El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que tomará acciones legales para proteger su autonomía ante lo que consideran una intervención inconstitucional por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que comenzará a auditar sus gastos el próximo lunes. Esta decisión fue tomada en una reciente reunión del Consejo Superior de la universidad.
En un comunicado difundido por el vocero presidencial, Manuel Adorni, las autoridades universitarias subrayaron que el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, indicando que estas deben operar sin vinculación con el Poder Ejecutivo y bajo la regulación exclusiva del Congreso.
Asimismo, resaltaron que la Corte Suprema ha reafirmado esta autonomía, determinando que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en las funciones académicas y financieras de las universidades es inapropiada. La Ley de Educación Superior también respalda esta independencia, restringiendo las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo.
En este contexto, la Universidad de Buenos Aires ha establecido un régimen de control interno a través de la Auditoría General de la Nación (AGN), que fue creada por la Resolución (CS) N° 8237/13, y ha rechazado cualquier intervención de la SIGEN en sus asuntos internos.
El pasado martes, el Gobierno anunció que la SIGEN, dirigida por Miguel Blanco, comenzará a auditar la UBA a partir del próximo lunes 28 de octubre. Este será el primer caso en el que se enfocará en el marco del conflicto por el financiamiento.
Para el rector de la UBA, Ricardo Jorge Gelpi, esta medida “unilateral” constituye una violación de su autonomía constitucional. La universidad sostiene que su gestión no puede estar sujeta a la autoridad del Poder Ejecutivo bajo normativas de menor jerarquía que la Constitución.
“Las decisiones del Síndico General de la SIGEN, un organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, sobre la imposición de actividades dentro de la universidad, implicarían una intervención inconstitucional e ilegal”, afirmaron.
La Ley de Administración Financiera N° 24.156 establece que la SIGEN solo tiene competencia en las jurisdicciones del Poder Ejecutivo y sus organismos descentralizados, excluyendo a las universidades nacionales. A su vez, la Ley de Educación Superior N° 24.521 otorga a la AGN el control administrativo externo de las universidades estatales.
En consecuencia, el Consejo Superior de la UBA ha instruido a la Dirección de Juicios de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que inicie las acciones legales pertinentes en defensa de la autonomía universitaria. Esta decisión resalta la importancia de preservar la independencia de las universidades ante posibles intervenciones externas que puedan afectar su funcionamiento.
“La gente merece saber cómo se gastan sus impuestos; parece que algunos no lo comprenden”, afirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de las redes sociales.
