía como legislador nacional.
Así fue que no solamente el bando que intentaba juntar los dos tercios para anular el veto de Javier Milei perdió un voto significativo sino que además le anotó un voto al bando que buscaba blindar el veto, ya que al comienzo de la sesión juró como su reemplazante fue la macrista Nancy Ballejos.
Galimberti bien podría haber renunciado a su cargo de diputado luego de la sesión, habiendo ayudado a la oposición a voltear el veto a la mejora a jubilados, pero decidió adelantar su salida.
