El oficialismo legislativo tiene la decisión tomada de acelerar el tratamiento del proyecto de reforma de la Suprema Corte de Justicia y el plan es que se vote en la Cámara de Diputados el miércoles próximo.
La decisión política del radicalismo no incluye cambios sustanciales en la iniciativa que desarma las salas de jueces actuales que el peronismo quiere defender y que el Gobierno quiere remplazar por sorteos particulares para cada causa, con la participación del presidente de la Corte, Dalmiro Garay, quien hoy sólo tiene rol administrativo, salvo en los plenarios.
Precisamente, este sábado, la UCR avisó que no cederá a propuestas de cambio (en los hechos no existe ninguna aún) que contemplen mantener las viejas salas y que evite los colegios de jueces que busca instaurar.
Aunque recién esta semana comenzó el debate formal del proyecto del Gobierno en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, en el oficialismo hacen otra lectura. “El trabajo legislativo previsto es que se le dé media sanción el miércoles”, expresó a Los Andes Andrés Lombardi, presidente de la Cámara Baja.
Al respecto, Lombardi aclaró que el proyecto va a llevar “tres semanas de tratamiento” para la próxima sesión y que ya hubo 9 meses de discusión en el seno de la Corte sin que surgiera una alternativa de consenso.
En lo formal, además, el discutido proyecto del Gobierno cuenta con una “preferencia con despacho” votada por Diputados hace dos semanas, lo cual lo puso en la lista de los asuntos urgentes.
También tiene los votos el oficialismo para sancionarlo, tanto en la Cámara de Diputados como el el Senado. Hubo algunas dudas hacia adentro de Cambia Mendoza por la postura del PRO. Los radicales, sin embargo, confían en que ese sector votará a favor.
La votación, no obstante, se precipitaría apenas después de que diserten en la comisión de LAC los ministros más críticos de la Corte: Mario Adaro y Omar Palermo. Ellos tienen turno para exponer el martes que viene, al igual que Garay y Teresa Day, del ala “filoradical”.
Los ministros “opositores” dicen que llevarán una alternativa a la comisión el martes, pero la decisión política de avanzar con el plan original ha madurado antes en el oficialismo y hay casi nula expectativa de que la propuesta de Adaro y Palermo viabilice cambios.
El “parto” judicial
Los 9 meses de debate que cuenta el radicalismo nos trasladan al comienzo de 2022. Más concretamente el 2 de enero, Los Andes publicó una nota en la que se anunciaba la intención de la Corte de enviar a la Legislatura este año una “auto reforma” que impida el direccionamiento de causas a determinadas salas a través del sorteo.
La idea de la “auto reforma” todavía estaba en los planes de Garay a comienzos de abril, cuatro meses después de la noticia inicial. De hecho, el presidente de la Corte anunció este propósito en el acto de apertura del año judicial: seguía apostando entonces a que el proyecto saliera del propio alto tribunal.
Pero el consenso en la Corte no apareció nunca. La “noche” se extendió hasta comienzos de setiembre, cuando finalmente, la reforma de la Corte llegó a la Legislatura desde otro origen: el Poder Ejecutivo.
Con la firma del gobernador Rodolfo Suárez, se formalizó el proyecto que no solo desarticula las salas para evitar el direccionamiento de causas a la Segunda, que tiene mayoría peronista, si no que también regula el funcionamiento de los plenarios (que tienen mayoría radical) y que modifica el funcionamiento de la Sala Administativa, que es la que gobierna la Corte.
A partir de la presentación del proyecto, la guerra fría se transformó en colisión frontal. Los supremos Adaro y Palermo estallaron y arrastraron al PJ a la rebeldía. También movilizaron en ese sentido a ex ministros no alineados con el oficialismo: Alejandro Pérez Hualde y Aída Kemelmajer. Hasta pusieron en escena a un ex gobernador peronista para confrontar: Arturo Lafalla.
Una sola reunión de comisión
El oficialismo decidió rápido que el mejor camino es evitar que se extienda el estrépito. Tras las exposiciones de Kemelmajer, Pérez Hualde y Lafalla, apretó el acelerador.
También extrajo de las disertaciones una conclusión positiva para su plan: “Todos están de acuerdo en que hay que eliminar el forum shopping”, dijo a Los Andes un legislador radical.
El PJ, por su lado, advirtió que la idea era empezar a cerrar la discusión y este viernes denunció que el oficialismo quiere una “sanción exprés” el miércoles que viene. Los oficialistas ratificaron que eso es así, más allá de que consideran que el asunto ya se debatió mucho.
Suárez en el frente de batalla
La inminencia del desenlace empezó a advertirse esta semana. Suárez, que había mantenido silencio sobre una reforma que en realidad nació en otro poder, finalmente la tomó como suya y salió a militarla públicamente.
“Muchas veces no se explica lo de la Corte. Se resume en transparencia. El sorteo de causas es transparencia. Es para que no especule nadie. Buscamos transparencia con las políticas públicas”, recalcó el jueves ante el amplio auditorio del evento “Pilares” de diario Los Andes.
Incluso el gobernador desmintió a Kemelmajer respecto de que no todos los ministros de la Corte habían sido consultados sobre el proyecto.
El gobernador y el senador cornejista Martín Kerchner dispararon contra quienes tienen la mayoría en Sala Segunda de la Corte. Sin eufemismos, Kerchner consideró que los ministros que se oponen al proyecto quieren mantener sus “kioscos”.
Mientras crecía el énfasis de las declaraciones, en la Legislatura avanzaban algunas gestiones para tratar de consolidar el apoyo del PRO.
Este sábado, los radicales aseguraron que los socios internos van a votar a favor de la reforma de la Corte. Para ello, hubo una promesa: a mediano plazo la UCR aceptaría que salga el proyecto de “doble conforme” que hace años duerme en la Legislatura.
La iniciativa impulsa la creación de una Cámara de Apelaciones en lo laboral que actuaría como filtro de las causas que llegan a la Corte. Esto se origina en que las causas laborales prácticamente duplican a las penales y civiles. Son las que, según analizan en la UCR, provocan un enorme desbalance entre los expedientes que tramitan las salas 1 y 2 de la Corte. Uno de los promotores del doble conforme es el diputado del PRO Gustavo Cairo.
Sin embargo, la decisión de acompañar o no al Gobierno en la reforma de la Corte se tomará mañana, en una reunión a la que convocó Omar de Marchi para definir la postura partidaria.
Algunos cambios
El desenlace previsto por el oficialismo apenas deja la puerta abierta para algunos cambios. Uno de ellos apuntaría a que se asegure que el control de la Sala Administrativa será “equilibrado” y no tendrá solamente ministros de un color político.
El proyecto fija que la sala que gobierna la Justicia tendrá en el futuro un presidente y dos vices. A ello se agregaría un mecanismo para asegurar que los ministros opositores tengan un sillón, al menos.
También apuesta el oficialismo a generar consenso respecto de las causas que se definen en salas o en plenario. Los oficialistas proponen que todas las acciones de inconstitucionalidad se resuelvan en el pleno y que las acciones procesales administrativas (APA) tengan un régimen dual.
En este sentido, las APA “de reglamento” irían al pleno y las “individuales” a la sala que establezca el sorteo. Estas últimas son las que el Gobierno provincial tiene en la mira, ya que incluyen acciones como las de los empleados estatales nombrados por Francisco Pérez que acudieron a la sala Segunda para recuperar sus puestos.
