La Suprema Corte de Justicia decidió no implementar las reformas de fondo de su propia organización interna en el plazo que vencía en julio, por lo que quedará todo dispuesto para ser aplicado a partir del 31 de diciembre.
La decisión de “estirar” a diciembre la agonía de la conformación fija de las salas 1 (Civil y Comercial) y 2 (Penal y Laboral) y así sortear el 100% de las causas que llegan a la Corte -salvo de las que van directamente a plenario- no provocó grandes conflictos internos, aunque sí algunas críticas de quienes estaban en contra desde un primer momento de dichas reformas.
En tanto, desde el Poder Ejecutivo señalaron que “era posible” la no implementación actual, pero dejaron en claro que el plazo de diciembre “es fatal”, por lo que se deberá acatar “lo que dicta la ley”.
Mientras tanto, el ministro de la Corte, José Valerio, en paralelo insiste en que el funcionamiento interno del tribunal mejorará “notablemente” si se tracciona en la Legislatura un proyecto que hoy es resistido por el oficialismo, que es el de la instauración del “doble conforme” en las causas penales, lo que descomprimiría la cantidad de apelaciones que llegan desde ese ámbito al máximo tribunal de Justicia.
A fines del año pasado, legisladores indicaron que a comienzos de este año se podría debatir este tema, pero quedó “cajoneado” y no hay interés del Ejecutivo en impulsarlo.
Instauración parcial
Volviendo a la legislación de la Corte, parte de lo aprobado ya está rigiendo, como lo es el sorteo de las causas contencioso-administrativas entre los siete ministros del máximo tribunal. Estas son las acciones contra el Estado y que no tienen un fallo de ningún tribunal inferior, es decir que llegan “directo a la Corte”.
A través de la nueva secretaría “de Competencia Originaria”, que es la que recibe las causas contencioso-administrativas, ya están siendo sorteadas desde comienzos de año y sus resultados se publican en el portal web de la Suprema Corte de Justicia.
Hasta la aprobación de la ley, cada causa contencioso-administrativa que ingresaba al tribunal, recaía en la Sala 1 o 2 según el día de ingreso (la primera quincena iba a la Sala 1 y la segunda quincena, a la Sala 2).
De esta manera, se terminó con el llamado “Fórum Shopping”, es decir, la posibilidad que hasta fines del año pasado se tenía de “elegir” la sala cuando se presentaba una denuncia ante la justicia.
“Según los ministros que integraban las salas, más sus antecedentes fallando sobre diferentes causas, un abogado podía ‘especular’ y presentar el recurso a la Corte según le convenía”, marcaron fuentes del Ejecutivo a Los Andes.
Si bien el Gobierno radical siempre tuvo entre ceja y ceja la Sala 2 de la Corte, sobre quien mencionaban que hay “mayoría filoperonista” y donde llegan la mayoría de las causas que recaen en la Corte (muchas penales y laborales), mientras que la Sala 1 ha tenido jueces con tendencia “filoradical”, hubo prácticamente unanimidad en la Legislatura en establecer un proceso de “transparencia” con el sorteo de todo lo que llegue a la Corte.
Aplicar la reforma completa
La ley está vigente; sin embargo, como se mencionó, resta que las salas 1 y 2 deje de tener miembros fijos y se dé el correspondiente sorteo de todas las causas que llegan a la Corte, con la conformación del “Colegio de Jueces”.
En este sentido, si bien las contencioso-administrativas se sortean, hasta el momento la Sala 1 sigue recibiendo los recursos de causas civiles y comerciales; y lo mismo pasa en la Sala 2 con las penales y laborales.
Esto aún no ha llegado a completarse. La ley establecía un proceso de readecuación para ser aplicado el 1 de julio (con aprobación de 5 de los 7 ministros); o directamente para el 31 de diciembre, que es el nuevo plazo a la vista.
En diálogo con Los Andes, Valerio mencionó que aún se está trabajando en un sistema de sorteos más seguro y confiable para la Corte, pero que aún no está listo, y es parte de los motivos por los cuales no se aplica la ley de forma completa.
“Tenemos conversaciones informales, se está trabajando en todo el proceso de reorganización de la Corte para el nuevo funcionamiento, pero si no tenemos un sistema de sorteos que dé tranquilidad de su funcionamiento, lógicamente es mejor no aplicarla de momento”, consideró.
En tanto, el ministro Mario Adaro expresó que ha estado trabajando con el equipo de informática “desarrollando el sistema algorítmico de sorteo que será transparente, trazable y auditable”.
El Gobierno y el “plazo fatal”
Desde el Poder Ejecutivo se limitaron a manifestar que la decisión de no aplicar la ley en este primer plazo “forma parte de una decisión del Poder Judicial” y que la propia legislación lo permite.
“La Corte tendrá sus fundamentos. Entendemos que están trabajando en su aplicación, con una reingeniería de sus recursos humanos a los efectos de poner en aplicación en su totalidad la ley”, comentaron, y agregaron también que son “respetuosos del momento en el cual la Corte, que es quien tiene que organizar el funcionamiento de esta nueva normativa, decida terminar de pulir todo”.
Sin embargo, resaltaron que “hay un plazo fatal que es el del 31 de diciembre. La ley se tiene que aplicar. No pueden no hacerlo”.
En tanto, parte de la Corte que resistió fuertemente el proyecto del Gobierno (luego hubo un consenso interno en el máximo tribunal, que presentó su proyecto con algunos cambios) lanzaron dardos al “oficialismo de la Corte”, liderada por su presidente, Dalmiro Garay, y marcaron que “no se ha debatido prácticamente cómo seguirá el proceso de reorganización”.
“Hay dudas de cómo trabajarán los relatores, cómo se sorteará, como funcionará la mesa de entradas. Todavía hay cosas sin resolver”, expresaron.
Insistencia al “doble conforme”
No obstante, Valerio insistió en el proyecto del “doble conforme” en lo Penal, que es establecer una segunda instancia sobre la sentencia de un caso, pero que sea resuelta por los propios jueces penales; es decir una “casación penal horizontal”.
El problema para parte de la Corte es que es el máximo tribunal el que funciona como “segunda instancia” penal, por lo que todas las sentencias que son apeladas, van directo a la Corte.
“La Justicia penal de Mendoza no tiene una revisión antes de la Corte”, marcó Valerio.
De esta manera, se espera que en un futuro cercano la Corte pida una reunión en la Legislatura para tratar este proyecto. Pero aún no hay fecha establecida.
Desde la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, donde hoy “duerme” el proyecto, su presidente, Marcelo Rubio, admitió que hoy no está en debate este tema, pero sostuvo que esa iniciativa “puede ser importante para avanzar para el aceleramiento procesal”.
Y añadió: “A razón de las nuevas modificaciones que están en marcha, una vez coordinados se avanzará en el proyecto”.
No obstante, por el momento el Gobierno no la traccionará y menos en este año electoral. Hay quienes sostienen incluso que la Corte “debería agilizar” sus propios tratamientos de las causas que llegan a la Justicia “y no aguardar que su trabajo lo hagan los propios jueces penales”.
